TOMADO DE SENTIDO COMUN
13 de septiembre – En su oposición a las reformas electorales recientemente aprobadas, las dos televisoras nacionales, Grupo Televisa y TV Azteca, así como algunas cadenas radiodifusoras, echaron toda la carne al asador para intentar convencer a los legisladores de que los cambios que proponían a las leyes electorales no sólo eran incompletos, sino que además atentaban contra un bien fundamental de toda democracia: la libertad de expresión.
Usando a periodistas o comentaristas reconocidos, como Javier Alatorre, Pedro Ferriz de Con, Joaquín López-Dóriga, Sergio Sarmiento, Pati Chapoy y muchos más, las televisoras y las radiodifusoras dejaron en claro su disgusto y oposición por los cambios electorales que aprobó el Senado el miércoles, y que muy probablemente se conviertan en ley en las próximas semanas.
"Mi llamado es a esto, a que la libertad de expresión no sea víctima de modificaciones legales", dijo López-Dóriga, el principal conductor de noticieros de Televisa, durante el encuentro que tuvieron periodistas, conductores y ejecutivos de los medios electrónicos con diversos senadores.
Para los representantes de la industria y para algunos de los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, las reformas, que entre otras cosas prohibirían a los partidos políticos y a otras organizaciones, como las agrupaciones empresariales, comprar anuncios en radio o televisión durante las campañas electorales, podrían arruinar años de esfuerzos de las compañías por atraer y mantener a los televidentes, al obligarlas a donar parte del tiempo oficial a los partidos.
Además que, supuestamente, atentan contra la libertad de expresión de quienes desearían apoyar o criticar a algún candidato.
Si "van a meter una cápsula de tres minutos cada hora de un partido [político], van a arruinar la programación; nosotros vivimos del rating, de que el público, el ciudadano nos escuche, van a meter una cosa de tres minutos que no le interesa a nadie", dijo Rogerio Azcárraga, presidente de Radio Fórmula, uno de los grupos radiofónicos más importantes de México, con 108 estaciones en todo el país, durante el encuentro.
Si bien esa y otras preocupaciones, como la falta de una iniciativa para permitir las candidaturas independientes, tienen, para algunos analistas, cierto grado de validez y debieron incorporarse más al debate de la reforma, tienen también un problema de origen: las defiende una industria, principalmente la televisiva, que ante los ojos de muchos carece de legitimidad o credibilidad por el abuso que ha hecho de sus concesiones en el pasado y por los múltiples intereses económicos que ha tenido vinculados a los gastos de campaña de los partidos políticos, sus candidatos y organismos privados.
"Tienen una concepción tan cargada de soberbia y autocomplacencia, sobre todo por parte de TV Azteca, que están convencidos que basta lanzar una campaña contra la partidocracia y decir que están siendo agredidos para que los televidentes piensen en que es verdad", dijo Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una entrevista telefónica. "Yo no sé cómo los televidentes aprecian o decodifican este episodio. . . pero hoy hay un segmento suspicaz de la población que acude a otras fuentes de información y que contrasta la información que reciben con otros medios".
Un caso que para muchos es sintomático de cómo el duopolio televisivo ha abusado de su poder, lo que probablemente generó las limitaciones que han decidido imponer los senadores a los gastos de campaña, fue la aprobación que lograron Televisa y TV Azteca el año pasado de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley de Radio y Televisión durante las elecciones presidenciales.
Figuras políticas, como el senador Santiago Creel, han admitido que la aprobación de esas leyes, que su redacción inicial daba ventajas al duopolio televisivo nacional frente a la digitalización de las señales, se dio por la presión y los chantajes de las televisoras. Aparentemente, las dos compañías amenazaron a los partidos políticos y a sus candidatos con dejarlos fuera del aire si se oponían a los cambios durante los meses más álgidos de la contienda presidencial del año pasado.
La aprobación de la llamada Ley Televisa "comprobó la apreciación de que los partidos políticos en las contiendas electorales tenía que guardar pleitesía a las televisoras", dijo Trejo Delarbre. (Algunos artículos de la Ley Televisa ya fueron considierados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Frente a ese accionar de las televisoras, parece que los senadores optaron por cortar de tajo el elemento que brindaba mayor poder a las empresas de televisión en su relación con los candidatos y los partidos políticos: la publicidad de las campañas electorales.
