martes, 24 de junio de 2008

los prefectos le sacan al referendo revocatorio


Prefectos "autonomistas" huyen de soberano
Derecha fascista alienta golpe en Bolivia

Alex Contreras Baspineiro

ALAI AMLATINA, 24/06/2008, Cochabamba.- Como si se tratara de ratas que huyen cuando se hunde un barco, los prefectos y dirigentes cívicos que alientan la división y la violencia en Bolivia, rechazaron someterse a la decisión del soberano en el referéndum revocatorio previsto para el próximo 10 de agosto.

"Es un acto de cobardía y un intento de golpe de Estado", dijo el principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos.

El denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE) conformado por los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba al rechazar su negativa a participar del referéndum revocatorio de mandato, demandó la convocatoria a una elección general adelantada aduciendo que es la única salida a la crisis política que atraviesa el país.

Los comicios propuestos por el CONALDE no deben contemplar la posibilidad de reelección de ninguna de las actuales autoridades.

La oposición de los prefectos al referéndum revocatorio se convierte en un desacato a una Ley de la República y, por lo tanto, es una violación flagrante a la Constitución Política del Estado.

La ley del referéndum revocatorio de mandato incluye a los nueve prefectos del país pero también al Presidente y Vicepresidente de la República y fue aprobada, el 8 de mayo, por el Congreso Nacional con la participación de representantes del oficialismo y de la oposición.

Miedo al pueblo

El 12 de mayo pasado, a tiempo de promulgar la ley del revocatorio, el Presidente Evo Morales Ayma, afirmó: "Por primera vez en toda la historia boliviana que el pueblo boliviano no sólo tendrá derecho a elegir, sino también a revocar si las autoridades no sirven o no prestan servicio al pueblo".

Desde esa fecha, la Corte Nacional Electoral (CNE) conduce el proceso democrático.

¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera?, es la pregunta planteada para revocar o ratificar a las primeras autoridades de gobierno.

¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?, es la segunda pregunta referida a la aprobación o no de la gestión prefectural.

Legalmente, la única instancia que podría determinar la suspensión definitiva del referéndum revocatorio es el Tribunal Constitucional, al pronunciarse a una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema.

El Jefe de Estado que ayer participó de un acto masivo en la población de Padilla (Chuquisaca), desafió a los prefectos a que "no se corran del pueblo". "¿Qué miedo hay al pueblo?", interrogó.

El concejal de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, señaló que los prefectos demuestran cobardía porque le tienen miedo al pueblo boliviano, le tienen temor al soberano y con su accionar dan a entender que las autonomías, en las que se escudan, fueron un acto fraudulento.

Juicio de responsabilidades

Diversas organizaciones sociales del territorio nacional expresaron su crítica y condena a la determinación del CONALDE.

El dirigente agrario Isaac Ávalos, afirmó que "los prefectos golpistas deben ser sometidos a un juicio de responsabilidades".

Según el dirigente, con el atentado a la democracia, los prefectos demuestran que lo único que les interesa es continuar buscando la división, el enfrentamiento y la violencia entre bolivianos.

Los sectores sociales que ya iniciaron la campaña de cara al revocatorio, manifestaron que continuarán con sus actividades hasta obligar a los prefectos que se sometan ante el soberano.

Los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz, Alberto Melgar del Beni, Leopoldo Fernández de Pando, Mario Cossío de Tarija y Manfred Reyes Villa de Cochabamba al rehuir al referéndum revocatorio están desacatando la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

La totalidad de estos prefectos fueron parte de los anteriores gobiernos neoliberales de Jorge Quiroga o Gonzalo Sánchez de Lozada.

A tiempo de rechazar el referéndum revocatorio, las autoridades de la denominada "media luna" enviaron una carta al Presidente de la República en la que reclaman una reunión el próximo primero de julio "para lograr una concertación que dé certidumbre al país"; la posición oficial es rechazar los condicionamientos.

Resoluciones del CONALDE

Las resoluciones del CONALDE están sustentadas en los siguientes puntos:

1.- Con la puesta en vigencia de los estatutos de los departamentos autónomos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, se inicia un nuevo ciclo de coordinación solidaria entre nuestros gobiernos departamentales autónomos para promover políticas públicas a ser aplicadas en sus territorios. En ese sentido, se constituye una secretaría pro témpore y cuatro comisiones técnicas permanentes que a partir de la fecha empiezan a trabajar en la aplicación de los estatutos especialmente en educación, salud, infraestructura vial y energía. Bajo este marco, constituimos el fondo solidario autonómico departamental para promover el financiamiento de proyectos y programas de inversión y administración de los servicios de educación y salud y la ejecución de obras de infraestructura física y desarrollo productivo en los departamentos autónomos.

2.- Instruir el inicio de todas las acciones que sean necesarias a partir de la fecha con el fin de recuperar definitivamente los ingresos provenientes de IDH y regalías por hidrocarburos confiscados por el gobierno central a prefecturas y gobiernos departamentales, así como a municipios y universidades, de ser necesario apelar a nuestros estatutos para encontrar la solución a la necesidades que afectan a las provincias, gobiernos municipales y universidades de los departamentos autónomos.

3.- Respaldar la decisión de los prefectos y gobernadores de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, de no someterse al referéndum revocatorio convocado por el gobierno central, salvo que su convocatoria se ajuste en el marco establecido en los estatutos autonómicos aprobados con el voto del soberano, remarcando que el proceso electoral debe estar en el orden constitucional vigente que debe regir cualquier consulta democrática en el país y administrarse con un órgano electoral imparcial y transparente.

El trasfondo del problema

En reiteradas oportunidades, el Presidente de la República, denunció que los intentos de los sectores fascistas y oligarcas en Bolivia no sólo están destinados a dividir a los bolivianos "sino en cómo derrocar al indio".

Las denuncias están centradas en la estrategia de imponer un golpe de Estado.

Ya son varios los indicios de estos atentados, incluso se habló de intentos de asesinato. A la actitud separatista de algunos sectores a nombre de las autonomías se sumaron con medidas de presión los terratenientes y latifundistas que se oponen al saneamiento de tierras; los transportistas y empresarios mineros que quieren evitar los impuestos; algunos empresarios privados que amenazan con un paro de la producción nacional; los grupos juveniles financiados que atentan contra los derechos humanos y también el papel oscuro de la embajada norteamericana.

