CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La negociación del Paquete Económico para 2012 se verá dominada por la distribución de recursos para las entidades federativas, quienes ya advirtieron que quieren jugar un papel más activo en la discusión.
De acuerdo son el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, esta propuesta podría convertirse en la fuente de recursos propios más importante para las entidades.
Al igual que ocurrió en 2002, Hacienda propone para el siguiente año incluir en la Ley de Ingresos una disposición que faculte a los estados para establecer un impuesto estatal a las ventas finales de hasta 5%.
Sin embargo, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Mario Alberto Di Costanzo Armeta, anticipó que ese impuesto va a generar polémica en la Cámara de Diputados y es un mensaje a los estados para decirles "si quieres más dinero, cobra impuestos".
Aún cuando la propuesta no va en contra de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), porque no se maneja como tal, según explicó la SHCP, es un impuesto a las ventas que se trasladará al consumidor y para éste último sí va a operar de forma similar al IVA.
La limitada flexibilidad presupuestal de los estados y municipios de México ha encendido las luces de alerta, ya que este factor lleva a las entidades a contratar mayor deuda.
"Nosotros no vamos a aprobar una facultad así. Independientemente de que lo quieran hacer los estados, sería un principio de gravar alimentos y medicinas, porque si se pone un impuesto general a las ventas es como si gravaras los alimentos y cualquier bien o servicio va a poder ser sujeto de este impuesto", advierte Di Costanzo, diputado del PT.
Sería un impuesto indirecto, los cuales son de fácil administración, agrega, pero "va directamente a los bolsillos de los ciudadanos y se les está trasladando la carga de la deuda de los estados a los habitantes".
El panorama se complica aún más si los estados deciden no cobrar la tenencia a partir de enero de 2012, pues la merma para las finanzas estatales sería de poco más de 25,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec).
Con el tema de la tenencia "se está traspasando un poco la carga de la recaudación al fisco estatal, lo cual hará que tengan que empezar a evaluar qué acciones van a tomar porque va a tener distintos impactos", dice Pablo Noreña, socio de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de KPMG México.
Los secretarios de finanzas de todos los estados del país se reunieron el pasado martes en la Cámara de Diputados para pedir ser escuchados y tomados en cuenta en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 a fin de obtener más recursos.
"Hoy no es el día para estar discutiendo números, lo único que nos interesa señalar es la preocupación que hay desde los estados por una mejor distribución presupuestal", afirmó en su momento el secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta Cummings.
El paquete económico enviado el jueves pasado al Congreso de la Unión establece que para avanzar en materia de federalismo fiscal y fortalecer los ingresos fiscales de las entidades federativas, se propone habilitar el marco jurídico para que los estados puedan establecer un impuesto a las ventas y servicios en general, con una tasa máxima de 5%.
Los impactos de este gravamen se observarán desde el punto de vista del costo para las empresas que operen con menor margen de utilidades, además de que puede incrementar precios al consumidor final, pero también tiene que evaluarse adecuadamente y sobre todo por los Congresos locales el tema de la inversión. Noreña estima que este impuesto significará un reto a los Congresos locales. "Por un lado, tienen que recaudar más para evitar las consecuencias que hablamos, pero se tienen que seguir viendo atractivos para la inversión extranjera. La propuesta es un tope de 5% que dependerá de lo que diga el Congreso local".
De alguna manera sería como aplicar un IVA estatal, agrega José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
"Si el Gobierno federal está dispuesto a renunciar a que 5 puntos del IVA vayan a sus arcas y luego los distribuya entre los estados, sería exitoso. Pero si llega a representar cualquier tentativa de alza en impuestos no tendría éxito en la Cámara de Diputados", indica.
Además, De la Cruz resalta que el entorno político no da para crear impuestos ni aumentarlos, pese a que hay estados interesados en quedarse con esa captación, particularmente los más grandes, que tienen una alta venta final y se verían favorecidos, pero "no parece que sean un incentivo porque elevar impuestos sería complicado".
También les puede causar un problema en materia de recaudación, pues a la fecha los estados todavía no tienen la eficiencia del fisco federal en cuanto a fiscalización y cobro de impuestos.
Noreña, socio de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de KPMG México, considera que aún es prematuro evaluar si esta propuesta es positiva o negativa. "Hará que los estados tengan una mayor participación en la recaudación y eso es importante, porque de alguna manera van a empezar a incidir a que la base de contribuyentes se amplíe y que, a la larga, todos contribuyamos", señala. "Los impactos que pueda traer hacia los contribuyentes o las empresas van a ser interesantes".
