MIGUEL ANGEL AVILES
Los concesionarios del transporte urbano no dejan de quejarse del insuficiente apoyo financiero que reciben del gobierno; sin embargo, contrario a este tan recurrido pretexto que según ellos les impide cumplir con las obligaciones que les impone la ley y los compromisos adquiridos con las autoridades, en los últimos diez años han tenido acceso a créditos de por los menos 253 millones de pesos para mejorar y dignificar la prestación de este servicio.
Pero esto se convierte en un círculo perverso: Avalados por anteriores gobiernos, los concesionarios, cebados, solicitan créditos millonarios que no pagan; el Estado les ayuda a cubrir esos pasivos y, vuelta a lo mismo, avala nuevos créditos que tampoco pagan.
Y así hasta el infinito.
Este círculo también ha incluido al Congreso del Estado, quien a final de cuentas autoriza la solicitud de dichos créditos que , haciendo un recuento, a la fecha suman aproximadamente esos 253 millones de pesos..
Durante ese tiempo nadie se acuerda de la renovación del parque vehicular y de la reparación del mismo; por eso el servicio del transporte urbano en Sonora y, particularmente en Hermosillo, es quizá el peor de todo el País.
En los últimos años son al menos tres los decretos que han sido aprobados por las respectivas legislaturas, autorizando así la contratación de importantes créditos.
Según se justificaba, todo ese dinero se aplicaría en: la compra de unidades para sustituir las existentes en Hermosillo; la modernización del transporte urbano y suburbano en diversas ciudades del Estado y para cubrir las deudas de los concesionarios.
El imperativo: buscar rentabilidad y eficiencia en la operación del servicio, lo que se traduciría-otra vez el mismo cuento- en satisfacción para el usuario.
Para eso, precisamente para eso hubo generosos créditos y un aval o deudor solidario de por medio: el gobernador en turno.
La Historia
El 20 de Febrero de 1989 y siendo gobernador del Estado el Ingeniero Rodolfo Félix Valdez, se publicó el decreto que autorizaba la constitución de un fideicomiso público con patrimonio autónomo que permitiría renovar las unidades del transporte urbano del Estado, así como la organización de los concesionarios para abatir sus costos de operación y eficientar el servicio.
El fideicomitente sería el gobierno del Estado; el fiduciario el Banco Nacional de México. Y los fideicomisarios los concesionarios del transporte urbano "que manifiestan por escrito su conformidad y adhesión con los términos del fideicomiso que se constituya."
El patrimonio del fideicomiso estaría constituido con una aportación inicial del Gobierno del Estado y podría incrementarse con aportaciones gubernamentales y de terceros.
El Fideicomiso contaría con un comité técnico integrado por los secretarios estatales de Gobierno y Planeación, EL Tesorero estatal, el Director General de Transporte y representantes de los concesionarios.
Los funcionarios de gobierno del gabinete estatal, en el orden anterior, fungirían como presidente, vicepresidente, tesorero, secretario de fideicomiso. Los concesionarios tendrían las vocalías.
1992
El 29 de abril de ese año, mediante el oficio 463/92, el entonces Director General del Transporte, Bernardo Sánchez Ríos solicitó al Gobernador Beltrones Rivera, dar trámite ante el Congreso del Estado a la autorización para otorgar el aval al citado Fideicomiso, para operar un crédito con Banobras por 25 mil millones de pesos.
Esos recurso-se decía- estarían destinados a la compra de 200 unidades de transporte urbano para Hermosillo y a la reparación de 100 unidades del parque existe.
Una rápida operación muestra que esos 25 mil millones al tipo de cambio de ese año equivalen a poco mas de 8 millones de dólares, unos 80 millones de los actuales pesos.
Según el desglose, el crédito con Banobras fue convertido a un plazo de 60 meses y tendría los siguientes destinos:
-8 mil trescientos millones en la compra de 100 unidades tipo microbús, con las que se sustituirían a las unidades tipo combi que entonces operaban.
-15 mil millones de pesos se destinarían a la compra de otras 100 unidades tipo camión, para sustituir el parque vehicular de Hermosillo.
- Mil 700 millones de pesos para la restauración de 100 unidades.
- Mil 500 millones de pesos-capital del fideicomiso- entre efectivo en caja y documentos por cobrar-sería para pagar el costo total de este programa.
El 8 de Junio de 1992, Beltrones Rivera ,en su carácter de Gobernador de este Estado y su Secretario de Gobierno Roberto Sánchez Cerezo, previa anuncio del tesorero Alfonso Molina Ruibal, justifican la solicitud hecha por el fideicomiso y la remiten al Congreso.
Una semana mas tarde, El Congreso autoriza la contratación de deuda por 25 millones de pesos. Firma como presidente en turno de esa legislatura, un cercano colaborador de Beltrones Rivera: el entonces diputado Daniel Trelles Iruretagoyena.
1995
El 28 de Junio de 1995, casi tres años después del anterior decreto, el Congreso del Estado aprobó otra iniciativa del Gobernador Beltrones, para redocumentar la deuda del fideicomiso autorizada anteriormente.
La solicitud sería aprobada el mismo día que el gobernador la envió al Congreso.
