Sen. Carlos Navarrete Ruiz
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República
P r e s e n t e
Estimado Carlos:
Ante la eventual aprobación por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de una causal más para permitir la interrupción del embarazo ha resurgido, como era de esperarse, la añeja y apasionada polémica que rodea el tema del aborto. Frente a ella has fijado una posición, entiendo que personal, a favor de realizar un plebiscito que resuelva el asunto, lo que me parece incorrecto. Estoy seguro, porque te conozco, del ánimo democrático que inspiró tu propuesta, de que no se trata de un ardid para evitar definirse en un tema de por sí escabroso, eludiendo así la confrontación con sectores e instituciones importantes y poderosas que, como es bien sabido, mantienen posiciones irreductibles en contra de cualquier propuesta que aumente el margen de despenalización; así lo acreditan, además, los argumentos que has esgrimido, favorables al contenido de la iniciativa, y el anuncio que hiciste respecto a que el PRD presentará una propuesta similar a nivel federal en el Senado. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, se comete el error de proponer que el Congreso evada su responsabilidad y le eche la bolita a la gente, cayendo en el grave precedente de que sea el voto universal el que defina la moral pública y la legalidad del ejercicio de un derecho, aunque éste esté en cuestión. En virtud de que estamos frente a un tema cuyo carácter apela a la propia conciencia y de que tu opinión sobre el mismo ya está en los medios de comunicación, me permito, con esta misiva, hacer pública la discrepancia que tengo contigo, lo que no obsta para que la discusión también se dé al interior de la dirección nacional del partido, instancia a la que ambos pertenecemos, con el mismo respeto con el que aquí lo hago.
Considero incorrecto llevar la despenalización del aborto a un plebiscito, pues de lo que en el fondo se trata es del reconocimiento de un derecho individual que hoy se ejerce masivamente en la ilegalidad, razón por la cual resulta también un tema prioritario de salud pública y equidad social. Los derechos no se votan; se reconocen. Realizar un proceso electoral, además de polarizar más a la sociedad con un tema que de suyo desata pasiones y enconos, devendría indefectiblemente en una elección entre morales, en la que la mayoritaria se impondría –una moral oficial-, lo que es insostenible en cualquier sociedad democrática, libre y tolerante que, por necesidad, debe reconocer ámbitos de decisión personal y derechos cuyo ejercicio no tiene porque estar sujeto a voluntades ajenas. Es la conciencia individual el espacio lícito y pertinente para la definición moral. Rebasar ese ámbito es caer en autoritarismo; promover que se sancione plebiscitariamente una moral particular es ejemplo inmejorable de lo que se puede entender por dictadura de la mayoría.
Una decisión de Estado en este problema que involucra a millones de personas no puede estar atada a ninguna moral por importante y extendida que ésta sea. Finalmente, miles de mujeres –la mayoría de ellas católicas- que en México interrumpen su embarazo diariamente seguirán haciéndolo a pesar de la ilegalidad del hecho y de que se les condene a los infiernos. Que los legisladores reconozcan esa realidad, con independencia de si se trata de una decisión popular o impopular, plenamente aceptada o controvertida, que cuente con la bendición papal o con la amenaza de excomunión a quienes lo hagan, es parte de su responsabilidad. Hacer lo correcto no es lo mismo que hacer lo rentable, aunque las encuestas sean hoy la Biblia de la clase política. Actuar conforme a principios y valores puede llevar a pagar costos altos, a enemistarse con sectores que sería importante tenerlos de aliados; pero bien vale la pena si se tiene en cuenta la magnitud del paso que se da cada vez que se triunfa sobre prejuicios sociales y estigmas morales. El avance de la tolerancia trae consigo beneficios públicos innegables. En efecto, las victorias culturales son, sin duda, las que cuestan más trabajo; pero, también sin duda, son las más trascendentes.
Por supuesto que sé que estamos de acuerdo en el diagnóstico del problema y del cómo enfrentarlo, en la necesidad de contar con una legislación adecuada que saque de los sótanos una labor masivamente practicada y evitar así la mortandad y esterilidad de un número importante de mujeres mexicanas por interrumpir su embarazo en condiciones insalubres, sin instrumentos idóneos ni personal capacitado, lo que normalmente coincide con la pobreza –las que tienen recursos sólo pagan el sobreprecio de la semiclandestinidad. Estoy seguro de que ambos consideramos absurdo el "argumento" de que la despenalización promueve la práctica del aborto, pues esa es una decisión difícil y extrema que no depende de tener permiso para llevarla a cabo. Junto con el reconocimiento de la libertad a elegir se debe buscar disminuir su incidencia en la Ciudad de México. Por ello la despenalización tiene que ir acompañada de políticas públicas que le den opciones a la mujer, de tal suerte que ésta cuente con condiciones que le permitan optar libremente por la maternidad. Esto significa apoyar a las embarazadas y madres recientes para obtener trabajo y protegerlas para que no lo pierdan; ayudarlas para continuar sus estudios en todos los niveles; establecer un sistema de guarderías extenso y profesional y un programa de adopciones eficaz y confiable; implementar campañas para que se avance en la aceptación social de las madres solteras, además, por supuesto, de intensificar las que existen para evitar embarazos no deseados, incluyendo la promoción del uso del condón y la distribución de la llamada "pastilla del día siguiente".
El punto de nuestra discrepancia es el método. Insisto, ni las morales ni los derechos deben votarse. Por eso sostengo que, de la misma manera que no se sometió a plebiscito la unión de parejas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tampoco se debe hacer ahora con la despenalización del aborto, aunque cabe esperarse un resultado favorable para la iniciativa. El Programa del partido es claro al respecto. El PRD no puede sino saludar la realización de una vieja demanda que responde a la causa justa de una sociedad que privilegia la libertad y el reconocimiento de derechos que generen equidad entre hombres y mujeres, y entre ricos y pobres.
Una última reflexión es que en este tema, y otros similares que tienen que ver con el valor de la libertad frente al estigma social, se delimitan muy bien los campos de la izquierda y la derecha. Finalmente, es importante que los mexicanos conozcan cuáles son los modelos de sociedad que están en juego y que tomen partido con base en ellos. Esa es una manera de centrar la atención en lo sustancial por sobre lo accesorio y salir de la camisa de fuerza del pragmatismo. Por lo mismo, creo que es tiempo de poner sobre la mesa y priorizar la agenda de las libertades y derechos que faltan por conquistar, ya sea jurídica o culturalmente.
Estando seguro que el debate basado en la argumentación racional –y más en un tema que no lo acostumbra- resulta siempre benéfico, sólo me resta expresar sin ambages mi reconocimiento a tu labor como coordinador de los senadores perredistas y reafirmar nuestra amistad. Un fuerte abrazo.
Atentamente
Fernando Belaunzarán
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