Si la reforma electoral pasa por la Cámara de Diputados y posteriormente por los congresos estatales, pues conlleva cambios a la Constitución, quedará prohibida la compra de anuncios en televisión y radio con fines electorales por parte de los partidos políticos y de sus candidatos, así como de organismos privados, durante los comicios.
La prohibición reducirá el costo de las campañas electorales, pero más que nada eliminará el vínculo publicidad-política-televisión, que tanto daño provocó en la elección pasada, dijeron los analistas.
"Durante las campañas, había que sonreírles a los dueños de los medios y las reglas eran terribles. . . Si tenías que anunciarte en Televisa y TV Azteca, te pedían todo y te cobraban unas tarifas altísimas", dijo Vidal Romero, un analista político del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una de las universidades más prestigiadas en México, en una entrevista telefónica.
Romero, sin embargo, tiene dudas sobre las bondades de la decisión de los senadores por permitir sólo el uso de los tiempos oficiales para promover campañas electorales. Reconoce el entuerto que se creó con la publicidad partidista en las televisoras, pero tal vez la solución que han dado los senadores no es óptima.
"Las causas que quieren arreglar los legisladores son correctas, pero lo están haciendo de forma abusiva", dijo Romero. "Pareciera que estamos viendo pelear a un gángster contra otro gángster".
Romero, como Trejo Delarbre, no considera que la reforma atente contra la libertad de expresión, pues no impide que los periodistas puedan decir lo que quieran de los candidatos o de los partidos. Tampoco prohíbe el análisis o los debates en los medios de comunicación electrónicos.
El argumento de la libertad de expresión "no me parece tan válido", dijo el analista del ITAM. "No intervienen en noticieros, en contenidos; no te van a hacer nada por una entrevista, la legislación se refiere a contenidos pagados".
Algunos periodistas o conductores de televisión no está, sin embargo, de acuerdo.
"Mi preocupación es tremenda en relación a la libertad de expresión, que todos los que estamos aquí la hemos construido solitos, trabajando cada quien desde su tribuna", dijo Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando de TV Azteca, durante el encuentro con los senadores.
El problema es que, en este rubro, las dos televisoras tampoco tienen un buen historial como para erigirse en paladines de la libertad de expresión. Tan sólo este año, Televisa y TV Azteca abusaron de sus señales para denostar en supuestos reportajes periodísticos a la empresa Grupo Casa Saba, por ser un distribuidor de medicamentos con poder dominante, que supuestamente encarece los medicamentos que requieren millones de mexicanos.
Las dos televisoras, sin embargo, nunca revelaron en sus reportajes que se transmitieron repetidamente a lo largo de una semana que la familia Saba, propietaria de Grupo Casa Saba, había solicitado a las autoridades unos meses atrás abrir el mercado de la televisión, que al igual que el de los medicamentos, está controlado por un duopolio.
Para algunos, el intento de la familia Saba por participar en la industria televisiva mexicana fue lo que provocó la ira de Televisa y TV Azteca que, sin mucho respeto al uso apropiado de la libertad de expresión, lanzaron una campaña en contra de Saba a fin de, en apariencia, complicar su pretendida incursión en la industria de la televisión.
Ningún periodista de TV Azteca y de Televisa, muchos de los cuales expresaron su preocupación por un posible atropello a la libertad de expresión con la reforma electoral, renunció a su cargo por sentirse forzado por alguna de las dos televisoras a realizar un reportaje tendencioso y carente de una de las reglas básicas del periodismo: presentar todos los ángulos y puntos de vista de un asunto en el mismo reportaje.
Sergio Sarmiento, comentarista y periodista de TV Azteca, no respondió a un correo electrónico enviado por Sentido Común para conversar sobre este punto, mientras que Luis Niño de Rivera, vocero de la televisora, declinó una solicitud de entrevista.
Otros incidentes de años recientes también restan credibilidad, dijeron analistas, a la defensa que presentaron los periodistas de las televisoras en nombre de la libertad de expresión.
Tal es el caso de la falta de cobertura en los noticieros de TV Azteca y de Televisa de las acusaciones que lanzara Securities and Exchange Commission, el órgano regulador del mercado de valores estadounidense, contra Ricardo Salinas Pliego, presidente del consejo de administración de TV Azteca, en 2005 por un supuesto uso fraudulento de información privilegiada
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2007
Fecha de publicación: 13/09/2007
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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