Desde la antigüedad se sitiaba por hambre a los pueblos. Se imponía el terror y la división. Hoy, algunos sectores contrarios al gobierno especulan con los precios de la canasta familiar pretendiendo que el pueblo se levante, se violente, contra el gobierno.

Si el trasfondo del problema "es cómo derrocar al indio", el gobierno nacional tiene hoy la oportunidad histórica de imponer la ley para derrotar definitivamente a los enemigos internos y externos del proceso de la revolución democrática y cultural…


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Alimentos Articulos de lujo.

 

Frei Betto

ALAI AMLATINA, 23/06/2008, Sao Paulo.- ¿Quién se imaginó que tendría que entrar en una butique para comprar arroz, frijoles, verduras y carne? Pues quizás no estemos lejos de ello. El precio medio de los alimentos se triplicó en los últimos doce meses.

El año pasado los dueños del mundo invirtieron en la industria de la muerte -la fabricación de armamentos- US$ 134 mil millones, un 45 % más que hace diez años, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz. En gastos militares los gobiernos invirtieron el 2.5 % del PIB mundial. Por cada habitante del planeta se destinaron US$ 202 a alimentar las bestias del Apocalipsis con misiles, bombas, minas y artefactos nucleares. En resumen: según la FAO, comparado con los gastos en alimentos, el valor consumido por los armamentos lo superó ¡191 veces!

Los Estados Unidos facturaron en el 2007 un 45 % de la venta de armas en el mundo. Este mercado hoy día es dominado por 41 empresas estadounidenses y 34 de Europa occidental. En los últimos diez años los gastos militares de los EE.UU. aumentaron un 65 %, sobrepasando todo lo que se invirtió durante la Segunda Guerra Mundial. Es el precio de las intervenciones en Iraq y en Afganistán.

Además de esa desproporción brutal entre lo que se invierte en la muerte (armas) y lo que se aplica a la vida (alimentos), la crisis del petróleo, con el barril por encima de los US$ 130, eleva terriblemente el precio de los alimentos. En los últimos 50 años se industrializó la agricultura, lo que aumentó un 250 % la cosecha mundial de cereales. Pero eso no significó que se pusieran más baratos y llegaran a las bocas de los hambrientos.

La agricultura pasó a consumir petróleo en forma de fertilizantes (éstos representan 1/3 del consumo de energía en la producción y aumentaron un 130 % en el último año), pesticidas, máquinas agrícolas, sistemas de irrigación y de transporte (desde los camiones que hacen llegar el alimento al mercado hasta el motorista repartidor de pizzas).

La agricultura industrializada consume 50 veces más energía que la agricultura tradicional, pues el 95 % de todos nuestros productos alimenticios exigen la utilización de petróleo. Sólo para criar una vaca y ponerla en el mercado se consumen seis barriles de petróleo, de 158.9 litros cada uno.

La subida del precio del petróleo abre un nuevo y vasto mercado para los productos agrícolas. Antes ellos eran destinados al consumo humano. Ahora son empleados también para alimentar máquinas y vehículos. El precio del petróleo aumenta el de los alimentos sencillamente porque si el valor del combustible de una mercancía excede su valor como alimento, se convertirá en agrocombustible.

¿Quién va a invertir en la producción de azúcar si con la misma caña se obtiene más ganancia generando etanol? Es obvio, el azúcar no desaparecerá de los estantes del supermercado. Pero será ofrecido como artículo de lujo a fin de compensar las inversiones de quien dejó de producir agrocombustible.

No se trata de ponerse contra el etanol, sino de ponerse a favor de la producción de alimentos, de modo que sean accesibles a la renta media mensual del brasileño corriente, que gana unos US$ 300. Además, nadie desconoce el trabajo esclavo o semiesclavo que predomina en los cañales del Brasil, según una reciente denuncia de Amnistía Internacional. Es urgente que el Congreso Nacional apruebe la PEC 438/2001 contra el trabajo esclavo. Desgraciadamente, Planalto acaba de editar la Medida Provisional que no obliga al cumplimiento de inscripción del trabajador hasta después de los tres meses de contratado. ¿Cuántos trabajadores eventuales no van a quedar condenados al régimen perpetuo -y legal- de trimensualidad laboral y sin derechos laborales?

Algunas empresas de producción de etanol obligan a sus trabajadores a recoger hasta 15 toneladas de caña al día y les pagan no por las horas trabajadas sino por la cantidad recogida. Según especialistas, tal esfuerzo causa serios problemas de columna, calambres, tendinitis y enfermedades en las vías respiratorias debido al hollín de la caña, deformaciones en los pies por el uso de gruesos zapatos y daños en las cuerdas bucales por tener el cuello torcido durante el trabajo.

En la cosecha los trabajadores están empapados de sudor debido a las altas temperaturas y del excesivo esfuerzo. Para cortar una tonelada de caña hay que dar mil machetazos. Los salarios pagados por producción son insuficientes para garantizarles alimentación adecuada, pues, además de los gastos de alquiler y transporte desde sus lugares de origen hasta el interior de São Paulo y de Minas, envían parte de lo que ganan a sus familias.

El actual régimen de trabajo reduce el tiempo de vida útil de los cortadores a unos 12 años. En 1850, en que el tráfico de esclavos era libre y la oferta de mano de obra abundante, la vida útil de esos trabajadores era de entre 10 y 12 años. A partir de la prohibición de importar negros, el trato mejor dispensado a los esclavos amplió su vida útil a entre 15 y 20 años.

Si el gobierno federal desea promover el crecimiento económico con desarrollo sustentable, sin antagonizar esas dos metas de nuestro proceso civilizatorio, es preciso evitar los males apuntados, además de hacer la reforma agraria, de modo que se multipliquen las áreas destinadas a la producción de alimentos, balanceándolas con las que hoy día están ocupadas por el agrocombustible. (Traducción de J.L.Burguet)


- Frei Betto es escritor, autor de "Calendario del poder", entre otros libros.

