lunes, 30 de agosto de 2010

30 de agosto - Día Internacional del Detenido-Desaparecido


De: CONTRAIMPUNIDAD contraimpunidad@gmail.com

30 DE AGOSTO - DÍA INTERNACIONAL DEL DETENIDO-DESAPARECIDO

 

 

Siguen desapareciendo...

Es habitual que los gobiernos latinoamericanos no se atrevan a tomar el toro por las astas cuando se trata de los desaparecidos. Buscar la verdad no es fácil, significa tomar una postura crítica y comprometida; es el camino difícil... Y es el único honesto. Pero estos gobiernos latinoamericanos no quieren saber de nada. Algunos, cómplices, ni siquiera aparentan desaprobar el tema y, por el contrario, justifican las acciones del terrorismo de Estado con total desparpajo. Otros, obsecuentes con las viejas políticas de la impunidad, intentan institucionalizar el trabajo sobre la memoria como una timorata demostración de preocupación y así instaurar la idea de haber hecho todo lo posible, con algunas pocas acciones judiciales, con "verdades" parcializadas y deformadas, con discursos que solapadamente, y a veces no tanto, intentan justificar la teoría de los dos demonios.

En países como México y Colombia, la desaparición forzada es una práctica habitual; forma parte de una política de Estado que ha sido preservada gobierno tras gobierno.

En Uruguay, el hecho de procesar a un pequeño grupo de represores no es hacer justicia; en todo caso, estos procesos son expresiones de justicia que sirven para marcar un comienzo. Apenas se empezó a andar un largo y necesario camino para reencontrar el equilibrio social, hoy totalmente perdido.

En conclusión: no ha habido gobierno en Uruguay que se atreva a tomar el toro por las astas cuando se trata de los desaparecidos. No lo hubo antes y no lo hay ahora.

No es extraño entonces que desde los órganos oficiales, y desde casi toda la prensa uruguaya, se reconozca y se alabe a Colombia y México como democracias, aplicando discursos que desconocen y tergiversan la realidad social de ambos países de un modo que raya la esquizofrenia. De esta forma, desde el gobierno uruguayo no solo se continúa protegiendo los cimientos de la impunidad al conservar su mayor símbolo, la ley de Caducidad, sino que además se refuerzan, con gestos de apoyo y recibiendo a sus mandatarios, políticas extranjeras que hacen posible que uno de los peores flagelos vividos por los pueblos latinoamericanos continúe practicándose en países hermanos sin que, al parecer, nada ni nadie pueda evitarlo: la desaparición forzada no es cosa del pasado. Está más vigente que nunca.

Entendemos que:

Exigir justicia nos define como sociedad.
La construcción de la memoria colectiva no debería ser una tarea exclusiva de instituciones pertenecientes a un Estado culpable e impune (con el paso del tiempo podemos observar cómo se afianza la llamada "historia oficial"; la misma que se enseñará a nuestros hijos).
La verdad debe ser encontrada y sacada a la luz para que toda la sociedad la conozca, la evalúe y tenga la posibilidad de incorporarla a su propia memoria.

Por los desaparecidos de ayer y hoy.
Por sus hijos.
Por los nuestros.


Colectivo CONTRAIMPUNIDAD


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sábado, 28 de agosto de 2010

LA ULTRADERECHAMEDIATICA ACTUA CONCERTADAMENTE

Alberto Maldonado (especial para ARGENPRESS.info)

 He leído con atención las informaciones que han publicado estos días los diarios del sistema sobre el pleito que está por definirse en Argentina respecto de la posesión de un gran porcentaje de acciones en Papel Prensa (una empresa que controla la venta de papel periódico) en el que tienen acciones Clarín, el 49%, La Nación, el 22.5% y el Estado Argentino, el 27.5%; producto de una obscura transacción que se produjo cuando el país del sur estaba bajo las botas militares, una de las dictaduras más atroces e infames que se hayan dado en país alguno de América Latina (Solo un dato:30.000 desaparecidos(as) en 7 años de dictadura).


De lo que aquí se difunde, vía agencias internacionales, unos dicen que la señora Lidia Papaleo vda. de Graiver, fue amenazada por los militares ("firme o le costará la vida de su hija y de la suya" una amenaza que en esos tiempos era una sentencia a torturas y muerte) para que venda sus acciones precisamente a los diarios El Clarín y La Nación, los periódicos que estuvieron muy juntos en la "lucha contra la subversión" en Argentina. Otros dicen que la transacción accionaría, en este caso, fue libre y voluntaria.

Al margen de quién tenga la razón, debo referirme a este suceso porque, a pesar de que en Argentina, hasta nuestros días, están enfrentando tribunales penales los genocidas argentinos por los crímenes que cometieron contra su población civil, sin embargo, estos dos periódicos sipianos (de la SIP-CIA) con una impudicia y cinismos sin nombres, han lanzando a los cuatro vientos que lo que está haciendo la Presidenta Cristina Kirchner, es tratando de apropiarse de la empresa (Papel Prensa) para imponer una manipulación de los medios impresos del país, con los dos diarios incluidos.

"Coincidentalmente" en estos mismos días, la prensa sipiana continental desató un escándalo "de una disposición contraria a la libertad de expresión", en Venezuela, porque un organismo de derecho local ha emitido una sanción contra el matutino "El Nacional" (de cerrada oposición al Gobierno de Hugo Chávez, desde luego) y ha advertido que los medios de comunicación no deben difundir gráficas de violencia, como la que publicó el referido diario, en primera página: una foto (trucada o no pero de fecha muy anterior) de un "anfiteatro" caraqueño, amontonado de cadáveres a la espera de su correspondiente autopsia. El objetivo declarado del diario fue que con esa foto "quiso advertir" que en la capital venezolana se vivía un clima de terror delincuencial pero que el Gobierno hacía poco o nada por combatirlo. Es decir, "echarle el muerto" a Chávez de esta tendencia criminal, ahora que están en vísperas de unas elecciones parlamentarias previstas para fines de septiembre.

