LA CAJA NEGRA
Los acuerdos para acelerar la jubilación de trabajadores de confianza y sindicalizados de Pemex precipitaron la descapitalización de los fondos destinados a financiar las pensiones además de incrementar año con año las transferencias presupuestales
 | |
En medio de la discusión para modificar el marco operativo y regulatorio de Pemex, la paraestatal anuncia que durante los próximos cinco años el 46% de sus mandos superiores esperan su jubilación. Los fondos para el pago de pensiones están vacíos y los más de 2,500 funcionarios de alto nivel tendrán que confiar en que el gobierno federal autorice, como desde hace dos décadas, las partidas presupuestales para su retiro.
El pasivo laboral de Pemex aumenta sin control debido a que es el Contrato Colectivo de Trabajo el que fija las reglas. La historia reciente de la paraestatal en materia de pensiones documenta cómo el manejo de los recursos para la seguridad y previsión social ha estado sujeta a batallas sindicales y no a criterios técnicos.
Ahora, este pasivo suma más de 528,000 mdp, con un crecimiento anual promedio de 14% durante los últimos cinco años. Esta cantidad significa también 5.4% del PIB, un monto superior a la deuda total consolidada por concepto de Pidiregas, correspondiente al año pasado.
Para cubrir las obligaciones de 75,000 pensionados (jubilados y derivadas post mortem), en 2007, Pemex erogó 16,748 mdp, equivalente a 30% de la nómina.
De estos errores da cuenta un documento interno presentado en diciembre de 2004 a Luis Ramírez Corzo, entonces director general de Pemex, pero que refleja las medidas adoptadas por su antecesor Raúl Muñoz Leos.
El diagnóstico fue elaborado por la Dirección Corporativa de Administración y la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos de Pemex. Sus conclusiones fueron contundentes: "Un factor que ha originado que el PLC se haya incrementado substancialmente, es el proceso de redimensionamiento que se ha llevado a cabo, ya que se han otorgado un gran número de jubilaciones por convenio a personal relativamente joven, que tiene una expectativa de vida larga, lo que implica que se paguen pensiones por más tiempo del realmente laborado." También se benefició a los llamados "funcionarios superiores", según el documento.
En Pemex, el tiempo laborado contra el tiempo de pago de beneficios se convirtió en un verdadero conflicto. El promedio observado entre el personal es de 29 años laborados para disfrutar de una pensión jubilatoria por al menos 27 adicionales, mientras que bajo el esquema de la Ley del IMSS se trabaja el doble de tiempo del que se reciben beneficios.
Pero Pemex sigue observando el problema desde otra perspectiva. El personal de Pemex ha envejecido, dice su director general.
Durante los próximo cinco años, de acuerdo con Jesús Reyes Heroles, se jubilarán alrededor de 2,500 trabajadores de confianza, el 46% de los mandos superiores. Nada se dice sobre las pensiones anticipadas. Un relevo generacional se anuncia en Pemex pero no así la transformación de un sistema de pensiones imperfecto y costoso. "Con qué los vamos a jubilar", se pregunta el diputado priista Mariano González Zarur.
Fue entre 1998 y 1999 cuando en Pemex se llevaron a cabo los primeros Programas de Jubilaciones de Personal de Confianza, para los trabajadores que cubrieran los requisitos de edad y antigüedad y sujetos a obtener este beneficio al ciento por ciento. El objetivo, detalla el documento interno de la paraestatal, era reducir la plantilla y el costo de nómina.
Otra motivación, quizá la más importante a juicio de algunos de sus actores, fue la guerra sin tregua que libró el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, contra los trabajadores de confianza cuando pretendieron crear una organización laboral que ellos llamaban "lateral" al poderoso sindicato petrolero.
Como respuesta a sus aspiraciones gremiales y, bajo la bandera de la reducción de costos laborales y el redimensionamiento operativo, los trabajadores de confianza obtuvieron, a cambio de abandonar su proyecto sindical, una ola de jubilaciones anticipadas.
En los tempranos retiros también se incluyó a trabajadores sindicalizados que habían mostrado una posición crítica a la dirigencia de Romero Deschamps.
"Me reprimieron con la jubilación y ya tengo mis demandas, quiero regresar a Pemex", dice Juan Ramón Gómez Hernández, uno de los dirigentes en Tabasco de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, constituida por los ex trabajadores de la paraestatal sujetos a las jubilaciones a manera de liquidación.
Pero la estrategia fallaba, se advirtió en su momento a Luis Ramírez Corzo.
El costo de la nómina total no se redujo. En cambio, se llevaron a cabo cadenas de ascensos sin cancelar el mismo número de plazas que correspondía a las personas que se jubilaron.
En resumen, se anticipó la jubilación de personal que no cubría los requisitos. Los resultados fueron contraproducentes. Se registró un impacto significativo en el PLC pues, por una parte, se hicieron exigibles las obligaciones anticipadamente que, asociadas al aumento en el tiempo de pago de pensiones, ocasionó una reducción del plazo para financiarlo.