 

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lunes, 23 de junio de 2008

martin velez en el pregon- pregonero


SPAGHETTI PELELINNO 

Los mexicanos debemos estar de fiesta, hemos de recibir con algarabía el programa de congelamiento de precios, anunciado por el gobierno federal (cuyo presidente no debería estar donde está, según la sumatoria de votos contenidos en las actas electorales del 2006, que hizo el investigador José Antonio Crespo, a quién nadie acusará de pro pejista).

Sólo la ingratitud de los mexicanos explica que en lugar de fiesta y júbilo, tal programa  haya sido recibido por los analistas y las amas de casa como una burla del ejecutivo federal y los concaminos. Tal vez por falta de entendimiento, los estudiosos del mercado y el público en general argumenten que los precios congelados ya habían subido previamente; que la lista de productos contiene primordialmente artículos ajenos a la canasta básica: una variedad de sobrecitos de té, jugos de soya, condimentos varios, salsa italiana, etc; mientras quedaron fuera el aceite, la carne, los huevos, todos los granos, los lácteos, en fin todos aquellos productos que congelan la cara y el bolso de las amas de casa, cuando reciben la cuenta del supermercado.

Lo que pasa es que no hemos entendido el verdadero sentido de esta medida calderonista. En la lista de 150 productos "congelados" hay dos que sí son de consumo frecuente: la pasta de trigo y la salsa de tomate condimentada. Con ellos se puede preparar espagueti, ¿Qué más queremos?. Ese es el platillo preferido del señor Cartens y ya lo ven ustedes tan sanote.

El México de ganadores, visualizado por quien ostenta de manera espuria el cargo de presidente de la república, incluye la modificación de la dieta de los mexicanos. Nada de que frijolitos con tortilla, nada de que pollito con mole, mucho menos carnita en salsa verde, ¿Qué nacadas son esas?, contribuyamos todos a globalizar la dieta mexicana, comamos espagueti, pero al estilo Calderón....SPAGHETTI PELELINNO.

 

Martín Vélez

 



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formas de lucha de la resistencia civil no violenta


tomado del documeto de "metodo de la reistencia civil de armando rendon corona"
 
 

 

La resistencia civil pacífica contra injusticias de gran envergadura como un golpe de Estado o actos anticonstitucionales que llegan a la traición a la patria por parte de los gobernantes y la clase dominante, dispone de múltiples formas morales y materiales de acción colectiva  a la altura del desafío. Se recurre a ellas con el fin de que el adversario ceda en sus pretensiones y al mismo tiempo desista de recurrir a la fuerza física contra la disidencia. Puesto que el objetivo es restaurar el orden democrático, las formas de lucha de la resistencia pacífica tienen que ser legítimas.

 

En una campaña nacional que involucra a la sociedad entera, se necesita agrupar la acción colectiva alrededor de principios generales como son la no-cooperación, la desobediencia civil y la resistencia activa. Hay dos estrategias que en la historia de los movimientos sociales han demostrado su gran eficacia para doblegar a regímenes dictatoriales y el empecinamiento de toda una clase dominante: el boicot y la huelga general política (o huelga política de masas, una modalidad es el paro cívico).

 

Ambas reúnen una gran diversidad de formas de lucha alrededor de una forma general, que por su amplitud afecta los ámbitos cultural, jurídico, económico, militar, político, deportivo, filosófico, las relaciones internacionales y en cualquier ámbito de la vida social.

 

La huelga política de masas

 

La sociedad de masas es producto de la sociedad moderna y con ella las acciones de grandes masas. Pero los movimientos de este tipo pueden ser desorganizados y organizados. Los movimientos populares espontáneos y desorganizados son los que se reúnen ocasionalmente y luego se dispersan, sin que tengan consecuencias importantes. En la actualidad sólo una pequeña parte del pueblo cuenta con auténticas organizaciones de defensa de sus intereses, lo que dificulta pasar de la exaltación espontánea a la consolidación de efectos favorables duraderos. [1]

 

En el caso de huelga política de masas en Argentina en diciembre de 2001, el movimiento social no estuvo preparado o dirigido por ninguna organización política o sindical, fue espontáneo, los ciudadanos intervienen al margen de las organizaciones tradicionales; la espontaneidad es relativa porque la antecedía una acumulación de fuerzas populares. No logró dotarse de una instancia que centralizara la orientación de múltiples acciones dispersas. Tenía claridad de lo que no quería (¡que se vayan todos!), pero no condensó un programa constructivo. De hecho cambió las relaciones de poder, desplazó a las elites neoliberales y generó nuevas fuerzas populares. El movimiento social creo, por el contrario, nuevas formas de hacer política mediante la deliberación y decisión colectivas.[2]

 

La minoría explotadora domina a la masa del pueblo por varios factores: la autoconciencia de los intereses que la unen; el dominio cultural sobre la masa mediante el embaucamiento valiéndose de una larga educación en la obediencia ciega, los medios de comunicación y la iglesia y; su firme organización, porque un pequeño número bien organizado es siempre más fuerte que una masa desorganizada. Sin embargo, el poder de la minoría puede ser derrotado por la organización de la mayoría del pueblo.

 

La fuerza del pueblo reside en su gran número, en su masa, a condición de que se organice autónomamente del Estado, de los capitalistas y sus agentes. Para que prevalezcan los intereses de la mayoría del pueblo y se desarrolle la democracia es imprescindible la organización popular, que tiene varios requisitos.

 

Una voluntad colectiva unificada; esa voluntad no tiene explicaciones místicas, ni nace de la sugestión de manipuladores, surge de las condiciones colectivas a que se ve sometida; son esas causas las que producen en los individuos los mismos pensamientos, sentimientos y aspiraciones. Esa voluntad colectiva es la que hace capaz a la masa de actuar colectivamente, de otro modo no entra en acción. Esa voluntad colectiva es la que permite alcanzar la unidad en torno a los mismos objetivos, por tanto crea una potencia nueva que va más allá de las inquietudes de los individuos inconexos.

 

La base de la organización depende de una voluntad común que hace actuar al gran número en función del interés colectivo, con el que se identifican las aspiraciones individuales. La organización es entonces la integración de los individuos en una unidad, cohesionados por la disciplina. La disciplina consiste en, la adopción de los objetivos y medios de lucha mediante una deliberación colectiva, y la aceptación de una dirección común elegida por todos los participantes.