En Ecuador, desde hace rato, los medios sipianos (con El Comercio de Quito a la cabeza) se han dedicado a maximizar todo acto delictivo que se produzca en cualquier punto del país. Desde luego, hay una vieja historia de crímenes, secuestros, asesinatos, escándalos y asaltos que los medios sipianos los trataron, a su debido tiempo, con cierta prudencia (me refiero a los tintes amarillistas de la noticia); pero, a partir del gobierno de Rafael Correa, esos medios no escatiman espacios en dar informaciones de este tipo, cada cual más alarmante. Con seguridad, el crimen organizado y desorganizado ha crecido en el país (especialmente por razones sociales) pero de ahí a pintar un ambiente lleno de peligros y de incertidumbre, por culpa del gobierno, hay una distancia; pero la intención es clarísima

Esa "tendencia", sin embargo, no es la más significativa. Sin que se haya dado algún hecho concreto o que algún agente gubernamental haya intimado a alguien, a pretexto de una supuesta lucha contra la posibilidad de una "ley mordaza" tanto las radios del sistema como los canales de televisión abiertos pasan y repasan una "cuña-denuncia" según la cual, en el Ecuador de la "revolución ciudadana" se respira un ambiente de "peligro para la libertad de expresión" Aseguran que, de aprobarse el proyecto como está para segunda y definitiva votación en la Asamblea Nacional, se habrá dado un golpe "contra la democracia y la libertad".

Está claro que el objetivo que persigue la comunicación sipiana (a través de unos cuantos asambleistas pelucones, que para eso están) es que la ley no sea ley. Ellos quieren que en este país andino, la SIP-CIA logre imponer uno de sus mandatos: "que en comunicación no hay mejor ley que la que no se dicta" y de paso consolidar lo que ha venido siendo "el catálogo del periodismo libre": que los medios comerciales son impolutos por si mismos, que ellos son los dueños de la "libertad de expresión", que nadie debería enjuiciarlos peor censurarlos y otras lindezas de este estilo.

Hace un par de semanas (jueves 12 de agosto/2010) El Comercio de Quito publicó una reseña informativa bajo este titular: "La libertad de prensa afronta un deterioro en los países andinos" La "redacción política" del diario se refería a un estudio que han hecho sobre la situación de la libertad de "prensa" (no de expresión) cuatro organismos: El Centro sobre Derecho y Sociedad (¿) el Consorcio Desarrollo y Justicia (¿), el Instituto de Defensa Legal (¿) y, cuando no, Freedom House, ese organismo yanqui que "hace estudios" respecto de nuestras realidades y presenta informes que nadie le ha pedido*.

Los relatores –como gustan llamarse estos diligentes "estudiosos"- dicen que han analizado la situación de "la libertad de expresión y de prensa" en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que han encontrado que, de "países de prensa libre" (en el 2000) hemos pasado a "parcialmente libres" a consecuencia de políticas cambiantes. Exceptúan a Colombia de la crítica, a pretexto de que en el 2000 ese país estaba afectado "por la violencia civil" pero no dicen ni media palabra sobre que en Colombia no es que se respetaron a los periodistas y medios de oposición sino que los pocos que quedaron vivos, lograron ponerse a buen recaudo, a tiempo.

Por el Ecuador, ha intervenido el señor César Ricaurte, fundador, dueño, director y mensajero de FUNDAMEDIOS* un organismo no tan fantasma que pocos saben quién lo financia y que trabaja para denunciar exactamente a Correa y sus "atentados" contra la prensa libre. Este sujeto –que tan siquiera es un periodista en ejercicio- se ha tomado la molestia de contar las veces (cerca de 100) que Correa "ha insultado a la prensa y a los periodistas" y eso lo presenta como "riesgos" contra la libertad de expresión. En cambio, ignora en sus cuentas las veces que los medios sipianos y sus periodistas estrella han dicho "samba canuta" del Jefe de Estado. Lo uno, para estos relatores sipianos es "ejercicio de la libertad de expresión, que está en peligro"; y lo otro "una agresión contra esa libertad" ¡Qué tal!

Lo anecdótico de esta información, es que los sabios relatores dicen que "Esa situación (de amenaza) también pudiera generar que la prensa se autocensure" como que si los medios sipianos nunca hubiesen usado la autocensura y la censura directa en la diaria información.

Todo el mundo sabe que los medios impresos y los medios audiovisuales del sistema, siempre han tenido "amigos de la casa" (los preferidos para entrevistas, para consultas, etc) y "enemigos de la empresa" para tipificar a todos aquellos que, por cualquier razón, generalmente ideológica, han pasado a formar parte del index que cada medio ha elaborado a su querer. Así que la censura y la autocensura han existido, existen y existirán siempre mientras exista el sistema que lo proteja.

En estos tiempos, el panorama descrito a través de unos pocos casos, lo que nos rebela es que los medios comerciales coinciden sin rubor en posiciones antagónicas frente a procesos políticos, económicos y sociales de cambios, que se vienen dando en nuestros países. Desde hace rato, se observa una manipulación informativa generalizada en contra de todo proceso de cambios o de transformaciones, por más mínimos que sean. El sistema imperante, (a través de sus medios comunicacionales) no quiere correr riesgos frente a la posibilidad de que las masas hambrientas y marginadas de nuestras sociedades, en procesos violentos o no, empiecen a minar los intereses del gran imperio y de las burguesías criollas. No hay que olvidar que la gran prensa sipiana depende en altísimo porcentaje, de las "generosas fuentes de financiamiento" que tienen el título de "marketing" o de publicidad pagada. Y está claro que los sectores sociales en proceso de transformaciones y demandas, no tienen ni para su diario sustento; peor para pagar espacios de publicidad en tales medios. Y se da la incongruencia, en nuestros países, que la publicidad estatal, sigue alimentando con millones de dólares a sus verdugos.

Alberto Maldonado es periodista ecuatoriano.



