por si quieren participar en esta campaña de cartas de protesta por las agresiones a los sin tierra del brasil
Señora Yeda Crusius, M.D. Gobernadora do Estado do Rio Grande do Sul: governadora@gg.rs.gov.br
C/C Procurador Geral da Justiça Dr. Mauro Renner: pgj@mp.rs.gov.br
[los miembros de izquierda cultural de sonora], queremos, por medio de la presente, manifestar a Vuestra Excelencia nuestro mas vehemente repudio a la iniciativa del Estado Mayor de la Brigada Militar do RS – PM 2, a la iniciativa del Consejo Superior do Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, y a la iniciativa del Ministerio Público Federal, por los hechos indicados a continuación.
El día 20 de septiembre de 2007, periodo en el que actuaba como Subcomandante General de la BM Cel. QOEM, Paulo Roberto Mendes Rodrigues, éste envió el informe n. 1124-100-PM2-2007 cuya elaboración había sido por él dispuesta, al comandante general de la Brigada Militar, en el cual se emite una opinión sugiriendo que se tomen todas las posibles acciones para impedir que las tres columnas del MST que caminaban hacia el Municipio de Coqueiros do Sul, se encontrasen. En el informe hubo una investigación secreta acerca del MST, de sus dirigentes, el número de personas que lo integran y su actuación en Rio Grande del Sur. El informe fue enviado al Ministerio Público del Estado de RS y al Ministerio Público Federal.
En dicho informe, la fuerza militar de Rio Grande del Sur caracteriza al MST y a la Vía Campesina como movimientos que dejaron de realizar actos típicos de las reivindicaciones sociales para orquestar actos caracterizados como acciones delictivas. En la conclusión del informe se condena "la corriente que defiende los ideales de que las acciones realizadas por los movimientos sociales no deberían de ser consideradas como crímenes, sino una manera legítima de manifestación". Las investigaciones también fueron direccionadas hacia la actuación de diputados regionales, alcaldes, miembros del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y supuestos extranjeros.
En función de esta acción de la Brigada Militar, el Ministerio Público Estadual ingresó con una ACP impidiendo a las columnas del MST ingresar a cuatro municipios de la comarca de Carazinho en Rio Grande del Sur, y se iniciaron varias acciones judiciales para intentar retirar a las niñas y niños de las familias que se manifestaban. Las iniciativas de la Brigada Militar no ocurrían en Brasil desde que terminó la dictadura militar brasileña, por lo que atentan en contra de la Constitución Federal de 1988 que prohibió a las policías militares actuar en investigaciones judiciales, de movimientos sociales y partidos políticos. El artículo 144 de la Constitución Federal establece que compete a las policías militares la función de policía disuasiva y la preservación del orden público. La Brigada Militar invadió las competencias de la policía Civil y de la policía Federal.
El día 3 de diciembre de 2007, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó el informe elaborado por el funcionario Gilberto Thums (processo nº 16315-09-00/07-9), referente al procedimiento administrativo aplicado por la disposición 01/2007. El grupo de investigadores tenía como objetivo buscar informaciones acerca del MST. El informe final del grupo de investigadores merece ser rechazado por toda la sociedad. Una de las decisiones tomadas por el Ministerio Público fue en el "(...) sentido de designar un equipo de Promotores de Justicia para promover acción civil pública con vistas a la disolución del MST y la declaración de su ilegalidad (...)"
Como si no fuera suficiente el intento de declarar ilegal al MST, el Ministerio Público decidió "(...) la intervención en las escuelas del MST con el fin de tomar medidas que serán necesarias para la reinstauración de la legalidad, en lo que se refiere al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST". La decisión del Ministerio Público atenta al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el articulo 22, nº 1. Este pacto fue reconocido por el Gobierno brasileño a través del Decreto nº 592, del 6 de julio de 1992. La decisión también atenta contra la Constitución Federal. El articulo 5º, inciso XVII, dice que "es plena la libertad de asociación con finalidades lícitas, vedada a las de carácter paramilitar."