 

La huelga política de masas (o huelga general política, paro cívico o paro patriótico) tiene la finalidad de conseguir ciertas modificaciones políticas, o para conquistar derechos políticos como el sufragio universal. Es una acción transitoria, su misión es la de obligar a un gobierno a ceder en una determinada cuestión o a la sustitución de un gobierno enemigo del pueblo por otro democrático. No se propone destruir el poder del Estado, sino sólo puede llevar a un desplazamiento de las relaciones de poder a favor del pueblo. Pero el cambio en la relación de fuerzas únicamente se produce mediante las acciones colectivas.

La huelga de masas no se dirige contra un capitalista individual sino contra el gobierno o partes de la clase capitalista, o contra toda ella. En cambio las huelgas económicas tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo que se demandan a capitalistas en lo particular. En ambos caso trastornan el orden económico porque se basan en la interrupción del trabajo y de múltiples actividades. Las huelgas económicas provocadas por un acontecimiento son de diverso tipo: de empresa, de industria, nacionales, internacionales, etcétera.

 

Dado su carácter transitorio, la huelga política de masas no puede sustituir la acción de los partidos populares, ni la acción parlamentaria, ni de los sindicatos, simplemente es otro medio de lucha política que amplía el campo de acción. En ese sentido es una forma de lucha dentro del régimen democrático de libertades.

 

El efecto esperado de la huelga de masas es la desorientación del gobierno que no puede obligar a la gente a que regrese a sus actividades, al trabajo, ni cancelar los derechos de expresión, manifestación, asociación, ni al derecho a oponerse al gobierno. El gobierno también se desorienta porque la resistencia pacífica no se propone la confrontación total con el poder.

 

La resistencia popular contra los actos anticonstitucionales del gobierno acentúa su carácter político con actos masivos: asambleas públicas, manifestaciones, hasta llegar a la forma más poderosa: la huelga política de masas, es decir, una movilización general.

 

Son varias las condiciones para la extensión y duración de la huelga política de masas; las siguientes han sido comunes en la historia europea: 1) la conciencia del pueblo participante en la justicia de sus causas; 2) la firme decisión de los participantes; 3) la participación lo más masiva posible; el movimiento atrae círculos cada vez más amplios del pueblo; 4) un alto sentido de organización de las masas; 5)  el apoyo popular con medios materiales y dinero; 6) la desorganización de los medios de comunicación y transporte del gobierno y sus aliados; 7) el apoyo de lo organismos representativos comunales y municipales que se ponen del lado del pueblo;  8) la colaboración de los empleados que sostienen el aparato administrativo del Estado; 9) la negativa al pago de impuestos.

 

En el caso de un golpe de Estado, la huelga de masas causa una agitación, una intranquilidad generalizada para que los golpistas pierdan la moral, los militares se vuelvan indecisos y los dirigentes del golpe anticonstitucional queden en la confusión. La cuestión es saber cuánto tiempo podrá aguantar el gobierno en una situación de descontento y efervescencia generalizada. La huelga no lo resuelve todo, entran en juego las condiciones de la huelga ya mencionadas, la intensidad del resentimiento del pueblo, los intereses políticos en juego, la actitud de los militares, entre otras condiciones.

 

 

 

El paro cívico o paro patriótico

 

El paro cívico o paro patriótico es una especie de huelga general política. La huelga ha sido un instrumento de los trabajadores contra una empresa, un grupo de ellas, una rama de industria, por reivindicaciones laborales e incluso contra políticas gubernamentales a escala nacional, y en todos los casos significa que los trabajadores suspenden el trabajo. Pero el paro cívico va más allá porque involucra o afecta a la población en su conjunto, no sólo a los trabajadores sindicalizados.

 

Han sido famosas las huelgas generales políticas en Europa por el reconocimiento del derecho al voto de la población trabajadora, o por la democratización de un régimen. Un movimiento sorprendente por su radicalidad y consecuencias fue la huelga general en Argentina en octubre de 2001. Otra huelga general que con el tiempo cambió el régimen político fue la huelga general en Sudáfrica en 1961, que deja muchas enseñanzas en cuanto a la emancipación de los pueblos de color mediante la democracia.

 

En un sentido es una suspensión de actividades: del trabajo, particularmente la huelga de trabajadores; del comercio, no se cargan ni se descargan los barcos, no se asiste a las escuelas primarias, secundarias y universitarias, el transporte, etcétera. Pero en un sentido amplio es un paro cívico, que implica de un lado la suspensión de actividades y, por otro, la realización de otras muchas acciones simultáneamente, como la desobediencia civil generalizada a disposiciones y leyes injustas, la no-cooperación, el boicot, las movilizaciones en todas partes simultáneamente y medidas que afecten la economía de la clase dominante.

 

La suspensión de actividades se acompaña también de asambleas en todos los espacios, en las escuelas, centros de trabajo, zonas habitacionales, y otros. Asimismo la realización de manifestaciones y otras concentraciones activas; obligar a parar al transporte público, la movilización de las comunidades étnicas. La no-violencia requiere no emplear formas de intimidación para inducir al pueblo a participar en el paro.

 

Requiere de un centro que tome las decisiones, una asamblea representativa o una coordinación de muchas organizaciones; los dirigentes pueden ser visibles o clandestinos.

 

Son conocidas las políticas de los gobiernos para impedir que el pueblo actúe coordinadamente, ocultando lo que sucede, desinformando, al mismo tiempo que despliegan dispositivos represivos. El paro cívico requiere romper el silencio informativo y la desinformación, creando sus propias redes de información de lo que sucede en todas partes, de las acciones que se realizan en todas las localidades y sectores con el fin de estimular la confianza y el entusiasmo de los participantes. Asimismo una masiva difusión de folletos políticos.

 

La mejor manera de paralizar o hacer perder eficacia a un plan represivo y de miedo por parte del gobierno y de los sectores sociales que lo apoyan, es mediante la acción generalizada, masiva y simultánea. Pero el plan de acción tiene que considerar medidas antirepresivas y medidas preventivas contra el  colaboracionismo con las fuerzas adversarias, el espionaje y la delación, etcétera.