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ENTERRADOS VIVOS EN SUPERFICIE

Alfredo Grande (APE)

."perdóname José Martí, pero para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cardo y hortiga cultivo, nunca más la rosa blanca"

(aforismo implicado)

 

Encuentran vivos a mineros enterrados en Chile e inician rescate Copiapó - El gobierno chileno logró hoy tomar contacto a través de un pequeño ducto con los 33 mineros enterrados a 700 metros de profundidad en el desierto de Atacama."Estamos bien en el refugio los 33", rezaba una carta escrita con tinta roja encontrada en una perforadora por las autoridades, quienes iniciarán ahora la fase de rescate final que tardará meses."Estoy bien, gracias a Dios. Espero salir pronto, paciencia y fe. Dios es grande y con la ayuda de mi Dios vamos a lograr salir con vida de esta mina, aunque tengamos que esperar meses", escribió el minero Mario Gómez, en otra misiva recibida por los rescatistas."Bueno Lila (esposa) espero poder comunicarme. Estoy sintiendo nuevamente la máquina del sondaje, ojalá que esta vez llegue", agregó el obrero de 63 años, en la carta que el propio presidente Sebastián Piñera entregó a su mujer en las afueras del mineral."No lo podía creer, aunque sabía que él es muy fuerte, desde los 12 años él es minero. Yo le dije varias veces que se retirara del trabajo", retrucó la esposa de Mario Gómez, convertido en líder de los trabajadores. (Chile), (dpa)

 

"Lo mas importante. Los títulos". Este ritual informativo de TN, el noticiero estrella de uno de los sistemas de poder en la Argentina, encierra una demoledora sentencia: ser es ser para los títulos. Si no te han titulado, dejás de ser. La existencia, ese modo de producción histórica del ser, se organiza en titulares. Que además, siendo muchos, no pueden ser demasiados. Porque la función metacomunicativa de un titular es enterrar a todos las demás formas de existencia que podrían ser titulares. Pero no lo serán nunca. El diario, o sea el título, no hablará jamás de ti. "Di como y que titulás y te diré quien eres"- La obsesión por las salideras, título permanente, entierra el interés por las "entraderas". El análisis de los mecanismos por los cuales al salir se cometen delitos, entierra la circunstancia de que estos delitos ya están planificados mucho antes del entrar y mucho más antes del salir. Pero así son los títulos. Generosos escotes de la cultura represora, para potenciar el morbo pero sin posibilitar la descarga deseada. Ahora los que tienen que salir son los mineros. El análisis de porque fueron enterrados quedarán para el después del después. El vacuo interrogante de porque en la mina había una sola entrada, cuando por la sagrada seguridad invocada siempre en vano, el mínimo son dos entradas y dos salidas. Seguirán enterrados en 700 metros bajo tierra, equivalente a por lo menos 8 edificios de 10 pisos. Demasiado. Pero los titulares señalan una y otra vez que los esfuerzos de estos cuatro meses estarán destinados a posibilitar una salida digna. Es decir, con vida. 33 personas que tienen el horizonte cercano de sostener estrategias de supervivencia, asistidos por la moderna tecnología que intenta solucionar las catástrofes que ella misma genera. En otros términos: enterrados vivos con una promesa de vida terrena, aunque no eterna. Alejados de las pesadillas terminales del Kurz, el submarino nuclear que sostuvo monolíticamente su condición de última morada. Sin embargo, hay enterrados vivos que no tendrán en 4 meses, ni en 4 años, ni en 4 días, ninguna posibilidad de salir de su entierro. Están enterrados en superficie, caminan el mismo suelo que todos caminamos, aunque, señalarlo en necesario, en diferentes latitudes y con diferentes calzados. Algunos, no pocos, también calzados con diferentes armas, porque sabemos que la marginalidad, la exclusión, el exterminio, el sufrimiento y el desagarro cotidiano y nocturno, no es el mejor terreno para cultivar la rosa blanca. Doscientos pibes por mes que caen por el paco, en la guerra nunca declarada, abatidos por las mismas armas con las cuales intentaron, sin lograrlo, pelear la otra guerra: la del hambre, el frío, la soledad, el dolor, el presente eterno por un futuro amputado. Enterrados vivos. Sin ninguna operación de rescate en marcha. Con Madres en Lucha que intentan sacarlos de ese entierro sin ninguna tecnología sofisticada. Y sigue el contagio que no es virósico, no es bacteriano, es el contagio por el peor de los agentes patógenos: la cultura represora del exterminio blanco y silencioso. Todos saben que no se trata de adicciones. Todos saben que el paco es una estrategia de exterminio: cerebral, psíquica, social. No hay mejor asesino que un muerto. Enterrados vivos, en superficie, no tienen inscripta la diferencia entre estar vivo y estar muerto. Solo mueren los vivos, los que ya están muertos apenas son moribundos. Ni siquiera. Errantes eternos al este de todos los paraísos. Ni siquiera matan para vivir, siguiendo el mandamiento de la selva. Matan porque ya murieron, de todas las maneras que morir se puede. Ya ni siquiera importar anunciar esas muertes. No habrá titulares que los señalen como dignos de ser noticia. Es que no lo son. Alguna vez serán enterrados para siempre en las fosas de cárceles, blindajes psiquiátricos, establecimientos asilares media estrella. Aptos para los estrellados del sistema. Dicen que son miles los enterrados vivos deambulando en las tierras del Conurbano Bonaerense. Dicen que todos son imputables, y dicen que ninguno es recuperable. En 4 meses no serán desenterrados. Muchos de ellos, en 4 meses, en 4 años, serán enterrados muertos. Si lo que tuvieron se puede llamar vida, de todas maneras se terminó. La última salidera. De la entradera que los mantuvo enterrados vivos desde los 4 o 6 años, nadie hablará. Después de todo, ni somos tan derechos, ni somos tan humanos. 27 años de democracia y allá están, en superficie, enterrados vivos.



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Venezuela: Una triste, lamentable e impresentable oposición va directa a otro fracaso

Martín Guédez (especial para ARGENPRESS.info)

Una oposición desmadejada, amorfa, mutilada, informe, apátrida, sin voluntad ni fuerza, enredada en su propia falta de nervio, aliento y motivos éticos, se dirige, casi inevitablemente, hacia la entrega total de sus propios espacios. Un proceso de alineación lento pero firme, mediante el cual los partidos políticos han ido enajenando su derecho a la dirección política en favor de unos cuantos plutócratas dueños de medios que a su vez obedecen el libreto proveniente del amo imperial para la desestabilización y eliminación del gobierno democrático y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

Eso es lo que el pueblo venezolano y el mundo pueden ver con la actitud de estos grupos ante el proceso electoral del 26 de septiembre. Ante la suma de garantías de transparencia ofrecidas por el Consejo Nacional Electoral, refrendada por todos los representantes y técnicos de esos mismos partidos, se empeñan en arrojar sombras sobre el árbitro electoral. Ya no hablan del satélite ruso, del cisne negro, del informe Hausmann, de la teoría de los topes o de las cien mil pruebas de Tulio Álvarez, el "disco duro" de Pablo Medina, o las pruebas "irrefutables" de Ramos Allup, argumentos todos ellos cansosamente esgrimidos en procesos anteriores. Ahora el problema no es el cambio de los resultados a favor del gobierno. Ahora es el supuesto ventajismo que las fuerzas revolucionarias exhiben al mostrar un músculo que –a pesar de todos los medios de desinformación a su servicio- no logran igualar y ni siquiera invisibilizar.

