MANIFIESTO DEL MSICG

Manifiesto del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco en el marco de la conmemoración número 65 de la Revolución de octubre

En esta plaza, se encuentra presente la dignidad del pueblo de Guatemala, los verdaderos hijos de la Revolución de Octubre de 1944, más que participantes de una conmemoración, somos autores de las exigencias de los ideales que impulsaron las acciones de los dos únicos gobiernos revolucionarios que ha tenido este país, los que hicieron posible una primavera democrática y que intentaron construir una democracia real, participativa e incluyente.

Durante los 10 años de revolución, el gobierno, impulsado por el pueblo, nos entregó un Código de Trabajo que reconoció garantías para el trabajador y trabajadora e instituciones para defenderlas, superarlas y hacer del proceso productivo un instrumento de desarrollo que, a pesar de todos los ataques e incluso de las afirmaciones del actual Ministro de Trabajo que asegura que se trata de un Código muerto, es aún considerado por la OIT una de las mejores legislaciones de trabajo de la región.

El proceso revolucionario también constitucionalizó los derechos de las mujeres otorgándoles el estatus de ciudadanas que les había sido negado por tanto tiempo, fomentó la educación a través de la autonomía Universitaria y la implementación de las escuelas tipo federación y la salud como pilares para lograr el trabajo decente a través de la creación del IGSS.

La Revolución de Octubre creó también el Banco de Guatemala, como un instrumento de apoyo a la actividad productiva de la población, para garantizar las condiciones de crecimiento de las pequeños productores, agricultores, comerciantes, trabajadores y habitantes de escasos recursos para que contaran con un sistema bancario que sirviera de instrumento para su dignificación económica y no como opera actualmente, como un instrumento al servicio de la especulación y fijación de los porcentajes de extorsión que condenan a la pequeña y mediana producción y al pueblo en general a doblegarse ante los grandes capitales.

En esa época, bajo el gobierno de Jacobo Arbez Guzmán, se impulsó la reforma agraria integral con ánimo de asegurar una justa distribución de los medios de producción y convertir a los trabajadores agrícolas en usufructurarios vitalicios de parcelas y cooperativas en fincas, mediante esta reforma se prohibieron todas las formas de esclavitud y servidumbre y las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, así como el pago en arrendamiento de la tierra y el repartimiento de indígenas. El aumento de campesinos e indígenas propietarios de la tierra llevó paulatinamente al aumento de los salarios en el campo. En este marco también coadyuvó la promulgación de la Ley de arrendamiento forzoso.

La Revolución era un proyecto de patria, no la imposición de la finca - empresa que tenemos ahora, era un proyecto soberano, en todos los sentidos, empezando por reconocer la inclusión de los pueblos indígenas de Guatemala como un elemento fundamental de un proyecto de nación y de democracia incluyente.

La realidad que nos motivó al pueblo a hacer la revolución, no está muy lejos de la realidad que vivimos ahora, después de 23 años de democracia formal; un país de barbarie, de exclusión y sin ley. En los últimos años 4,300 mujeres compañeras trabajadoras han sido asesinadas brutalmente sólo por el hecho de ser mujeres, 98% de estos crímenes se encuentran bajo total impunidad. 170 compañeros trabajadores del transporte público han sido asesinados en el 2009 y dejado en la orfandad a sus hijos y solas a sus esposas. Mientras esto sucede el Organismo Ejecutivo se sienta a negociar con los empresarios del transporte y a otorgarle jugosos subsidios para que puedan soportar la violencia, parece un juego macabro y servil pues mientras la violencia la pagan los trabajadores para los empresarios del transporte la misma en un negocio rentable.

Después de 23 años de democracia formal somos un país con gobernantes sin compromisos reales con los intereses de la mayoría de la población, sin independencia de poderes, un país en donde las voluntades se compran con cualquier precio, de intelectuales sin compromiso social, de un ejército represivo y cada vez más fortalecido por el Gobierno de la UNE, todos hemos sido testigos como este gobierno ha disminuido los presupuestos de salud y educación e incrementado el Presupuesto del Ejército, aumentado el número de militares, de destacamentos y militarizando las comunidades, tenemos un gobierno, en términos generales, ejercido desde la perspectiva de las necesidades de los capitales nacionales y transnacionales y sin voluntad política de realizar el ideal democrático de transformar la estructura económica, política y cultural para ponerla al servicio de las mayorías.