 

El boicot, una forma de no-cooperación

 

El boicot. Es un arma efectiva y poderosa de lucha política que consiste en una negativa a consumir algo, a prestar un servicio o a usar un servicio, a colaborar en algo, a relacionarse con algunas personas, a vender algo a alguien, a recibir una prestación, y muchas otras formas particulares, algunas de ellas se mencionan en el listado de formas de lucha que sigue a continuación.

 

El boicot es una de las acciones más claras porque cualquiera puede realizarlo; crea una atmósfera propicia para la desobediencia civil y representa una forma activa y radical de la no-cooperación que significa el rechazo a colaborar con el Estado.

 

El boicot es un instrumento que acostumbran usar los consumidores, por ejemplo contra aumentos de precios, contra productos nocivos para la salud, contra una política que perjudica la economía popular; también ha sido utilizado para oponerse a una política, por ejemplo contra la discriminación racial a personas que usan un servicio como el transporte o escuelas. Es un medio político para vencer a empresas o grupos de empresarios que vulneran los derechos políticos, por ejemplo, contra empresas televisivas o radiofónicas. O bien cuando se trata de suprimir una disposición de autoridades públicas o poderes privados. Una forma acostumbrada es no pagar impuestos, o no consumir los productos de un grupo de poder económico, etcétera.

 

El boicot con fines políticos involucra a toda la población sin distinciones, puede tener un efecto nacional importante aunque esté centrado en un tema específico. Su eficacia depende en gran parte de que sea precedida por una campaña de información para la realización de determinados objetivos, por caso la defensa de la propiedad de la nación sobre el petróleo, de manera que una población o sector de ella aplique esa táctica lo más extensamente posible. Debe decidirse con precisión contra qué va dirigido, por cuánto tiempo, en qué lugares.

 

Los casos más resonantes en la India fueron el boicot contra el consumo todos los productos de origen inglés: textiles, bancos, aseguradoras, barcos, mercancías, impuestos; o contra la prohibición de producir sal sin pagar impuestos. Otros casos han sido contra el monopolio extranjero del tabaco o cualquier otro producto impuesto, alentando la producción alternativa local.

 

Se puede boicotear por problemas concretos que afectan directamente a un sector social, (boicot parcial). Por ejemplo, el boicot al transporte público contra el aumento de tarifas o contra la discriminación a un grupo de población; también es un boicot parcial cuando lo emprende un grupo de trabajadores en el ejercicio de su profesión (enfermeras, comerciantes).

 

Formas de acción, la táctica y la estrategia

 

Las formas de lucha son instrumentos tácticos que se utilizan según convenga en circunstancias concretas, y dejan de usarse cuando las circunstancias aconsejan prudencia o cuando es más apropiada otra táctica. Las circunstancias cambian, la adopción de una táctica puede ser correcta en un momento y puede resultar contraproducente en otro momento. Esto significa que ninguna forma de lucha representa un problema de principio ideológico, es siempre una cuestión táctica dentro de la estrategia trazada.

 

El empleo de las formas de acción requiere de una reflexión individual y colectiva sobre las formas más apropiadas para cada situación, dependiendo del resultado que se desea obtener, los riesgos que implica y los efectos indeseados o imprevistos que deben ser respondidos. Esta planeación hace la acción racional, no espontánea o disparatada. Esto vale para tres tipos de actores: la persona, los grupos y la sociedad a gran escala.

 

La planeación de la resistencia civil requiere vincular los fines con los medios para conseguirlos; una manera de planear una estrategia es desarrollar la acción de menos a más, a manera de una escalada. La adopción de las formas de lucha depende de la fuerza propia, esto es, de la capacidad o de lo que es posible hacer de acuerdo con los recursos de que se dispone, en términos de personas, medios materiales, dinero, tiempo, riesgos según la respuesta esperada del o los adversarios, entre otros factores.

 

Es evidente que el movimiento de resistencia puede sucumbir a los golpes del adversario, pero también puede fracasar debido a una táctica incorrecta, irresponsable, que subestime las fuerzas del adversario y sobrestime la propia capacidad; un error observable es dejarse llevar a una lucha que puede ser evitada. Entonces el fracaso del movimiento habrá de producir desaliento, indiferencia, desconfianza, lo que pone fuera de alcance el objetivo buscado.

 

Un ejemplo caricaturizado del disparate sería una inmolación  para impedir ser multado por pasarse un alto. Es decir, si se trata de un objetivo limitado y relativamente fácil de conseguir, la forma de lucha ha de ser igualmente limitada y "blanda"; en cambio las acciones más drásticas se reservan para forzar una solución difícil de obtener. La combinación de formas de lucha durante un periodo depende de las respuestas del adversario, porque no hay que olvidar que un conflicto se produce al menos entre dos campos contendientes, cuyos actores pueden multiplicarse a medida que se amplia el conflicto, es decir, a mayor escala del conflicto mayor número de fuerzas participantes de cada lado, y a la inversa.

 

El conflicto implica un conjunto de acciones y reacciones: el contendiente "A" toma una acción y el adversario "B" responde con otra acción, lo que a su vez hace que el "A" tome otra medida, y así sucesivamente. Puede ser que ambos contendientes estén interesados en resolver el conflicto y entonces las respuestas sucesivas son blandas, decrecientes hasta que se negocia un arreglo. Pero puede ser lo contrario, que quienes detentan el poder sean reacios a una solución y apliquen medidas más drásticas cada vez, lo que implica una resistencia más drástica con acciones más duras, más variadas y duraderas. En el extremo, la salida es catastrófica.

 

La formulación de la estrategia requiere seleccionar las formas de acción adecuadas en cada situación, combinarlas para potenciar sus resultados, un caso común es un plantón acompañado por la difusión en la prensa. Además, se puede calcular la frecuencia en que se usa una misma forma de acción, por ejemplo, portar un distintivo todos los días y hacer una asamblea cada semana.

 

La dinámica del conflicto requiere, además de las formas más apropiadas de acción, de combinarlas con inteligencia, siempre previendo la reacción del adversario y el efecto esperado. La dinámica obliga reaccionar siempre a la acción del adversario, golpe por golpe, pero puede calcularse también no responder a una acción del adversario para no caer en su juego. No siempre se puede prever lo que hará el adversario, además de que puede subir o bajar de intensidad y tomar giros imprevistos. De ahí que la estrategia tenga que ser revisada continuamente, ajustando la táctica a las necesidades de cada situación.