Las garantías ofrecidas por el CNE ponen de manifiesto que cualquier grupo político, por muy desconfiado y hasta torpe que pueda ser, no puede atribuir a estas cuestiones la causa indudable de una derrota que presienten con horror. Allí se dilucidan todas las dudas. Las garantías de auditoria posterior del comprobante físico en las cajas de votación y el funcionamiento impecable de las máquinas debería zanjar toda duda. Sin embargo no es así. No lo es porque esa no es la estrategia del amo imperial. Lo que habría sido satisfactorio para cualquiera sin cartas bajo la manga no lo es para un comando que tiene claro lo que planea. En el plan no existe la derrota democrática de las fuerzas revolucionarias. Ni ahora ni en Diciembre de 2012, ni nunca. El libreto pasa por otros caminos. Pasa por el asalto al gobierno por cualquier medio. Se inscribe en la misma estrategia que aplicaron en Abril de 2002, en Diciembre de 2002, en las guarimbas, en los paramilitares o en actos de terrorismo. Pasa por la creación de un escenario que provoque o justifique una acción desestabilizadora, alzamientos militares o acciones de "resistencia".

Estos cascarones vacíos en que convirtieron a sus partidos no tienen fuerza ni voluntad para resistir el poder de quienes pueden cerrarles las "ventanas", a través de las cuales mantuvieron apariencia de vida: Los medios de la plutocracia criolla y mundial. El CNE debería tener claro que no importa cuantas concesiones se les haga, siempre plantearán otras nuevas. Porque el objetivo no pasa por las mesas electorales. Allí, sin importar cuantas garantías se les brinde, se saben derrotados de antemano. Mal que bien conocen el pulso del país. Saben perfectamente que van a una derrota cantada. Derrocharon un capital político en una población que hoy no cree en ellos ni quiere saber nada de ellos.

¿Qué les queda?, les quedan los medios, les quedan los auxilios económicos de la NED, de la USAID y la CIA. En definitiva les queda mucho y no les queda nada. Les queda mucho, porque es mucho el daño que pueden causar con sus estrategias macabras. Pero no les queda nada, salvo seguir las instrucciones de la única estrategia en la que ponen la "carne en el asador" los gringos, que sí saben de "cabellos porque es su especialidad". Les queda el libreto del terror que paralice. Se pliegan a esta macabra estrategia dirigida por los medios privados -verdaderos centro de aplicación del plan conspirativo- o se quedan sin nada. En ese dilema se encuentran. Se saben sin pueblo, sin militancia, no pueden desconectarse de la ilusión virtual de seguir existiendo. Es improbable que puedan adoptar una actitud de independencia respecto del verdadero poder de la oposición. Si no la ponen a la entrada la pondrán a la salida. Si tuvieran los arrestos de marchar al proceso electoral del 26-S, el país los verá, -como los vio la mañana del 16 de agosto de 2004, los verá volver a su redil, a la pomada, al escándalo. Gritarán ¡FRAUDEEEE!, sin una prueba. No la necesitan. Para tener razón se requieren argumentos para gritar sólo un micrófono y unos medios. Donde manda capitán (EE.UU.) no manda marinero (Oposición). Y punto. Esa, creo, es la que nos espera en esta batalla. Pero este pueblo rebelde los volverá a derrotar.


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¿Es independiente la justicia sueca?: Las acusaciones contra el directivo de Wikileaks

Ernesto Tamara (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

 

El pasado viernes a las 21.20 horas, la fiscal Maria Häljebo dictó una orden de aprehensión en ausencia contra Julian Assange, la cara visible del sitio de internet Wikileaks, y el sábado por la tarde la jefe de fiscales, Eva Finné, dejó sin efecto la medida, aunque aclaró que se seguía investigando al sospechoso por "acoso sexual".

 

La acusación inicial fue muy diferente al modo en que generalmente se realizan estas acusaciones, se dio amplia publicidad a la denuncia se entregó a la prensa el nombre del acusado, además, en el documento de la acusación se establecía el mayor grado de sospecha, cuando la policía parece haber asegurado alguna prueba. La denuncia repercutió inmediatamente en toda la prensa del mundo y la retirada de la orden de detención llegó mucho después que los titulares de todos los noticiosos habían dado amplia cobertura el caso. Por supuesto que la retirada de la orden no llegó con igual velocidad a todos los medios. Según la prensa sueca, ya el sábado, en el buscador google, la noticia de la orden de captura había superado el millón de visitas.

 

Wikileaks se ha dado a conocer al rebelar información clasificada de Estados Unidos, especialmente documentos, videos y fotografías sobre la guerra en Irak y Afganistán. Recientemente reveló parte de miles de documentos sobre la guerra en Afganistán, y tiene previsto publicar otros 15.000 documentos que había reservado para eliminar nombres o elementos que pudieran comprometer la seguridad de funcionarios. La revelación de los documentos sobre Afganistán provocó el enojo de la Casa Blanca y del Pentágano, que prácticamente acusaron de traidor y de poner en peligro vidas norteamericanas con esa divulgación. El Pentágono inició además una campaña para tratar de impedir la publicación de los nuevos documentos.

 

Esta amenaza había sido realizada antes, en ocasión de otras publicaciones, por ejemplo el video donde se muestra a un helicóptero disparando sobre civiles en una plaza en Irak, por lo que Wikileaks comenzó a utilizar servidores en Suecia para evitar una confiscación de los mismos.

 

Una rápida acusación

 

Dos mujeres de diferentes ciudades, según la policía, efectuaron denuncias contra Julián Assange, la cara visible de Wikileaks. Una de ellas, residente en Estocolmo, confesó después a un diario capitalino, se presentó a la policía no para hacer ninguna denuncia, y sostuvo que en la conversación con la policía aceptó que tuvo sexo consentido con Assange, pero dijo que después se sintió acosada. Según sus palabras, la policía forzó la declaración y ellos mismos efectuaron la denuncia. Otra mujer de Enköping habría sido la que denunció la violación. Sin embargo, al retirar la orden de detención, la fiscalía descarta esa denuncia, y asegura que se mantiene la investigación por acoso sexual.

