lunes, 21 de enero de 2008

Perú tiene un problema que muchos quisieran: ¿cómo distribuir la riqueza entre la población?

por Bob Davis
Dow Jones Newswires 
 

14 de enero – El gobierno peruano tiene un problema que muchos políticos quieren tener: no puede gastar todo el dinero que tiene disponible.

En el Banco de la Nación, de propiedad gubernamental, se han acumulado casi 3,000 millones de dólares, una suma enorme para un gobierno cuyos ingresos tributarios anuales son de cerca de 15,000 millones de dólares.

Las crecientes ventas de cobre, oro y gas natural llenan las arcas de Perú con regalías e ingresos tributarios. Eso hace que enfrente el mismo reto que muchos países en desarrollo que disfrutan del auge de las materias primas: decidir qué es lo mejor que puede hacer con estas enormes y repentinas ganancias.

Chile ahorra sus ingresos del cobre en un fondo para los "tiempos difíciles", cuando caigan los precios de las materias primas. Los países petroleros de Medio Oriente adquieren participaciones en empresas de Occidente. Venezuela está en medio de una serie de importaciones masivas, en tanto que Chad, un país africano mucho más pobre que produce petróleo, malgasta sus ingresos en corrupción.

El gobierno de Perú, un país donde cerca de la mitad de la población vive en el umbral de la pobreza, dice que su prioridad es distribuir la riqueza. Eso supone una decisión tanto política como económica. Los países cercanos de Venezuela, Bolivia y Ecuador están gobernados por presidentes populistas, ya que los electores rechazaron a los políticos que se consideraron cómplices de las élites. En Perú, un candidato populista perdió por estrecho margen en 2006.

"El principal problema de Perú", dijo el ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, "es lograr que el dinero del gobierno llegue al pueblo".

Desde 2002, la economía de este montañoso país de 29 millones de habitantes ha crecido a una sólida tasa anual de 5.9%. Pero, al igual que en muchas naciones pobres, la mayor parte de las riquezas ha ido a parar a las manos de quienes trabajan en las elevadas torres de oficinas y viven en los opulentos barrios residenciales.

En tanto, muchos habitantes del interior del país siguen sin electricidad o un sistema decente de servicios sanitarios. Para reducir la brecha, Perú ahora divide los ingresos mineros y de gas natural entre el gobierno central y las zonas periféricas.

Sin embargo, muy pocos municipios rurales han utilizado el dinero de manera eficiente. Las reglas gubernamentales exigen que el dinero se invierta sobre todo en infraestructura, lo que ha generado un ligero auge en la construcción de plazas de toros, estadios de fútbol y otros proyectos que representan votos para los alcaldes locales. Pero en términos generales, la mayor parte del dinero está en el banco.

Juan Valdivia, ministro de Minas en 2007, dijo que a grandes razgos los municipios gastaron apenas una tercera parte de lo que les correspondió.

Las reglas económicas del Perú están diseñadas para dificultar el gasto y asegurar la disciplina fiscal, como recordatorio de su penosa historia de hiperinflación, corrupción y centralización. Pocos alcaldes rurales y sus equipos de trabajo están preparados para diseñar proyectos, presupuestos, ofertas competitivas o para llevar a cabo una supervisión financiera adecuada.

En el pasado no necesitaban saber nada de eso para construir una cocina en la escuela local. Sin embargo, ahora se exige a los municipios adherirse a las complejas reglas de abastecimiento del gobierno central si desean construir grandes sistemas hidráulicos o escuelas preparatorias.

Para reducir la brecha de conocimiento, el gobierno del presidente Alan García ha recurrido al sector privado, pero eso no ha servido de mucho. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas recluta ahora a directores generales retirados para que enseñen habilidades ejecutivas en los municipios.

En 2006, el gobierno de García negoció la contribución "voluntaria" de 800 millones de dólares del sector minero, durante cinco años, en vez de un impuesto sobre utilidades extraordinarias, que se invertirá en proyectos rurales cerca de las minas. Como parte de su contribución, las minas de Buenaventura ayudaron a reconstruir varias escuelas en la región andina de Huancavelica.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), órgano del Banco Mundial, capacita a empleados municipales de la población de Baños del Inca, cerca de una enorme mina de oro en la parte norte de los Andes, para que puedan usar el programa de presupuesto y compras con el fin de cumplir con las normas del gobierno.

Los recursos de esta población, provenientes de su riqueza mineral, se dispararon de uno a 17 millones de dólares en los últimos cinco años, y el dinero se utiliza para mejorar los sistemas hidráulicos y de irrigación. No obstante, el pueblo sólo gasta la mitad del dinero que tiene disponible, dijo Javier Aguilar, gerente de proyecto del IFC, que está ampliando el programa de capacitación a otras cinco regiones.

Ante la frustración, el gobierno de García trabaja en un plan para gastar una tercera parte de los recursos mineros, ya sea en cheques para los residentes rurales o en obsequios para las comunidades locales. Ese dinero se desperdiciaría en un gasto excesivo y único.

"Eso sería demagógico", sijo Javier Díez Canseco, excongresista de izquierda. El dinero de la minería "debería generar proyectos económicos alternativos rentables a futuro".

El Banco Interamericano de Desarrollo tuvo una idea más segura. En 2003, pidió a Perú que depositara las regalías del gas natural en un fondo que sería manejado por una comisión independiente y que revisaría las solicitudes de financiamiento de los grupos comunitarios y municipios. Los proyectos no se limitarían a infraestructura.

La idea era que el dinero llegara de inmediato a los proyectos que valieran la pena y reducir la resistencia política. Sin embargo, el Congreso de Perú rechazó el plan, preocupado porque no recibiría el crédito por ese gasto, y aprobó un mayor pago de regalías a las localidades. Pero los requisitos burocráticos dificultaron el gasto de ese dinero.

El resultado: tras cinco años de auge económico, los pobres de las zonas rurales de Perú han visto muy pocos cambios positivos en sus vidas. Lo mismo sucede en otros países ricos en recursos naturales, lo que representa una posibilidad atractiva para los políticos populistas, desde el punto de vista potencial.

Traducido por Luis Cedillo

Editado por Juan Carlos Jolly

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