 

En el conflicto social no todo puede ser planeado porque no todo es previsible, hay acontecimientos espontáneos, fortuitos y situaciones inesperadas. En el conflicto social a gran escala esto es frecuente. Por lo tanto, estos factores tienen que ser pensados para modificar la estrategia de resistencia civil, lo que supone un mínimo de organización y de capacidad de conducir la acción racionalmente.

 

Es posible combinar una serie de acciones del mismo tipo, por ejemplo, sólo actos simbólicos, o sólo medidas organizativas en la sociedad civil, o sólo una línea de medios de comunicación. Se pueden combinar por etapas sucesiva. En ese caso se puede hablar de campañas (las llamadas jornadas) porque tienen una cierta duración alrededor de objetivos determinados.

 

Por ejemplo, una campaña de contra-información contra los monopolios mediáticos puede aprovechar el activismo de muchas personas que ha dado notables muestras de creatividad e ingenio con iniciativas particulares, recurriendo a campañas informativas con propaganda en pequeña escala (micro propaganda) en todas partes. En el mismo sentido hay que valorar el potencial de la persuasión personal en conversaciones (técnica de proximidad), que practicada en gran escala puede ser un medio poderoso de contra-información.

 

La selección y las combinaciones

 

El grado de libertad para ejercer el derecho a disentir determina las estrategias de la resistencia: 1) en donde no existen condiciones viables para realizar acciones masivas públicas se opta por desarrollar formas de preferencia morales y simbólicas; 2) en condiciones de mayor libertad y legalidad, la resistencia es abierta, donde se deja de cooperar y se desobedece a una ley injusta.

 

Las formas de lucha se especializan o se combinan, se pueden practicar simultáneamente. Siguiendo una escala ascendente en intensidad destacan cuatro niveles:

 

a) El diálogo con el adversario buscando llegar a acuerdos, y a la vez informar a sectores amplios de la población acerca del conflicto con el fin de conseguir aliados; para hacer notoria la protesta se recurre a formas morales.

 

b) La acción directa masiva pública, abierta a la sociedad, consiste en la movilización de grupos y masas en espacios abiertos (plantón, mitin, marcha, caravanas masivas). La acción directa es la acción ciudadana inmediata sin intermediarios.

 

c) La no-cooperación es un tipo de resistencia más drástica porque se deja de colaborar abiertamente con los poderes públicos o privados, sin violar disposiciones legales. Puede aplicarse a una diversidad de autoridades, como a funcionarios de gobierno, tribunales, propietarios de empresas y otras gentes que ejercen poder sobre la sociedad. Algunas de las acciones son huelgas y paros, el boicot al consumo de ciertas mercancías, rechazo a nombramientos y distinciones, la renuncia a puestos honoríficos o a empleos gubernamentales; el abandono de ceremonias oficiales o protestas durante ellas; la deserción; el no pago de impuestos y cualquier cobro que dé dinero al gobierno (casetas de peaje, etc.).

 

d) La desobediencia civil pertenece a las formas drásticas; se recurre a la infracción de una orden o de una ley injusta. La desobediencia se mantiene dentro de los límites de la no-violencia, requiere de una preparación previa para alcanzar la disciplina necesaria de modo que los participantes y el pueblo comprendan las implicaciones de esta medida. Una variante es la desobediencia "representativa", cuando individuos notables, no las masas, ejercen medidas de desobediencia.  Entre las acciones más comunes se encuentran el no pago de ciertos impuestos, toma de tierras o de instalaciones, bloqueo de calles, ingreso a lugares prohibidos, etcétera.

 

Las formas de acción pueden seleccionarse y clasificarse según distintas concepciones. Aquí nos limitamos al carácter no-violento de la resistencia civil y las agrupamos siguiendo sus características comunes; claro está que es una propuesta siempre sujeta a reelaboraciones.[3]

La clasificación que presentamos si bien parte de Sharp, incorpora otros estudios sobre los conflictos sociales. Sobra decir que la crónica y la sociología de los movimientos sociales aportan los elementos significativos de una realidad abigarrada. Son las grandes crisis las que reúnen la mayor diversidad de formas de acción de todos los contendientes y la fuente preferida en el estudio de las formas específicas de acción. [4]

 

En este trabajo se exponen las formas de acción más comunes internacionalmente, pero no aborda otras esferas de acción implicadas en el conflicto, como son las formas de lucha de los adversarios: los gobiernos, grupos de poder económico e ideológico y diversos actores indirectos; tampoco se trata la globalización de los movimientos sociales, no obstante, algo de la técnica internacional se anexa al final del trabajo, alrededor de la dinámica del conflicto, la planeación de las acciones, particularmente las campañas y la toma de decisiones por consenso.



[1] Parvus (Aleksandr Helfand), "Golpe de estado y huelga política de masas", (1895-1896). Rosa Luxemburgo, "Y por tercera vez el experimento de la huelga" (1901-1902), p. 97-114. En debate sobre la huelga de masas. Primera Parte. Siglo XX, Cuadernos de Pasado y Presente no. 62, México, 1978, 286 p. K. Kautsky, "La acción de masas" (1911), p. 13-45. K. Kautsky, "La nueva táctica", (1912), p. 81-122. Antón Pannekoek, "Acciones de masas y revolución", (1912), p. 47-79. En Debate sobre la huelga política de masas, Segunda parte. Siglo XX, Cuadernos de Pasado y Presente no. 63, Argentina, 1978, 286 p.

[2] Pereyra, Daniel. Argentina rebelde. Crónicas y enseñanzas de la revuelta social. El Viejo Topo, España, 2003, 359 p.