 

El ex fiscal y conocido panelista en programas de debate de la televisión sueca, Sven-Erik Alhem, sostuvo en una entrevista en el diario Dagens Nyheter, que la fiscalía tiene mucho que aclarar a Suecia y el mundo sobre su proceder.

 

Alhem apunta a que la primera orden de la fiscalía sostiene que existe sospecha muy fuerte sobre la acusación de violación, y horas, después, sin que hubiera pasado nada en ese tiempo, descarta esa denuncia. También indica como extraño el accionar de la fiscalía al publicar la orden de captura "con bombos y platillos", especialmente cuando es ausencia del sospechoso, lo que permite que evada la policía.

 

"Cuando este tipo de cosas sucede, y donde está involucrada un persona famosa en todo un mundo, se necesita un fiscal que explique y enderece esos signos de interrogación" en el proceder de la Fiscalía, sostuvo Sven-Erik Alhem, que ahora es presidente de la Asociación Víctimas del Crimen.

 

Por otra parte la Fiscalía dio una débil explicación sobre el retiro de la acusación. En su sitio en internet, apenas dijo que había otros elementos para modificar la denuncia inicial, y sólo eludió la responsabilidad en la divulgación del nombre del sospechoso. Según la nota oficial, "normalmente la Fiscalía no revela públicamente los nombres de los sospechosos y no tomó la iniciativa de darlo a conocer. La información sobre la denuncia llegó a una redacción de noticias –de una forma que las autoridades no conocen-. La Fiscalía sólo confirmó la información".

 

Una justicia muy pro norteamericana

 

El proceder de la fiscalía volvió a cuestionar la independencia de la justicia sueca, especialmente cuando las acusaciones provienen de organismos norteamericanos. Más allá de la inocencia o culpabilidad de Assange en la denuncia que se mantiene –de acoso sexual- es evidente que la Fiscalía actuó de manera irresponsable y con el ánimo de dar la mayor publicidad posible a la acusación.

 

Para muchos ciudadanos del mundo, que no le llegará la noticia completa, la cara visible de Wikileaks es un posible violador, y que cometió el crimen en el país que le dio cobijo para publicar y reservar sus fuentes. Cuando en los próximos días, Wikileaks publique los 15.000 documentos sobre Afganistán como había anunciado, irán acompañados de sospecha y desprestigio. Quizás ese haya sido el objetivo de la divulgación apresurada de la denuncia, y quizás de todo el proceso.

 

No sería la primera vez que la justicia sueca actúa apresuradamente y obviando leyes locales, cuando la acusación proviene de Estados Unidos. Durante la administración de George Bush, y aún bajo el gobierno socialdemócrata en Suecia, la fiscalía aceptó las acusaciones de "terrorismo" contra residentes en Suecia. Debido a ello cerró una oficina de cambio de un ciudadano etiopíe, aunque años después no pudo probar la acusación de terrorismo. Lo mismo suecedió con una organización palestina que recaba dinero y materiales para enviar a Gaza, también bajo la acusación proveniente de Estados Unidos de que el dinero financiaba actividades de Hamas.

También aceptó detener un entregar a agentes de la CIA, en uno de los ya famosos vuelos secretos de traslado de prisioneros, a dos egipcios detenidos en el país. La policía sueca entregó los detenidos a agentes de la CIA en el aeropuerto de Estocolmo para que fueran trasladados a Egipto, un país donde casi no hay extradición desde Suecia por la posibilidad de que sean torturados. La ley sueca prohíbe las deportaciones a países donde exista el riesgo de torturas.

 

Este caso de Assange puede estar también en la misma línea de "obediencia" a Washington. En declaraciones al diario sensacionalista Aftonbladet, la figura visible de Wikileaks dijo que había sido advertido de que el Pentágono podía iniciar una campaña de desprestigio, incluso denuncias sexuales. Assange dijo desconocer quienes eran las denunciantes, y aseguró que "lo que puedo decir es que nunca, ya sea en Suecia o en cualquier otro país, he mantenido relaciones sexuales que no sean mutuamente consentidas".



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VENEZUELA: PLAN PARA AVANZAR EN REVOLUCION. el socialismo, un largo y complejo proceso

Edwin Sambrano Vidal (especial para ARGENPRESS.info)
 
Las experiencias socialistas son una fuente de enseñanza sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no se debe hacer. Si hay algo que nos enseñan todas las experiencias socialistas es que el proceso de transición o simplemente la transición es un proceso largo y complejo. Esto es que alcanzar una sociedad libre de explotación, dominación y alienación no es un simple acto.


Nos acostumbramos a oír desde nuestra niñez, que algún día llegaría la revolución, similar al anuncio del juicio final; esto es, un momento, un evento determinado y determinante a partir del cual todo sería diferente. En la religión el momento de enfrentarse a la verdad celestial, a lo infalible y eterno que nos juzga y de ello esperamos que nos absuelva o nos condene. En la política, la revolución es el momento del triunfo definitivo de la justicia y para los socialistas esquemáticos el momento de la abolición de las causas de la explotación, la miseria y la ignorancia; la eliminación de cuajo de las causas de la desigualdad: La supresión de la propiedad privada capitalista. A propósito de propiedad privada capitalista, este concepto no es igual a propiedad privada simplemente. La primera es la propiedad privada sobre los medios de producción para producir mercancías mediante el trabajo asalariado y la explotación y la apropiación de la plusvalía (esto es apropiación por parte del capitalista del mayor valor del producto a partir de la intervención de la fuerza de trabajo que portan los trabajadores y que aplican a los demás factores en el proceso de producción masiva de mercancías). La otra, la propiedad privada simplemente, es el dominio material y jurídico que ejercen las personas sobre determinados bienes para su uso o consumo, la cual identificamos normalmente como propiedad privada personal o familiar y generalmente no tiene propósitos mercantiles ni de producción en serie.