Quienes la pusieron a consideración del pleno fueron los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y la Consultiva de Transporte Estatal, unidas compuesta por miembros de los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD: los diputados Héctor Larios Córdova. Sergio Cuellar Yescas, Julia Astrid Tapia Granillo, Victo Manuel Borbón Pablos, Raúl Romero Fontes y Oscar Armando Acuña Bravo.
Se autorizo así al Fideicomiso, la redocumentación de su deuda mediante "el mecanismo de amortización que mas convenga a sus intereses o mediante la celebración de convenios modificatorios de los créditos originales contratados, para realizar inversiones hasta por la cantidad de 33 millones 220 mil 283 nuevos pesos."
En este monto no se comprenden intereses, comisiones ni gastos, pudiendo solventar las obligaciones de pago en Udis.
Al Ejecutivo Estatal por su parte, se le autorizaba para concurrir a la celebración de los contratos con el carácter de deudor solidario, y, en su caso, para que otorgue su aval en los títulos de créditos respectivos, lo que significaba que en caso de que los beneficiarios del crédito no pagaran en los términos obligados, el Ejecutivo del Estado pasaría a responsabilizarse y pagar en su momento esa deuda, en detrimento, claro, de las arcas de Sonora. A la fecha no hay constancia pública de lo ocurrido en estos acuerdos, ni muchos menos se sabe a ciencia cierta quien tuvo que bailar con la fea a la hora de cubrir la deuda.
La iniciativa de decreto justificaba su solicitud, advirtiendo que dentro del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, se considera la redocumentación de la deuda pública de entidades y organismos estatales, como es el caso del Fideicomiso, con objeto de que puedan hacer frente a los efectos adversos del alza en las tasas de interés.
En este apartado, la iniciativa alude al decreto número 148 del 12 de Julio de 1993, autorizado por el propio Congreso para la contratación de un crédito con Banobras, destinado ala modernización del transporte urbano y suburbano. Aquí también fungía como aval el Gobierno del Estado; sin embargo, a decir de la iniciativa, en su operación el Fideicomiso trasmitía la posesión de las unidades a los concesionarios organizados, a través de un mecanismo de crédito similar al asumido por el Fideicomiso , de tal suerte que las tasas de interés que éste sufre, también la padecen los concesionarios y les repercute en su capacidad de pago y mantenimiento de las unidades.
Un mecanismo para reducir el servicio de la deuda del Fideicomiso, fue el Programa Crediticio de Apoyo a los Estados y Municipios establecidos por la SHCP y por la Asociación de Banqueros de México. Esto no significaba la contratación de nuevos créditos.
Según el artículo sexto de la iniciativa, la redocumentación de la deuda del Fideicomiso sería garantizada con los ingreso de los concesionarios y la garantía solidaria del gobierno del estado, con las participaciones que en ingresos federales le correspondan.
1999
Para el 4 de Junio de 1999, ya en la administración de Armando López Nogales, el pleno del Congreso recibió una nueva iniciativa del gobernador, solicitándole la expedición de un nuevo decreto que(deje) sin efecto el del 28 de junio de 1998 que, para cuestiones de registro e inscripción, ya resultaba extemporáneo de acuerdo a la normatividad de la SHCP.
La Tercera Comisión de Hacienda llevó el dictamen al pleno. En ella estaban- y aquí tampoco podrá deslindarse ninguno de los tres partidos- los diputados Carlos Ernesto Navarro López, José Inés Palafox Núñez y Miguel Francisco López Castro.
En resumen, se solicitaba autorizar al Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora, a contratar un crédito con Banobras un crédito hasta por 140 millones de pesos.
El fideicomiso cambiaba de nombre para efectos prácticos de mantenerlo como sujeto de crédito.
Los 140 millones de pesos eran para cubrir la deuda que los concesionarios mantenían con arrendadoras y empresas de factoraje financiero, específicamente: Arrendadora Financiera Margen, Microfín, Dinámica Profact y Mercedes Benz Leasing.
Se trataba de que los "paupérrimos" concesionarios tuvieran mayor solvencia financiera para cubrir la capitalización de intereses del periodo de gracia que en su caso se otorgara y, de existir un remanente, adquieran unidades nuevas.
También se pedía-vuelta a los mismo- la autorización para que el gobernador compareciera como deudor solidario y avalista de la operación de crédito correspondiente.
Para ello, el Ejecutivo Estatal afectaría-apoyado en la capacidad jurídica que tiene-las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan a la entidad.
Como el Congreso no puede "dejar sin efecto" sus resoluciones( no existe esa figura, aclaraba el decreto)se hizo necesario abrogar el decreto número 44, del 28 de Junio de 1998, aprobando el que, con fecha 10 de Junio de 1999, se hace del conocimiento al Gobernador del Estado.
Todo esto era-según rezaba él, hasta ese momento, último decreto-para "velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes de la entidad y proveer cuantos medios estén a su alcance a su prosperidad general."
Por eso ahora-cuando menos ahora- debe claro entre los involucrados que SUBA son las siglas del proyecto de modernización de este servicio y, no como parecen entenderlo los cebados camioneros, un desfachatado imperativo del verbo subir para aumentar sin nada a cambio- el impune costo de la tarifa.
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soy como el clavo, que aun viejo y oxidado, sigue siendo clavo
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Publicado por SILICIO para El Pregòn del dia el 8/28/2009 07:12:00 PM
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