En la arena legislativa la simulación viene de lejos y en tiempos de dictadura tenía funciones casi sacramentales. Las formalidades legales se cumplían al estilo europeo mientras que las órdenes se transmitían en el modo asiático. De ahí que los libérrimos debates parlamentarios desatados cuando la restauración de la República y la victoria de Madero hayan perturbado tanto a los ideólogos autoritarios y que los congresos constituyentes sean los momentos estelares de nuestra democracia parlamentaria.
Cuando saludamos con beneplácito la expedición de la Ley para la Reforma del Estado subrayamos la pertinencia de un procedimiento legislativo de excepción, diseñado para promover la participación de la sociedad y el concurso de los especialistas en un proceso parlamentario transparente, informado y plural. Sobre todo, la privación explícita del derecho de iniciativa al Ejecutivo, cuya legitimidad fue puesta en duda por los propios legisladores en su exposición de motivos.
Seis meses han transcurrido desde el inicio de sus labores. Las reuniones de consulta arrojaron varios miles de propuestas y los partidos aportaron más de un millar. El presupuesto ejercido ha sido cuantioso, los seminarios y debates numerosos y las horas de trabajo interminables, en los grupos y subgrupos de trabajo. El único resultado alcanzado hasta ahora, la reforma constitucional en materia electoral, fue sin embargo negociado en violación expresa de los procedimientos establecidos y las modificaciones legales correspondientes están a punto de seguir la misma suerte.
El grupo responsable de elaborarlas había sesionado a marchas forzadas en cuatro ocasiones, siempre en espera de textos provenientes de un origen desconocido. Los temas más delicados son las coaliciones electorales, la distribución del tiempo en los medios y los requisitos de elegibilidad de los Consejeros del IFE. Los pendientes: la ampliación del voto de los mexicanos en el extranjero, la equidad de género y precisiones indispensables respecto de los recursos privados en las campañas.
Habíamos llegado a conclusiones básicas respecto de los más relevantes y estábamos en espera del capítulo referente a medios. El texto estaba "encorchetado" y las expectativas eran favorables. Súbitamente se convocó a una reunión de la Comisión Ejecutiva conjuntamente con el grupo de trabajo, de invitación selectiva. Ahí se nos hizo saber que nuestra tarea había concluido y por tanto el informe —que no habíamos presentado— sería discutido en instancia superior. Reaccioné bautizando tal marrullería como el apagón legislativo.
Añadí que la razón del atropello no era nuestra incapacidad para concretar acuerdos —como se sugirió—, sino que los estábamos logrando al margen del mandarinato. Desde la cúspide quiso silenciarse a quienes no fuésemos "pares" —esto es, legisladores en funciones— en olvido de los derechos y procedimientos marcados por la ley y de que los presidentes de los partidos, algunos ahí presentes, son parte en la negociación, aunque no ocupen un escaño en el Congreso.
En recuerdo de una pegajosa melodía pregunté: ¿qué cosas suceden en el apagón? Ocurre que, en contradicción incluso con las posiciones oficiales de sus frentes y partidos, las cúpulas legislativas han decidido imponer en su beneficio una definición estrecha y equívoca de las coaliciones. Se les llama así a lo que son sólo candidaturas comunes y se priva a éstas de prerrogativas de representación y acceso a la propaganda. Se habla de "flexibilizar" las alianzas, cuando en realidad se las restringe.
A despecho de repetidas declaraciones en favor del fortalecimiento de las coaliciones como sustento de mayorías estables, se las vulnera sin mirar sus consecuencias sobre el régimen de gobierno que estamos diseñando. Se intenta convertirlas en supermercados para que cada cliente acuda a su propia caja registradora, en desdoro del sentido mismo de una alianza política, de sus equilibrios internos, de las solidaridades y de los proyectos de largo plazo que implica.
Es lógico que el PAN haya propuesto la supresión del régimen de coaliciones, que generalmente ha jugado en contra suya y cuando lo utilizó en 2000 fue en términos puramente mercantilistas. Se entiende que el PRI, cuyas recientes alianzas han sido el colmo del pragmatismo, prefiera que sus socios eventuales reciban en pago sólo lo que hayan ganado con el sudor de su frente. Resulta incomprensible que dirigentes parlamentarios del PRD, en contra de plataformas y propuestas partidarias y de compromisos de fondo contraídos en el FAP, se unan a ese propósito, sin explicar a cambio de qué o en provecho de quiénes.
Resultaría cuando menos antidemocrático que los tres juntos asestaran un golpe al pluralismo e impidieran de paso las alianzas entre los demás, a los que han dado en menospreciar como chiquillada. Menos explicable aun que se coludieran en el designio de entronizar al frente del IFE al autor de los textos que debatimos, quien ha planteado dos reformas sucesivas que levantarían el impedimento legal para ser elegido. Si fuese cierto que se trata del candidato de Los Pinos, estaríamos en la víspera de un segundo ugaldazo. Los sucesos hacen tambalear el edificio todo de la reforma del Estado, en el que tantos y tantos estamos embarcados de buena fe, impulsando el debate público y haciendo avanzar las genuinas negociaciones. Parece ahondarse así el abismo entre los intereses de unos cuantos grupos y las necesidades del país.
Cómo no recordar aquel pasaje de las memorias de Raúl Alfonsín, cuando al reunir la Comisión para la Consolidación de la Democracia se percata que está integrada mayoritariamente por emisarios del pasado. Comenta: "Para construir una democracia se necesitan demócratas y ahí no había casi ninguno".
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Fernando V. Ochoa
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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