De acuerdo son el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, esta propuesta podría convertirse en la fuente de recursos propios más importante para las entidades.
Al igual que ocurrió en 2002, Hacienda propone para el siguiente año incluir en la Ley de Ingresos una disposición que faculte a los estados para establecer un impuesto estatal a las ventas finales de hasta 5%.
Sin embargo, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Mario Alberto Di Costanzo Armeta, anticipó que ese impuesto va a generar polémica en la Cámara de Diputados y es un mensaje a los estados para decirles "si quieres más dinero, cobra impuestos".
Aún cuando la propuesta no va en contra de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), porque no se maneja como tal, según explicó la SHCP, es un impuesto a las ventas que se trasladará al consumidor y para éste último sí va a operar de forma similar al IVA.
La limitada flexibilidad presupuestal de los estados y municipios de México ha encendido las luces de alerta, ya que este factor lleva a las entidades a contratar mayor deuda.
"Nosotros no vamos a aprobar una facultad así. Independientemente de que lo quieran hacer los estados, sería un principio de gravar alimentos y medicinas, porque si se pone un impuesto general a las ventas es como si gravaras los alimentos y cualquier bien o servicio va a poder ser sujeto de este impuesto", advierte Di Costanzo, diputado del PT.
Sería un impuesto indirecto, los cuales son de fácil administración, agrega, pero "va directamente a los bolsillos de los ciudadanos y se les está trasladando la carga de la deuda de los estados a los habitantes".
El panorama se complica aún más si los estados deciden no cobrar la tenencia a partir de enero de 2012, pues la merma para las finanzas estatales sería de poco más de 25,000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec).
Con el tema de la tenencia "se está traspasando un poco la carga de la recaudación al fisco estatal, lo cual hará que tengan que empezar a evaluar qué acciones van a tomar porque va a tener distintos impactos", dice Pablo Noreña, socio de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de KPMG México.
Los secretarios de finanzas de todos los estados del país se reunieron el pasado martes en la Cámara de Diputados para pedir ser escuchados y tomados en cuenta en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 a fin de obtener más recursos.
"Hoy no es el día para estar discutiendo números, lo único que nos interesa señalar es la preocupación que hay desde los estados por una mejor distribución presupuestal", afirmó en su momento el secretario de Finanzas del Estado de México, Raúl Murrieta Cummings.
El paquete económico enviado el jueves pasado al Congreso de la Unión establece que para avanzar en materia de federalismo fiscal y fortalecer los ingresos fiscales de las entidades federativas, se propone habilitar el marco jurídico para que los estados puedan establecer un impuesto a las ventas y servicios en general, con una tasa máxima de 5%.
Los impactos de este gravamen se observarán desde el punto de vista del costo para las empresas que operen con menor margen de utilidades, además de que puede incrementar precios al consumidor final, pero también tiene que evaluarse adecuadamente y sobre todo por los Congresos locales el tema de la inversión. Noreña estima que este impuesto significará un reto a los Congresos locales. "Por un lado, tienen que recaudar más para evitar las consecuencias que hablamos, pero se tienen que seguir viendo atractivos para la inversión extranjera. La propuesta es un tope de 5% que dependerá de lo que diga el Congreso local".
De alguna manera sería como aplicar un IVA estatal, agrega José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.
"Si el Gobierno federal está dispuesto a renunciar a que 5 puntos del IVA vayan a sus arcas y luego los distribuya entre los estados, sería exitoso. Pero si llega a representar cualquier tentativa de alza en impuestos no tendría éxito en la Cámara de Diputados", indica.
Además, De la Cruz resalta que el entorno político no da para crear impuestos ni aumentarlos, pese a que hay estados interesados en quedarse con esa captación, particularmente los más grandes, que tienen una alta venta final y se verían favorecidos, pero "no parece que sean un incentivo porque elevar impuestos sería complicado".
También les puede causar un problema en materia de recaudación, pues a la fecha los estados todavía no tienen la eficiencia del fisco federal en cuanto a fiscalización y cobro de impuestos.
Noreña, socio de la Práctica de Seguridad Social y Remuneraciones de KPMG México, considera que aún es prematuro evaluar si esta propuesta es positiva o negativa. "Hará que los estados tengan una mayor participación en la recaudación y eso es importante, porque de alguna manera van a empezar a incidir a que la base de contribuyentes se amplíe y que, a la larga, todos contribuyamos", señala. "Los impactos que pueda traer hacia los contribuyentes o las empresas van a ser interesantes".
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