[3] Gene Sharp, The politics of nonviolent action (3 vols.). Porter Sargent, Boston, 1973. En el volumen II de los tres que componen la obra, se describen 198 acciones y se muestran algunos ejemplos históricos de cada uno de estos métodos. Por nuestra parte hemos seleccionado la mayor parte de acuerdo a las circunstancias por las que atraviesa México en el 2008; las hemos reclasificado y cambiado el lenguaje para un mejor entendimiento por el público mexicano, y hemos añadido otras tomadas de las crónicas de prensa sobre el mega-plantón en la Cd. de México agosto-septiembre de 2006. Utilizamos también el trabajo de Ignacio Contreras Casas, "Manual Práctico de Desobediencia civil" nachocontre@hotmail.com

[4] Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo, "Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina". Daniel Campione y Beatriz Rajland, "Piqueteros y trabajadores ocupados en la argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos". En Gerardo Caetano (compilador). Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. CLACSO, Argentina, 2006, 382 p. Mandela Nelson. No es fácil el camino de la libertad. Siglo XXI, México, 1999, 222 p.


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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/

http://pregonero.spaces.live.com/

miércoles, 18 de junio de 2008

rosa



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Fernando V. Ochoa
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EL DIFICIL CAMINO DE LA RADIO AM

 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Enrique Pereda, nuevamente solicitó al gobierno canales de FM para las emisoras de AM, las cuales, dijo, están en quiebra técnica. De no ser otorgadas las "combo", agregó, dos terceras partes de la industria radiofónica desaparecerán

El difícil panorama de la radio AM en el país es, en efecto, delicado, pero hace falta más información sobre la situación real del sector. Hay emisoras que en apariencia no tienen problemas económicos, como las que conforman las redes nacionales de Grupo Radio Fórmula, pero hay otras que están en bancarrota como ha sucedido con la que forma parte de Grupo Monitor y que desde el pasado 23 de mayo está en huelga.

La CIRT y la asociación Radio Independiente –que agrupa a más de 80 pequeños empresarios de la radio con poco más de 200 concesiones– han dicho en diferentes ocasiones que en los últimos años la inversión publicitaria destinada a las radiodifusoras que operan en esa banda ha disminuido, al igual que sus audiencias. Del total de las ventas de publicidad en el medio, aproximadamente un 70% ya se destina a radiodifusoras de FM, no obstante que éstas representan tan sólo el 34% del total de las concesiones radiofónicas.

La digitalización ha sido un de los caminos para superar la situación que enfrenta la radio y en particular la de la banda de AM. El pasado 14 de mayo, después de varias observaciones realizadas por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Transición a la Radio Digital Terrestre de las estaciones ubicadas en la frontera norte del país.

El documento es relevante porque da pauta para el inicio de la digitalización de un medio que en México tiene una enorme penetración e influencia social, pero es insuficiente como para remediar la difícil situación que atraviesa. En primer lugar porque sólo da la oportunidad para que las emisoras ubicadas en la frontera puedan llevar a cabo sus transmisiones digitales, en este caso con el estándar estadounidense In Band On Channel (IBOC), comercialmente conocido como HD Radio. Para el resto del país, la decisión tendrá que esperar mientras se continúan evaluando los demás estándares digitales disponibles. Estos análisis, por cierto, comenzaron desde mediados de los años noventa y aún no concluyen.

En segundo lugar es insuficiente porque debido a las deficiencias de la tecnología, sólo las emisoras de FM podrán migrar a la digitalización, no así las estaciones de AM. El estándar IBOC, es importante comentarlo, sólo opera adecuadamente en la banda de AM si existe entre una emisora y otra una separación de al menos 40 kilohertz (cuatro canales) y no de 30 kilohertz (tres canales), como ocurre en las principales ciudades del país, entre ellas las fronterizas. Esto es particularmente delicado porque lo que harán los lineamientos es ahondar la brecha tecnológica y económica entre las emisoras de FM y las de AM. Por eso el panorama para las AM puede ser muy adverso, si no se toman las medidas necesarias.

CANALES ADICIONALES

La solución inicial pueden ser los canales "combo" de FM. En 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa, otorgó 83 frecuencias en esa banda a concesionarios de emisoras de AM por la misma razón que ahora: el rezago tecnológico y la crisis en audiencia y anunciantes. En esa ocasión sólo un pequeño grupo de empresarios de radio fueron beneficiados con las "combo". Para el resto de los empresarios se prometieron más canales, pero los diferentes debates relacionados con la actualización del marco legal postergaron la decisión de continuar con las asignaciones.

No a todos los concesionarios de AM será posible otorgarles frecuencias de FM por la falta de espectro, especialmente en las grandes ciudades y más aún en las fronterizas donde se comparten canales con EU. Tampoco podrían asignarse a todos los empresarios de AM porque esto agudizaría más el problema de la concentración (Radiorama, por ejemplo, tiene 190 emisoras propias, casi todas de AM) y paralelamente podría desestabilizar el mercado radiofónico con la irrupción repentina de decenas de emisoras comerciales.

A los problemas técnicos y económicos, se agrega el jurídico. Las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones (mejor conocidas como "ley Televisa") derivaron en el establecimiento de la licitación para obtener frecuencias de radio y televisión abiertas, bajo el mismo procedimiento que se seguía en el ámbito de las telecomunicaciones. La Corte tiró el mecanismo de subasta, pero mantuvo el de la licitación de frecuencias, por lo que los canales "combo" sólo podrían ser otorgados bajo esa modalidad y no por asignación directa como ocurrió 14 años antes.

Estamos, pues, ante un panorama político, económico y jurídico complejo, pero de urgente atención porque la radio local, la que impulsan los pequeños radiodifusores, está en una situación de riesgo. Durante los últimos años, la compra-venta de emisoras se ha intensificado. Tan sólo durante el sexenio de Vicente Fox se traspasaron más de 100 concesiones de AM y la mayoría de ellas quedaron en manos de los grandes grupos de radiodifusión.
El Estado tiene la obligación de elaborar cuanto antes una política pública en materia de radiodifusión que concilie los intereses de los operadores de emisoras de AM y de FM para que la radio en su conjunto pueda transitar hacia las tecnologías digitales. Sin embargo, el tema parece irrelevante para la actual administración de Felipe Calderón, como lo fue para la de Vicente Fox. Al parecer, el tema sólo le preocupa, por sus dividendos políticos, al PRI. Así lo demuestra la iniciativa impulsada por Manlio Fabio Beltrones en el Senado de la República.