 

Capitalismo Liberal y Capitalismo de Estado

 

La comprensión de estos conceptos es vital para la comprensión del proceso mediante el cual se produce la implantación del socialismo. El capitalismo liberal supone la existencia de la propiedad privada capitalista sobre todos o la mayoría de los medios de producción y, en consecuencia, el control absoluto y directo de los capitalistas sobre todo o casi todo el producto nacional. En Venezuela, tal situación del capitalismo liberal nunca se ha presentado y especialmente, desde el siglo XX lo que ha existido es un capitalismo de Estado en el cual, el Estado es propietario de importantes medios de producción y de vida que son administrados por el gobierno y las instituciones políticas en beneficio principalmente de los grandes capitales nacionales y extranjeros asociados con el capital imperialista. Esto quiere decir que, mediante la toma del gobierno pueden comenzar a administrarse en beneficio de los trabajadores, los sectores medios y el pueblo en general. Mientras en el capitalismo de Estado se favorece la acumulación de sectores capitalistas tradicionales y en parte de nuevos grupos capitalistas cercanos al partido en el gobierno; en un gobierno revolucionario definido por el socialismo se quebranta esta línea de acumulación y mediante la decidida y consciente participación de los trabajadores y la colectividad en la dirección del proceso productivo se garantiza el aumenta la capacidad de producción del sector estatal de la economía a través de un uso más racional de los recursos, el aumento de la calidad del producto, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias y un mayor aporte al plan de desarrollo nacional con fácil acceso de la población a los productos a través de las redes de comercialización y del precio en caso de que salgan a la venta, o a través de las redes de distribución social en caso de que se proceda a la asignación de los mismos para la satisfacción de necesidades sin la participación del mercado.

 

Regla de oro

 

En cualquier caso, siempre, es indispensable que se aumente la producción, que mejore la calidad el producto y que se disminuya el costo del mismo (a eso llamamos uso más racional de los recursos y factores de producción), todo lo cual se hará mediante una organización y una gestión democrática del proceso productivo que implica la participación consciente de los trabajadores y de sectores de la colectividad a la dirección productiva.

 

El ejemplo empieza por casa

 

Tales logros de un gobierno revolucionario definido por el socialismo solo serán posibles en la medida en que sea capaz de ponerlo en práctica en las empresas de propiedad estatal. En Venezuela, ya lo hemos dicho, la producción y el procesamiento del petróleo, la producción de aluminio, la explotación del hierro, la más grande siderúrgica del país. Se encuentran bajo el régimen de propiedad pública y existen grandes factorías que requieren ser manejadas productivamente y bajo los criterios anteriormente expresados. La prioridad del Gobierno, en esta materia, debe ser la de poner a producir estas empresas hasta su máxima capacidad, diversificar los productos mediante el procesamiento del petróleo, el oro, el acero, el aluminio, el hierro y otros minerales no ferrosos, instalando plantas procesadoras de propiedad pública y promoviendo, si fuere necesario la instalación de otras con capital mixto o privado, en aquellas áreas no reservadas al dominio de la nación. Toda esta política económica debe estar sustentada en el respeto y consolidación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, en el impulso de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas privadas y mixtas, en la implantación de una gestión democrática en las empresas de propiedad pública en la cual se incorpore a sectores de la colectividad, además de los trabajadores (Obreros, técnicos, profesionales, empleados administrativos).

 

Escala de prioridades

 

De allí que sea de capital importancia que se establezca con claridad una escala de prioridades a fin de evitar que se use la expropiación, la "nacionalización" o la compra de acciones de determinadas empresas con fines contrarios al desarrollo nacional y a la articulación de una economía productiva.



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SISTEMATICOS, LOS EXCESOS DEL EJERCITO

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 25 de agosto.- El análisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ejército que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos–; sembrar evidencias para pretender involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional.

La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero sí realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una política general y no de un comportamiento personal anómalo de los involucrados.

Particularmente la recomendación 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ejército, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente habían recogido a los delincuentes.

Al respecto, la recomendación señala: "en el correo electrónico de imágenes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León, refirió que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llevó a cabo la inspección del vehículo marca Yukón color gris, dentro del cual se encontró lo siguiente: (…) un fusil automático, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matrícula borrada; así como una carabina, calibre .223-5-56 mm, marca Bushmaster, modelo XM15-E2S, matrícula L262834".

Y más adelante indica: "…en el acta de fe ministerial e inspección cadavérica realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador metálico, sin presencia de cartuchos, no observándose el número de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso tenía en su miembro superior izquierdo …un arma de fuego metálica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matrícula L262834".

La recomendación concluye: "…del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos".

En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos más relevantes son la ubicación de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Martín y Bryan Almanza Salazar –se halló entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado–, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.

Respecto a la ubicación de la camioneta, el documento de la CNDH señala: "…en el correo electrónico de imágenes número 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisión Nacional, se manifestó lo siguiente:

"…5. Al término de la agresión se efectuó la revisión del lugar de los hechos, ubicándose tres vehículos, en el orden que se citan, localizando en su interior:

"a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identificó como V6, indicando que venía procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompañaba su familia; localizándose también en el interior del vehículo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Martín Almanza Salazar, quien falleció en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un vehículo color rojo."

Sobre el particular, la recomendación asienta: "…esta Comisión Nacional observó que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificación de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificación de Martín Almanza Rodríguez, padre de los menores, quien conducía el vehículo), de que la camioneta en que viajaban había sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar sólo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, éstos les indicaron que los lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica a Miguel Alemán, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (…) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (…) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo".

(En otros documentos del Ejército referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)

También, para simular que la familia fue víctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos habían sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendación de la CNDH señala: "…en relación con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las víctimas y, además, en el dictamen pericial de la Comisión Nacional se indica que, en relación con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del vehículo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biológicos (manchas hemáticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada".

En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observación casi idéntica, y en el de los estudiantes señala: "Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigación del caso materia de esta recomendación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien negó parcialmente la información solicitada para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos".

Así, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuraduría General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es más difícil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos…



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CENTRALIDAD DEL TRABAJO: HACIA UNA NUEVA ECONOMIA POLITICA

Juan Francisco Coloane

Los 33 mineros atrapados en una mina en Chile no se imaginan quizás que su tragedia reimpulsa el debate de la transformación esencial.

Lo de esencial es el generar una nueva cultura laboral que apunte hacia la formación de una nueva interpretación de la economía política que se conoce hasta el momento con la implantación del ajuste a las economías en la década de los años 80, que deriva en la contracción del enfoque social y humano del crecimiento económico.

En América Latina se insiste repetidamente en diferentes círculos en el plan de la innovación y la reforma del Estado. Se debería comenzar por reconceptualizar la función trabajo, en una nueva dimensión de la economía política. Aunque hoy huela a marxismo y duela, Keynes cambió la faz de la economía política colocando en su centro al empleo en la crisis del 29.

