jueves, 14 de febrero de 2008

SI QUIERES SER PERIODISTA Y VIVIR PUEDES SERLO FUERA DE MEXICO


MÉXICO, febrero 13, 2008.- Mientras México deja de destacar en cuestiones económicas dentro del continente americano, sí lo hace como el país más mortífero de la región para el desarrollo de la actividad periodística.

México fue el país de América con mayor número de muertes de periodistas en razón del ejercicio de su profesión durante 2007 al registrar dos reporteros muertos, 3 desaparecidos y el asesinato de tres colaboradores de medios de comunicación, según el informe anual 2008 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

"México mantiene una vez más su puesto de país más letal, con el asesinato de dos periodistas, a menos de un mes de intervalo, y tres desapariciones. Unas tragedias que coincidieron con una amplia campaña policial y militar contra el tráfico de droga, puesta en marcha por el gobierno federal en el primer semestre" destaca Reportero Sin Fronteras en el informe.

En total, siete periodistas de la región pagaron con la vida el ejercicio de su profesión en 2007, frente a los 16 de 2006; a pesar de esta disminución, la organización internacional acusa que "la criminalidad con los medios de comunicación sigue afectando a los países donde la prensa, desarrollada o en desarrollo, se expone a las represalias de las mafias y el narcotráfico".

Los dos asesinatos de periodistas que ubican a México como el país más peligroso para el ejercicio de esa profesión fueron los cometidos contra Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco, realizado el 6 de abril de 2007 y el de Saúl Martínez Ortega, director de la revista Interdiario y periodista del Diario de Agua Prieta, desaparecido y luego encontrado muerto el 23 de abril en el Estado de Chihuahua.

Esos son los dos casos en que se ha reconocido públicamente que los fallecidos fueron asesinados por el ejercicio de su profesión; sin embargo, el informe anual menciona también el homicidio de Gerardo Israel García Pimentel, del diario regional La Opinión, ocurrido el 8 de diciembre de 2007 en Uruapán, Michoacan, en el que aún no se ha esclarecido el móvil del delito.

De igual forma destaca la desaparición de Rodolfo Rincón Taracena, redactor del diario Tabasco Hoy, que desapareció el 20 de enero de 2007 cuando acababa de cerrar dos artículos, uno dedicado al narcotráfico y el otro a una serie de atracos de bancos.

En el mismo tenor se presentó la desaparición de Gamaliel López y su camarógrafo Gerardo Paredes, del canal TV Azteca en Monterrey, que no han vuelto a dar señales de vida desde el 10 de mayo de 2007. Gamaliel López cubrió, durante seis meses, la presencia local del Ejército, y reveló algunos casos de corrupción.

Aunque el asesinato de periodistas es quizá el problema más relevante, Reporteros sin Fronteras también destaca el poco interés y colaboración que las autoridades han prestado para resolver la violencia contra los comunicadores. La organización destaca que "el compromiso de algunas autoridades con el crimen organizado no incita al optimismo".

La organización internacional considera que "el colmo del escándalo y la complacencia política se alcanzó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la más alta jurisdicción federal, exculpó definitivamente, el 29 de noviembre, al gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, de cualquier implicación en la arbitraria detención de Lydia Cacho, en diciembre de 2005".

Reporteros Sin Fronteras destaca que la SCJN decidió este polémico fallo a pesar de que "existían grandes sospechas contra el político desde que W Radio, filial de Televisa Radio, y el diario La Jornada, hicieron públicas unas conversaciones entre Mario Marín y su amigo José Camel Nacif, acusado en el libro de la periodista 'Los demonios del Edén', publicado en 2004, de pertenecer a una red pedófila".

Finalmente, la organización menciona el caso de Carmen Aristegui, periodista que difundió las grabaciones entre Mario Marín y su amigo José Camel Nacif y dio seguimiento al caso, quien el 3 de enero se despidió de los micrófonos de W Radio luego de que le fuera rescindido el contrato alegando que su programa ya no encajaba en el "modelo editorial" de la emisora propiedad al 50% de Televisa y la española Prisa.




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Fernando V. Ochoa
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