En términos generales a 55 años que nos fuera arrebatado el proceso revolucionario; el pueblo que hizo posible, sus garantías e instituciones, sigue padeciendo los mismos golpes, bajo los mismos argumentos e intereses que traicionaron la patria, con el agravante de que el actual gobierno, vía el despilfarro de recursos del pueblo, en medio de una constante campaña proselitista, pretende instrumentalizar este festejo y quitárselo al pueblo que le pertenece.

Guatemala está a punto de ser declarada un estado fallido. Tenemos un organismo legislativo totalmente comprometido con los intereses de los capitales nacionales y transnacionales y con la campaña política del gobierno de turno. Prueba de ello lo constituye la aplanadora que han creado en el Congreso el partido oficial de la UNE, el PAN, la GANA, PU y el FRG en donde a cambio de cualquier prebenda servida por el Ejecutivo se pactan los intereses más elementales del pueblo pilares de la democracia. Incluso como lo acabamos de ver el derecho del pueblo a tener un sistema de justicia independiente y eficiente. Recordemos bien como la UNE promovió la elección de Magistrados calificados de no idóneos para impartir justicia por la CICIG, por el MSICG y por la sociedad civil. Al final de todo la UNE pese a los señalamientos de la CICIG amparada por la Corte de Constitucionalidad y los bloques con los cuales cogobierna deja a 3 vetados propuestos por ellos dentro de la Corte Suprema de Justicia, esto evidencia el secuestro que existe y que impulsa este gobierno del sistema de justicia guatemalteco y que al final de cuentas se reflejará en resoluciones judiciales en contra de los trabajadores y favor del capital y de los intereses cercanos a este gobierno y su familia política… ¿En dónde quedó entonces el deseo de los gobiernos revolucionarios de que sentiríamos el respaldo poderoso de la ley que nos dignificaría sin necesidad de andar buscando favores personales ni simpatías de ocasión?.

Actualmente tenemos un Ministerio de trabajo y previsión social que se niega a fiscalizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de los diferentes centros de trabajo denunciados por el MSICG, especialmente las fincas de los grandes terratenientes, las maquilas, las condiciones de trabajo de los compañeros del sector informal de la economía, las dependencias del Estado, etc. Un Ministro de trabajo que en compañía de la familia política del Presidente de la República y, según se dice, con recursos públicos promueve la división y penetración del Movimiento sindical autónomo, del movimiento campesino y del movimiento indígena y muy particularmente se ha enfocado por acción u omisión en eliminar física y formalmente al MSICG, referente de los intereses de la clase trabajadora del país. Al MSICG le han sido asesinados ya 32 compañeros durante el régimen de gobierno de la UNE, sin que ninguno de estos asesinatos se esclarezca. Es un secreto a voces que el gobierno financia movilizaciones de organizaciones afines a su régimen dispuestas a negociar los más fundamentales derechos de los trabajadores y del pueblo, son estas organizaciones precisamente con las que el gobierno se sienta en las mesas de diálogo que no son otra cosa más que una caricatura y mecanismo de evitar que haya críticas al gobierno y de validar los compromisos y pactos que este gobierno ya asumió con el sector empresarial del país. No es casual que el sector empresarial permanezca en silencio y que los medios de comunicación salvo honrosas excepciones se pronuncien sobre la problemática del país.

Hoy estamos reunidos frente al IGSS, instituto en el cual al menos al 90% de trabajadores y trabajadoras se les niegan sus derechos laborales incluso el acceso a la seguridad social pues se les contrata en total violación a las leyes de trabajo por contratos civiles como el denominado 029, 021, 022 y todos los ceros que podamos imaginarnos.