No existe razón objetiva de peso que impida superar la sectorialidad con que se abordó el tema trabajo (o empleo), desde la reorganización institucional adoptada por los países a partir de la desestabilización producida por la Segunda Guerra Mundial.

Es cuando las burocracias se restablecen privilegiando la especificidad de intereses y de la naturaleza y formas de la producción. Como que la organicidad de la naturaleza propiamente tal, viéndola a través de la crudeza de la guerra, se haya desplazado al campo de la administración pública como la alternativa más obvia de organizar un estado maltratado por cuantiosas pérdidas.

De allí que las carteras de la administración, en una mayoría de países en vías de desarrollo acoplados a los diseños de administración europeos o norteamericanos, comenzaron a ser modeladas con una fuerte impronta sectorial. Los países que se descolonizaron en los años 50, 60 y 70, mantuvieron en general el sistema de administración colonial.

Hay sectorialidades que son obvias como es el caso de la agricultura, la pesca y lo forestal, o la misma minería, que hoy pareciera ser el sostén de la identidad nacional con la inyección emocional que produce la tragedia de los 33 mineros.

Educación y Salud en la apariencia son dos divisiones obvias porque la esencia y el volumen de los quehaceres los hace funcionar en forma separada, en una visión acostumbrada a la taxonomía funcional.

Sin embargo, Educación y Salud deberían ser dos reparticiones técnicas integradas en una gran unidad administrativa y conceptual. Si hay dos funciones de la administración pública que deben marchar imbricadas y con programas conjuntos, sobretodo en la parte de la prevención y la promoción, esas deberían ser salud y educación. Pero no es así y tal vez nunca estén integradas, por la inercia de conceptos establecidos y el escaso atrevimiento.

La sectorialidad de Trabajo es otra materia. Si el componente Trabajo es en toda su magnitud la base fundamental del producto de una nación, no debería porqué asignársele un tratamiento sectorial como si fuera un sector más de la administración. Este tema ha estado en tabla en más de algún foro internacional de agencias, con todo, es tan poderosa la influencia de la economía política enfocada en el libre mercado como eje del funcionamiento, que a pesar de las crisis cíclicas continúa a pie firme, porque en fondo no hay una fuerte demanda por un cambio sistémico.

Reposicionar trabajo en un lugar central en el manejo de la economía, sería una aproximación a ese cambio. Trabajo debería ser una repartición pública de igual importancia y porqué no mayor a la de la Hacienda Pública. Podría constituir una repartición con atribuciones políticas vinculadas estrechamente a la gestión presidencial.

Después de más de medio siglo de posicionar la cartera del trabajo -en una mayoría de países con sistemas republicanos similares en el mundo-, en un nivel de reducción sectorial técnica confinada a temas de demandas laborales y de seguridad, proponer su redimensionamiento a un nivel político similar al de la hacienda pública, puede sonar irrisorio y hasta banal.

Sin embargo, si las tasas del empleo son tan dependientes del manejo de la hacienda pública, y el empleo, al final de cuentas, es un factor primordial en los vaivenes políticos de los países, no existe razón alguna para que la cartera del trabajo esté confinada a un espacio sectorial, por debajo de las políticas de la hacienda pública. Conceptualmente tampoco tiene sentido, y cuando el tema se ha levantado en los foros internacionales se privilegia el status quo.

Trabajo, o empleo, para usar un término más acotado, es la ontología del ser. Desde Keynes hacia delante se comenzó a saber que una nación en la senda del progreso es aquélla que genera empleo bien remunerado y a raudales. Está el tema tan keynesiano de la identidad y la protección nacional a partir de una masa laboral satisfecha viendo un horizonte con menos imprevistos.

La cartera de la hacienda pública, que administra y propulsa la riqueza de un país, debería funcionar como en un mecanismo de dos pinzas en consonancia con la cartera del trabajo.

Esto significa revisar de raíz los actuales principios de la economía política que se ha visto avasallada por el peso ultra gravitante del sector especulativo de la economía.

Como el empleo productivo, en el sentido del circuito manufacturero, se desplazó hacia el Asia, y países con un costo inferior de mano de obra respecto a los países más desarrollados, trabajo como una categoría esencial de la economía política, perdió su centralidad, desplazándose a un rol de variable dependiente, o a un sector de la administración del estado que funciona como un efecto de variables más determinantes.

Es una paradoja. El sistema capitalista depende en un 100% de la variable laboral, o sea TRABAJO. Aún así, la relega a un rol secundario a la hora de configurar la economía política.



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COSTA RICA: LA FORMA MAS BAJA DE LA AGRESION MILITAR

Por Luis Roberto Zamora

El 1 de julio de 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en virtud de un expirado "Acuerdo de Cooperación", procedió a autorizar que un ejército de soldados de la marina norteamericana realizara labores de policía en el país. Pequeño detalle, Costa Rica abolió el ejército en 1949 y desde entonces no se han conformado fuerzas militares nacionales.

Costa Rica es un país mundialmente reconocido por su naturaleza, su estabilidad política y democrática en una región de conflicto, su beligerancia en la protección de los derechos humanos y su pacifismo neutral y desarmado.

Costa Rica atraviesa su historia independiente alejada de los conflictos de poder en la región, salvo esporádicas excepciones, incluida la invasión norteamericana de 1856. El país crece a la par de sus índices de desarrollo humano, los cuales rozaban los niveles del primer mundo para la época de 1980.

En 1949, luego de la última conmoción interna, se establece la nueva república, con una constitución que prohibía el ejército y delegaba exclusivamente en las fuerzas civiles de policía la "vigilancia y mantenimiento del orden público". El país se dedicó a promover los derechos humanos, firmándose en San José, en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ardiente guerra fría se extendió al istmo centroamericano, y en medio de la presión de los sandinistas nicaragüenses y los "contras" entrenados por la CIA, el entonces Presidente Luis Alberto Monge procedió en noviembre de 1983, a declarar la neutralidad perpetua y no armada de Costa Rica frente a conflictos bélicos de otros Estados, lo cual permitió al país mantenerse en paz en medio de las guerras y los conflictos vecinos, procurando mantener los índices de desarrollo en una región que colapsaba.