El día 11 de marzo de 2008, el Ministerio Público Federal denunció a ocho supuestos integrantes del MST por "integrar grupos que tenían como objetivo el cambio del Estado de Derecho, del orden vigente en Brasil", practicar crímenes por inconformidad política", delitos estipulados en la Ley de Seguridad Nacional de la fallecida dictadura brasileña, refiriendo en su denuncia que los campamentos del MST constituyen un "Estado paralelo" y que los actos en contra de la seguridad nacional estarían recibiendo apoyo de organizaciones extranjeras como la Vía Campesina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de extranjeros que estarían a cargo del entrenamiento militar.
Las tesis que aparecen constantemente en la denuncia fueron formuladas por el propietario de la Hacienda Guerra, integrante de la organización de ganaderos FARSUL en 2005, y ratificadas por el Coronel de la Brigada Militar Valdir Cerutti Reis, integrante de la dictadura militar brasileña, quien actuó como agente infiltrado por un periodo de dos años en el campamento Natalino, utilizando el alias Toninho. Su labor era la de tratar de convencer a las familias acampadas a que abandonen el Movimiento y acepten parcelas de tierra ofrecidas por la dictadura militar en Lucas do Rio Vede, en Mato Grosso.
La acción del Ministerio Publico Federal contraría las conclusiones de la investigación judicial realizada por la Policía Federal que investigó al MST durante todo el año de 2007, y concluyó que no existen vínculos del MST con las FARC, ni la presencia de extranjeros que estén realizando entrenamiento de guerrillas en los campamentos del Movimiento, y la inexistencia de practicas criminales que atenten en contra de la seguridad nacional.
El MST se ha vuelto uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de Brasil, precisamente porque su opción de lucha es la no-violencia. Por lo anteriormente expresado, reciba nuestro más vehemente repudio por la decisión tomada en el Consejo Superior del Ministerio Público, por su Estado Mayor de la Brigada Militar y por la decisión del Ministerio Público Federal. Expresamos nuestro total apoyo a la lucha del MST.
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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/
http://pregonero.spaces.live.com/
C/C Procurador Geral da Justiça Dr. Mauro Renner: pgj@mp.rs.gov.br
[los miembros de izquierda cultural de sonora], queremos, por medio de la presente, manifestar a Vuestra Excelencia nuestro mas vehemente repudio a la iniciativa del Estado Mayor de la Brigada Militar do RS – PM 2, a la iniciativa del Consejo Superior do Ministerio Público del Estado de Río Grande do Sul, y a la iniciativa del Ministerio Público Federal, por los hechos indicados a continuación.
El día 20 de septiembre de 2007, periodo en el que actuaba como Subcomandante General de la BM Cel. QOEM, Paulo Roberto Mendes Rodrigues, éste envió el informe n. 1124-100-PM2-2007 cuya elaboración había sido por él dispuesta, al comandante general de la Brigada Militar, en el cual se emite una opinión sugiriendo que se tomen todas las posibles acciones para impedir que las tres columnas del MST que caminaban hacia el Municipio de Coqueiros do Sul, se encontrasen. En el informe hubo una investigación secreta acerca del MST, de sus dirigentes, el número de personas que lo integran y su actuación en Rio Grande del Sur. El informe fue enviado al Ministerio Público del Estado de RS y al Ministerio Público Federal.
En dicho informe, la fuerza militar de Rio Grande del Sur caracteriza al MST y a la Vía Campesina como movimientos que dejaron de realizar actos típicos de las reivindicaciones sociales para orquestar actos caracterizados como acciones delictivas. En la conclusión del informe se condena "la corriente que defiende los ideales de que las acciones realizadas por los movimientos sociales no deberían de ser consideradas como crímenes, sino una manera legítima de manifestación". Las investigaciones también fueron direccionadas hacia la actuación de diputados regionales, alcaldes, miembros del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y supuestos extranjeros.