Este instituto que debería hoy dar seguridad social al 100% de la Población a penas la otorga al 19%, buena parte de esta problemática se debe a la politización y desfinanciación que se ha hecho del IGSS. El Estado de Guatemala bajo total impunidad tiene actualmente una deuda aproximada de 16 mil millones de quetzales con el IGSS en su calidad de empleador y Estado, las municipalidades una deuda de aproximadamente 365 millones de quetzales y la iniciativa privada una deuda de aproximadamente 538 millones de quetzales. Para coronar esta impunidad el IGSS se ha negado a proporcionarle al MSICG la información relativa a los deudores específicos del IGSS a pesar que desde el momento en que se es deudor del Estado la información por mandato de ley debe ser de conocimiento público.

Frente a este panorama de corrupción e impunidad la principal iniciativa del gobierno de la UNE es que los trabajadores paguen más cuota para poder sostener el IGSS y que se aumente la edad de la jubilación. Vale la pena decir con total indignación que esta moción ha sido también promovida por supuestos dirigentes sindicales que desde el puesto de representación de los trabajadores han representando solamente sus intereses, sin defender a la clase trabajadora a cambio de algunos viajes y aumento de las dietas.

Todas y todos aquí nos preguntamos ¿por qué los trabajadores y trabajadoras de este país somos los que pagamos impuestos y no los dueños del capital?, ¿por qué los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos que pagar con nuestros salarios que ni siquiera nos alcanzan para comer la deuda impune que el Estado de Guatemala, los empleadores y las municipalidades tienen con el IGSS?, ¿Por qué ya nadie habla de los Q350 millones de quetzales que se perdieron del IGSS y de los Q 82 millones de quetzales que fueron desviados del Congreso de la República?.

Y qué podemos decir de los compañeros del sector agrícola quiénes continúan trabajando en condiciones de sobre explotación, sin acceso a la seguridad social, a la organización sindical, a las leyes del trabajo, quienes laboran los 8 días a la semana durante más 12 horas diarias con sus familias, incluidos niños, niñas y mujeres, mujeres que no perciben ninguna remuneración por el trabajo que desempeñan o que perciben la mitad o menos de los salarios que perciben los hombres, de esos trabajadores que son obligados a consumir drogas para laborar, según los empleadores, más competitivamente, empleadores sin escrúpulos ni ética que aduciendo la actual crisis económica y social que no ha tocado al agro están cobrándole la renta del lugar donde viven los trabajadores dentro de las fincas descontándola del salario. Qué sucede con este 1.6 millones de trabajadores agrícolas a los que el Presidente de la República decidió unilateralmente negarles un ajuste al salario mínimo y la fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales más elementales, a quienes se les expulsa de sus tierras, se les queman sus siembras y se les manda a la cárcel.

¿Y dónde está la reforma agraria integral?. ¿Qué sucede con los compañeros trabajadores del sector informal quienes son desalojados, golpeados y asesinados en manos de fuerzas de seguridad del Estado a quiénes se les roban sus instrumentos de trabajo en los desalojos y las 88,000 trabajadoras de la maquila que no gozan de condiciones de trabajo diferentes a las del sector agrícola sólo que en la ciudad o sus cercanías? No olvidemos que el Presidente de la República ofreció a los empresarios de la maquila 175 millones de quetzales para enfrentar la crisis, la gran pregunta es ¿Estos 175 millones de quetzales cambiaron las condiciones de explotación de las trabajadoras de la maquila? Y no olvidemos tampoco que por allí viene el Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial por Decreto.

¿Qué sucede con los derechos de los pueblos indígenas en cuyas tierras se instalan empresas de exploración y explotación minera sin consulta, sin haberse hecho previamente los estudios de impacto ambiental y programas que garanticen la protección de la madre tierra? Sólo en lo que va del año han sido asesinados por lo menos 3 compañeros por reclamar sus derechos a la tierra y recursos naturales, y otra decena se encuentra en prisión por los mismos motivos incluido el compañero Ramiro Choc. No cabe la menor dudar que hay una total falta de voluntad política para poner fin a esta problemática ejemplo de ello son las mesas de diálogo infructuosas que obligatoriamente ha impuesto el gobierno, los estados de excepción y militarización de las comunidades impuestas cuando las poblaciones se han atrevido a reclamar la vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos indígenas, basten como ejemplos el caso de San Juan Sacatepequez y el Estor.

