Análisis De La Situación de la Tortura y la Impunidad en México Durante el Gobierno de Felipe Calderón
En lo que va de la administración de Felipe Calderón, desde su toma de posesión no ha habido determinaciones y definiciones claras y contundentes de política pública en materia de derechos humanos, y el tema apenas se incluyó en forma muy acotada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el notable incremento del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, así como la aceptación tácita de la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, las libertades y los derechos políticos. Es más, con el pretexto del combate a la delincuencia organizada ha llegado a proponer reformas penales contrarias a la Constitución, que comprometen gravemente la vigencia de derechos humanos fundamentales, y en la última reforma que realizó el Senado al Código Penal Federal, se asimiló de manera confusa al delito de terrorismo la protesta social pacífica y el derecho a la manifestación pública. Todo ello ha hecho pensar en el propósito del régimen de montarse sobre el reclamo de la sociedad de ver satisfecho su derecho a la seguridad, para deslizarse hacia un gobierno cada vez más autoritario y represivo.
Lo cierto es que la tortura ha seguido siendo persistente y sistemática; y que precisamente la Agencia de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano sean unos de las principales responsables en usar la tortura, en tanto que la Procuraduría General de la República se ha convertido en juez y parte.
Durante este primer año de gobierno de Calderón el CCTI registro por diversos medios y centros de derechos humanos las denuncias de alegatos de tortura de 150 casos de los cuales pudimos documentar 50 casos esto contrasta con los casos que veníamos documentando en promedio en el sexenio pasado, mostrando una tendencia a incrementar, tratándose principalmente de casos ocurridos en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sin que por su puesto estos sean los únicos, como el caso de doña Ernestina en Veracruz.
Está claro que la administración actual ha proseguido con la política represiva de su antecesora, dando paso a una mayor presencia de la fuerzas armadas. No solamente porque ha dejado en la impunidad los casos pendientes -Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, las matanzas de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y Teojomulco, Minera de San Javier y otros, sino que ha ahondado la represión y la tortura, como parte del terrorismo de Estado. Otro ejemplo paradigmático, además del de doña Ernestina, es el de Emeterio Merino Cruz, a quien visitamos en su casa, encontrándolo en estado semicomatoso, con traqueotomía y gastrostomía, y con manifestaciones de daño cerebral severo; esto a 2 meses de haber sido torturado.
La impunidad continúa siendo una constante y es una muestra de los pocos avances concretos en materia de derechos humanos en México. Entre los casos paradigmáticos se encuentran la discriminación y violencia de género en los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas que han ocurrido no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino también en otros estados de la República, como Sonora, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México; el caso de Lidia Cacho en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al Gobernador de Puebla y secuaces de actos de pederastía, la violencia de género ejercida por militares en contra de indígenas en varios estados del país; las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres y los crímenes de homofobia.
Por otra parte a la administración actual le quedó el pendiente de la anterior de implementar y definir la estructura operativa del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ya en funciones, decretó que el MNPT estará a cargo de la "tercera visitaduría" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cancelando así el enorme esfuerzo de dos años de cabildeo desplegado por las organizaciones independientes de derechos humanos, que fueron simplemente echadas de lado.
Otra señal de la escalada de la tortura es la invalidación de los peritajes independientes por los jueces. En su oportunidad, enviamos al IRCT y a otras organizaciones del ámbito internacional, la denuncia de la forma y el contenido de la aplicación de lo que las autoridades judiciales llaman "Protocolo de Estambul": Se trata de un estudio criminológico que busca retraumatizar a l@s sobrevivientes que se atrevan a denunciar la tortura (ref. Carta dirigida a la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres sobre el peritaje a Bárbara Italia Méndez Moreno).
Por lo que las recomendaciones que se han solicitado cumpla el gobierno mexicano, por parte de algunos organismos internacionales sobre la tortura (Comité Contra la Tortura, el Relator Especial de la Tortura de NU) estas siguen aún siendo vigentes ya que no se han dado respuestas serias de fondo:
El fuero militar ha sido reafirmado por la administración actual.
Por cuanto a la recomendación de que "No debe considerarse que las declaraciones hechas por los detenidos tengan un valor probatorio a menos que se hagan ante un juez", las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores llevan 6 años discutiendo cómo cambiar el sistema inquisitorial por el acusatorio, sin llegar a tomar una sola medida práctica al respecto; con el aumento de las protestas sociales ante la violación cada día más intensa de los DESCA, el mencionado sistema inquisitorial es una invitación a la detención arbitraria y a la búsqueda de los ministerios públicos de la autoinculpación mediante la tortura.
La recomendación de que "los procuradores y jueces no deben considerar necesariamente que la falta de señales corporales que pudieran corroborar las alegaciones de tortura demuestre que esas alegaciones sean falsas" no solo no se cumple, sino que las procuradurías no pueden ser imparciales ni independientes en México, pues son sus elementos quienes perpetran la tortura. Las dificultades de las organizaciones independientes de derechos humanos para acceder a los sobrevivientes en las cárceles y centros de detención van en aumento, los jueces actúan por consigna y no admiten peritos independientes.
Aunque la PGR aduce que aplica el Protocolo de Estambul, hemos demostrado que aplica un estudio criminológico para criminalizar a las víctimas de tortura.
Por lo que concierne a los médicos de los centros de detención y los ministerios públicos, son cómplices de la tortura por comisión o por omisión; la muerte de Alexis Benhumea en Atenco, el ocultamiento de Emeterio Merino Cruz, gravemente lesionado por la tortura, en Oaxaca y los certificados médicos hechos a las víctimas en general, y en particular las de Atenco y Oaxaca, sustentan la afirmación anterior.
Finalmente, la policía no investiga a los perpetradores del hostigamiento a l@s defensoras-es de los derechos humanos, ni siquiera cuando sean los propios defensores quienes muestren pruebas.
México D.F. a 25 de enero de 2008
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A.C.
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