Recientemente, y en medio del proceso de destrucción del aparato judicial que el gobierno de Oscar Arias pusiera en práctica (actualmente el país se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parcialidad judicial a favor del expresidentes Arias, sus familiares y sus políticas), Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en reconocer y declarar el derecho a la paz. Dicha situación tan especial fue el resultado de dos casos presentados por el autor ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El primer caso se refiere al apoyo que el gobierno de Costa Rica diere a la coalición que invadió Irak en el 2003. En dicha sentencia, la Corte anuló el apoyo por considerar que violaba la neutralidad en su condición de acto unilateral, violaba la Carta de las Naciones Unidas y violaba un principio fundamental "de la identidad costarricense" como lo es el "valor" paz. Nunca antes una corte anuló el apoyo que un gobierno diere a una invasión.

El segundo caso se refiere a un decreto emitido por Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, mediante el cual autoriza la extracción de torio y uranio, la elaboración de combustible nuclear y la fabricación de reactores nucleares "para todo propósito". La Corte anuló la parte del decreto impugnada, reconociendo la existencia de un derecho a la paz, el cual había sido violentado por el Estado con dicho decreto, en virtud de la relación directa de dichos elementos con el "anti-valor" de la guerra.

Dicho derecho a la paz, impone obligaciones positivas y negativas para el Estado. Positivamente, DEBE promover la paz a nivel internacional, negativamente, debe abstenerse de autorizar actividades relacionadas con la guerra, incluso el ingreso, fabricación, compra, venta, almacenaje, importación, exportación, etc., de ítemes, bienes o servicios hechos o pensados con la intención de ser utilizados en una guerra. Tal y como la misma Corte Constitucional lo manifestó.

Aparte de ésta historia costarricense, el mundo se ha visto afectado por múltiples problemas, siendo el narcotráfico uno de ellos. Desgraciadamente en el mundo actual, con los políticos actuales y su forma de conducirse en lo que Platón llamaría "el arte de gobernar", han convertido los problemas reales de la sociedad en "excusas de seguridad" para la consecución de sus fines económicos o hegemónicos imperialistas.

Costa Rica, a pesar de las obligaciones legales adquiridas, no ha sido excepción a la regla. Simplemente han necesitado unos pocos gobiernos títeres y serviles suficientemente dispuestos a hacer lo que sea por su propio bienestar, y el de sus jefe, atropellando y destruyendo los logros y reivindicaciones conseguidas por el pueblo soberano en luchas democráticas y dentro del marco de la institucionalidad.

El permiso legislativo otorgado, se basa en un acuerdo de patrullaje marítimo conjunto entre Estados Unidos y Costa Rica que, además de haber terminado en octubre del 2009, nunca autorizó el ingreso de militares, y sólo permitió transportes del servicio de guardacostas.

No obstante lo anterior, la Asamblea Legislativa autorizó el ingreso de 12,207 soldados estadounidenses y 46 buques militares. 45 de ellos artillados. 43 de ellos buques de guerra clase "Oliver Hazard Perry". Los buques traen consigo 180 helicópteros Sikorski Blackhawks de categorías SH-60 y MH-60, helicópteros diseñados primordialmente de guerra antisubmarina, guerra submarina, guerra antisuperficie, guerra especial naval, búsqueda y rescate de combate, entre otros.

En adición a la exorbitante suma de 180 helicópteros, se autoriza el ingreso de 10 aviones McDonnell Douglas (Boeing) AV-8B Harrier II, el cual es un avión de ataque terrestre (¿para operaciones en el mar?) los cuales pueden incluir: metralladoras GAU-12 Equalizer de 25 mm, 4 lanzacohetes LAU-5003 con capacidad para 19 cohetes CRV7 de 70mm cada lanzacohetes, 6 misiles AGM-65 Maverick o 2 AGM-84 Harpoon o 2 AGM-88 HARM. Pueden incluir también bombas de racimo CDU-100, bombas sin guía Mark 80, bombas Paveway guiadas por láser o bombas de NAPALM Mark 77.

El permiso además incluye 2 portaviones clase "Wasp de ataque anfibio", los cuales son específicamente buques de asalto.

TODA la lista de buques, aeronaves, helicópteros y soldados citada se refiere a ítemes pensados y diseñados para ser utilizados en una guerra, razón por la cual no pueden ser utilizados en nuestro país, so pena de violar la obligación negativa del Estado de rechazarlos, en perjuicio y violación del Derecho a la Paz.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica dice que no hay problema porque su país no enviará dicho equipamiento. Dos cosas. La primera, no le creo al embajador norteamericano ni aunque de ello dependa mi vida. La segunda, el problema no es lo que los norteamericanos envíen, el problema es doméstico, sobre lo que se autorizó a entrar y operar.

A pesar de las limitaciones legales existentes en el país y a pesar de la obligación constitucional de delegar en policía civil la vigilancia y observancia del orden público, la servil asamblea legislativa, dominada por los partidos de gobierno, se sirve de tablero de ajedrez para los juegos militaristas norteamericanos.

Como costarricense, lo más triste de la situación, además de la destrucción de nuestra historia, es, que vamos a militarizar el país con ejércitos extranjeros, para proteger la droga colombiana y el petróleo venezolano que los norteamericanos tanto quieren (si Estados Unidos quisiera eliminar el problema de las drogas, atacaría el problema donde se cultivan las drogas, o en los países más cercanos al de producción. La "lucha antidrogas" no es más que una excusa para fines ulteriores), para que, en caso de combate, se libre en suelo del país de paz, que sin ejército y con neutralidad permitirá y facilitará el regreso de las guerra fría de la que los Estados Unidos tanto necesita para su supervivencia.

Es un asco, para mí, la más baja y ruin forma de agresión militar en tiempos modernos.

Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en su ciudad natal de Heredia, Costa Rica. Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, ha litigado en promoción del Derecho a la Paz, logrando su reconocimiento constitucional en el 2008. Previo a ello, acudió exitosamente a la Corte Suprema para obligar a su país a retirar el apoyo dado a la coalición invasora del Irak. Desde el año 2005 ha participado en foros y conferencias en promoción del Derecho a la Paz, incluyendo el Foro Mundial de la Paz de Vancouver 2005, el Foro Social Mundial del 2007 en Nairobi, las 62 Conferencia UN DPI sobre desarme, en México en el 2009, la Conferencia sobre el 60 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre desarme nuclear del 2010 en París, entre otras. Paralelo a su trabajo como abogado litigante, Zamora realiza su actividad judicial a favor de la paz de manera gratuita y autosuficiente. Actualmente participa como experto en el derecho a la paz y desarme nuclear en distintos foros internacionales.

 



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