Este gobierno aduce que no ha otorgado licencias Mineras sin embargo el 12 de Febrero de 2009 otorgó a Perenco Guatemala Limited el Contrato de servicios petroleros para operar de emergencia en 27,307 hectáreas de Alta Verapaz y Petén, desde su toma de posesión ha otorgado 9 licencias definitivas para la utilización de bienes de dominio público para centrales hidroeléctricas, y sin agotar la lista recientemente aprobó la Franja Transversal del Norte que afectará a miles de compañeros campesinos e indígenas quiénes no fueron consultados y cuyas comunidades están siendo militarizadas. Esto a pesar de que el MSICG, en su lucha ante OIT logró una contundente recomendación de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el sentido de que no se debía autorizar proyecto alguno de exploración o explotación de recursos naturales o proyecto alguno de desarrollo sin la consulta efectiva y de buena fe de los pueblos afectados por los mismos.

Para esta última concesión jugó un papel vital la aplanadora construida por la UNE en el Congreso sólo que esta vez no pagó el ejecutivo la transacción sino que, según se dice a grandes voces, algunos inversionistas que hasta tomaron nota de quién votó en el Congreso a favor de dichos proyectos para después hacer unos cuantos cheques. Pero como dijo el Presidente de la República no hace mucho tiempo: La UNE tiene un Plan si los campesinos, sindicalistas e indígenas queremos otra cosa que hagamos nuestro partido, ganemos las elecciones y gobernemos.

Pero esto no debe extrañarnos lo puntualizado hasta aquí, extraño sería que los mal llamados padres de la patria presentaran y aprobaran las 7 propuestas de iniciativas de Ley impulsadas por la clase trabajadora del país a través del MSICG, la iniciativa de Ley de desarrollo Rural promovida por Plataforma Agraria y respaldada por el MSICG y la iniciativa de Ley de reformas a Ley de Electricidad promovida por el sindicalismo del sector eléctrico del país con respaldo del MSICG.

¿De qué soberanía hablamos cuando UNION FENOSA violenta los derechos de sus trabajadores, hace cobros arbitrarios a la población del interior del país y cuando esos pueblos se resisten son extorsionados mediante la privación del acceso a ese servicio esencial?

En otras palabras, después de 65 años de que se instaló el primero de los dos únicos gobiernos revolucionarios en este país, de un conflicto armado de más 36 años y de la firma de los Acuerdos de Paz la situación de las mayorías en Guatemala no ha cambiado. El pueblo está muriendo de hambre y a pesar que la clase trabajadora de este país genera la riqueza 51% de ella está en pobreza y extrema pobreza, el 80% es excluida socialmente, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional, 4 millones de niños trabajan en este país debido a la falta de condiciones decentes de trabajo de los adultos, y aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con contrato de trabajo, 80% no gana un salario acorde al Costo del a Canasta Básica Vital y 50% no gana tan siquiera el salario mínimo que tiene un déficit con el Costo de la Canasta Básica Vital de 137%, y las mujeres de este país son las más discriminadas de América Latina.

Ante este panorama hacemos un llamado al pueblo de Guatemala para que resurja el espíritu que impulsó la gesta de octubre del 44 tan indispensable para impulsar los cambios que se necesitan para resolver la problemática estructural del país. Dentro de ella la exclusión, desigualdad e injusticia social. Hacemos un llamado a la Unidad, a la lucha organizada y a reivindicar el poder y soberanía que nos corresponde como pueblo así como nuestro derecho a una Guatemala mejor

Aquí nadie se rinde

Aquí nadie se vende

No a la corrupción

No a la impunidad

No a la desigualdad e injusticia social

Por un trabajo decente

Por una verdadera democracia

 

MOVIMIENTO SINDICAL INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

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soy como el clavo, que aun viejo y oxidado, sigue siendo clavo