En función de esta acción de la Brigada Militar, el Ministerio Público Estadual ingresó con una ACP impidiendo a las columnas del MST ingresar a cuatro municipios de la comarca de Carazinho en Rio Grande del Sur, y se iniciaron varias acciones judiciales para intentar retirar a las niñas y niños de las familias que se manifestaban. Las iniciativas de la Brigada Militar no ocurrían en Brasil desde que terminó la dictadura militar brasileña, por lo que atentan en contra de la Constitución Federal de 1988 que prohibió a las policías militares actuar en investigaciones judiciales, de movimientos sociales y partidos políticos. El artículo 144 de la Constitución Federal establece que compete a las policías militares la función de policía disuasiva y la preservación del orden público. La Brigada Militar invadió las competencias de la policía Civil y de la policía Federal.
El día 3 de diciembre de 2007, el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó el informe elaborado por el funcionario Gilberto Thums (processo nº 16315-09-00/07-9), referente al procedimiento administrativo aplicado por la disposición 01/2007. El grupo de investigadores tenía como objetivo buscar informaciones acerca del MST. El informe final del grupo de investigadores merece ser rechazado por toda la sociedad. Una de las decisiones tomadas por el Ministerio Público fue en el "(...) sentido de designar un equipo de Promotores de Justicia para promover acción civil pública con vistas a la disolución del MST y la declaración de su ilegalidad (...)"
Como si no fuera suficiente el intento de declarar ilegal al MST, el Ministerio Público decidió "(...) la intervención en las escuelas del MST con el fin de tomar medidas que serán necesarias para la reinstauración de la legalidad, en lo que se refiere al aspecto pedagógico y a la estructura de influencia externa del MST". La decisión del Ministerio Público atenta al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el articulo 22, nº 1. Este pacto fue reconocido por el Gobierno brasileño a través del Decreto nº 592, del 6 de julio de 1992. La decisión también atenta contra la Constitución Federal. El articulo 5º, inciso XVII, dice que "es plena la libertad de asociación con finalidades lícitas, vedada a las de carácter paramilitar."
El día 11 de marzo de 2008, el Ministerio Público Federal denunció a ocho supuestos integrantes del MST por "integrar grupos que tenían como objetivo el cambio del Estado de Derecho, del orden vigente en Brasil", practicar crímenes por inconformidad política", delitos estipulados en la Ley de Seguridad Nacional de la fallecida dictadura brasileña, refiriendo en su denuncia que los campamentos del MST constituyen un "Estado paralelo" y que los actos en contra de la seguridad nacional estarían recibiendo apoyo de organizaciones extranjeras como la Vía Campesina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de extranjeros que estarían a cargo del entrenamiento militar.
Las tesis que aparecen constantemente en la denuncia fueron formuladas por el propietario de la Hacienda Guerra, integrante de la organización de ganaderos FARSUL en 2005, y ratificadas por el Coronel de la Brigada Militar Valdir Cerutti Reis, integrante de la dictadura militar brasileña, quien actuó como agente infiltrado por un periodo de dos años en el campamento Natalino, utilizando el alias Toninho. Su labor era la de tratar de convencer a las familias acampadas a que abandonen el Movimiento y acepten parcelas de tierra ofrecidas por la dictadura militar en Lucas do Rio Vede, en Mato Grosso.
La acción del Ministerio Publico Federal contraría las conclusiones de la investigación judicial realizada por la Policía Federal que investigó al MST durante todo el año de 2007, y concluyó que no existen vínculos del MST con las FARC, ni la presencia de extranjeros que estén realizando entrenamiento de guerrillas en los campamentos del Movimiento, y la inexistencia de practicas criminales que atenten en contra de la seguridad nacional.
El MST se ha vuelto uno de los movimientos sociales más importantes de la historia de Brasil, precisamente porque su opción de lucha es la no-violencia. Por lo anteriormente expresado, reciba nuestro más vehemente repudio por la decisión tomada en el Consejo Superior del Ministerio Público, por su Estado Mayor de la Brigada Militar y por la decisión del Ministerio Público Federal. Expresamos nuestro total apoyo a la lucha del MST.
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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
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