El autor es Catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana.



la opinion publica del narcotrafico

 

  Jorge Buendía

> ¿Usted invertiría en un país sin conocer sus variables económicas como PIB, tasa de interés o inflación? ¿Invertiría en una empresa de la cual desconoce sus ventas o sus utilidades? Seguramente, no. Para tomar una decisión, en éste y en otros ámbitos, hay que contar con información relevante.

> Uno de los principales problemas en la campaña contra el narcotráfico es la falta de indicadores adecuados para saber si ésta va por buen o mal camino. La cantidad de droga decomisada es un indicador, pero no sabemos cuál es su porcentaje del total. Los decomisos pueden aumentar simplemente porque creció la cantidad de droga que se comercializa. Otro indicador que las autoridades mencionan es el incremento en el precio de las drogas, ya sea en México o en EU, pero este puede ocurrir porque aumenta la demanda o porque disminuye la oferta (la versión preferida por las autoridades). Más importante aún, dada la naturaleza de los productos, es que desconocemos qué tan válida y confiable es la información sobre el precio de las drogas.

> En este contexto, resultan predecibles la incertidumbre y el escepticismo que hay sobre los resultados de la guerra contra el narco. Uno sabe que la economía de un país va bien cuando se generan más empleos, cuando la inflación es baja y cuando los salarios reales aumentan. Pero no tenemos información similar para la guerra contra el narcotráfico. Hay manifestaciones de la guerra, pero no sabemos qué lectura darles. La expresión más clara es el número de muertes vinculadas al narcotráfico, pero su interpretación es un debate abierto.

> El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, plantea que las muertes son indicadores de dos cosas: 1) Las bandas se están peleando entre sí. 2) Las peleas son derivaciones de la estrategia gubernamental. Ergo, la batalla contra el narcotráfico la va ganando el Estado mexicano y las muertes son síntoma de que la estrategia gubernamental funciona. Pareciera que a mayor número de muertes, mayor éxito. El problema con esta interpretación es que la existencia misma de la violencia es síntoma de que el Estado está fallando. El Estado tiene la obligación de procurar la paz y el orden, y las ejecuciones y la violencia son muestra de que no está alcanzando estos objetivos.

> Para que el argumento del Procurador funcione, la opinión pública tiene que adoptar una perspectiva intertemporal, es decir, tiene que creer que la situación primero debe empeorar para que después venga el repunte. Esto es lo que se espera de los programas de ajuste económico: primero aumenta la inflación y el desempleo, y después se espera estabilidad y crecimiento económico. El aumento del desempleo es síntoma de que el programa de ajuste está funcionando. La lógica del Procurador es similar: el aumento de la violencia es muestra de que la estrategia es exitosa. ¿Cree la ciudadanía en este argumento?

> Las encuestas muestran que son minoría quienes apoyan la interpretación oficial. De acuerdo con una encuesta del periódico Reforma (primero de junio, 2008), 53% piensa que la guerra entre el narcotráfico y el Gobierno Federal la va ganando el primero y sólo 24% piensa que el gobierno es el triunfador (el resto no tiene opinión). El seguimiento de Ipsos-Bimsa sobre el tema muestra que siete de cada diez mexicanos creen que la violencia ha aumentado. Las explicaciones de la violencia muestran a una ciudadanía dividida: 40% cree que los narcotraficantes están ganando la guerra, 30% cree que éstos han tenido que defender sus territorios ante la presencia del Ejército y 21% la relaciona con disputas entre las diferentes bandas. Más aún, quienes perciben que la violencia ha aumentado tienden a creer que la estrategia gubernamental es un fracaso, y quienes perciben una disminución de la violencia la consideran un éxito. En suma, la opinión pública cree que a menor violencia, mayor el éxito de la guerra contra el narcotráfico.

> Las cifras anteriores muestran la dificultad de transmitir convincentemente la idea de que la violencia significa algo positivo en el corto plazo. Esta idea es contraintuitiva y nadie preparó a la opinión pública para ello. Además, la ausencia de indicadores válidos y confiables sobre el combate al narcotráfico ocasiona que los medios y la ciudadanía se concentren en los pocos indicadores a la mano, notablemente las muertes vinculadas al narcotráfico. Son indicadores poco favorables para el gobierno, pero es lo que hay.



SCJN pensionissste constitucional

Aprueba SCJN Pensionissste; descarta inconstitucionalidad

Ahora la SCJN analizará si las modalidades para pensionarse que se ofrecen a los burócratas violan o no los derechos estipulados en la Carta Magna

MÉXICO, junio 17.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecharon la propuesta de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y aprobaron el nuevo sistema de pensiones estipulado en la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Con ocho votos a favor y dos en contra, los ministros resolvieron que dicha ley no afecta retroactivamente a los burócratas, que los legisladores no violaron ninguna disposición con la creación del nuevo régimen de pensiones, ni se obliga a los trabajadores a decidir si se anexan al Pensionissste o permanecen en el sistema anterior.

En la sesión de ayer, Ortiz Mayagoitia propuso que se amparara a los trabajadores porque la nueva ley pretende aplicar de de manera retroactiva un régimen de pensiones, lo cual rechazó la mayoría de los ministros.

Ahora la SCJN analizará si las modalidades para pensionarse que se ofrecen a los burócratas violan o no los derechos estipulados en la Carta Magna y si anula o no algunos de los artículos de la Ley del ISSSTE.

Juan Silva Meza fue el único ministro que respaldó la propuesta del presidente de la SCJN; aseguró que sí hay inconstitucionalidad en esta ley porque obliga a los trabajadores al servicio, ya que de no hacerlo sufrirán incrementos en la edad de jubilación, en el tiempo que deben trabajar y en las cuotas que aportan.

Los legisladores no pueden reformar derechos adquiridos de los trabajadores, en caso de hacerlo atentan en contra las garantías mínimas que les otorga la Constitución mexicana, precisó Silva Meza.

Respecto a la retroactividad, la ministra Margarita Luna Ramos afirmó que la reforma no afecta a las personas ya pensionadas ni a sus familiares como derechohabientes; y el ministro Mariano Azuela comentó que el problema está "totalmente superado en la medida en que no se está obligando a nadie a cambiar de sistema". (El Semanario Agencia Redacción Monitoreo)