El presidente de esta organización, Alfredo Hernández Peñaloza, fue testigo de cómo el STPRM impulsó el esquema de prejubilaciones que no sólo frenó la creación de una organización sindical paralela sino que provocó el inicio de un plan para "liquidar" a petroleros con posiciones antagónicas al sindicato que hasta ahora no termina y que ha generado la descapitalización del Fondo Laboral de Pensiones (Folape), constituido en noviembre de 1997.
Los recursos presupuestales que el gobierno federal ha destinado año con año para cubrir el déficit actuarial de Pemex, se han utilizado para cubrir las pensiones jubilatorias y post mortem. Siempre, invariablemente, "los pagos resultan superiores a los ingresos canalizados al fondo", según confirman los documentos internos de la paraestatal.
El monto de las pensiones de Pemex; las transferencias presupuestales con que se cubren mes a mes las jubilaciones, el monto de los recursos que, en un fondo casi "revolvente", se invierten en las tesorerías de algunas casas de bolsa se han convertido en un tema tabú para el cual pocos tienen respuesta.
Una de las pocas menciones realizadas por las autoridades de la Secretaría de Energía y Pemex, fue la que se hizo en el Diagnóstico de Pemex. Se aseguró que la paraestatal está obligada a reducir sus costos así como a adecuar el sistema de pensiones para evitar que continúe el deterioro y para garantizar plenamente los legítimos derechos de los trabajadores
La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, incluyó a las pensiones como uno de los temas que vigilará su partido, dijo. En sus filas militan y ocupan posiciones legislativas relevantes los dirigentes del STPRM.
Pero como lo ha hecho desde hace 20 años, el gobierno federal responde en silencio por las pensiones de los jubilados de Pemex y no quiere llevar el debate a la escena pública. Se trata de un tema delicado cuya polémica preocupa al gobierno.
Hasta 2007, las transferencias presupuestales al Fondo Laboral de Pemex (Folape) sumaron aproximadamente 86,307 mdp.
Año con año han ido en ascenso, mientras el manejo de su tesorería se mantiene bajo reserva, a solicitud de Pemex, por considerar que se convertiría en un factor de desventaja para sus agentes financieros. Pemex, a través de la Dirección General de Comunicación Social, prefirió no hacer comentarios ni proporcionar información sobre este tema.
El Comité de Información de la paraestatal determinó que se trata de información reservada para que no se constituya en una ventaja para la meses de dinero bancarias que pretenden competir por la inversión de esos fondos. A pesar de que el IFAI asegura que se trata de un fideicomiso público, Pemex no reporta información detallada sobre su manejo financiero. De hecho, Pemex no reporta en qué tipo de títulos invierte estos recursos.
LAS SOLUCIONES
A Luis Ramírez Corzo también se le presentó una evaluación sobre este problema así como las posibles soluciones.
Un actuario externo analizó la situación del PLC y aseguró que el aumento anual promedio de los activos, respecto al crecimiento poblacional, apenas era del 3% durante los últimos diez años, por lo que los programas de reducción de personal no tenían efectividad alguna.
Mientras tanto, el incremento promedio de los jubilados era de 3.4%, "lo que se agravaba por la aplicación de los programas de compactación, al otorgar jubilaciones anticipadas".
Jubilar a trabajadores, en conclusión, que no cubrían los requisitos de edad y antigüedad, había originado que en Pemex el pasivo de cada uno de estos casos creciera aproximadamente 51% de un año a otro, al hacer que un beneficio contingente se transforme en un hecho cierto, independientemente de aumento en el tiempo de pago de beneficios".
El incremento salarial efectivo para los petroleros año con año resultó superior al negociado, debido a promociones y renivelaciones. En las pensiones también se observaron incrementos mayores, entre los que se encuentran las pensiones otorgadas a quienes la dirección y administración general de Pemex considera "funcionarios superiores".
La generalización en el pago de gas y gasolina así como canasta básica también se convirtió, a juicio de los actuarios externos, en un problema para las finanzas de Pemex.
El otorgamiento de plantas con reconocimiento de antigüedad a personal transitorio fue, bajo la presión del Sindicato, otra de las constantes, confirmó un ex funcionario de la paraestatal.
De la misma forma, la incorporación del incentivo al llamado Desempeño, Aguinaldo e Incentivo por Asistencia representaron un incremento en el pasivo laboral de 47,688 mdp, equivalente al 15% registrado en 2004, el año de las jubilaciones masivas.
Por ello, desde hace cuatro años se sugirió no otorgar jubilaciones anticipadas o en condiciones especiales, ya que la esperanza de vida es cada vez mayor mientras menos edad se tiene, por lo que eliminar los requisitos de edad para el otorgamiento de una pensión no representa un gasto de una sola ocasión para Pemex sino un considerable aumento del beneficio a cubrir en el futuro. También se pidió que se cancelaran las plazas del personal que se jubile o se liquide.
Las recomendaciones fueron claras, pero entre 2005 y 2007 el monto de las transferencias presupuestales no disminuyó y mantuvo un ritmo ascendente. Se pidió entonces diferir la edad mínima de jubilación a 60 años y modificar la cláusula 135 del Contrato Colectivo de Trabajo.
FONDOS SIN DINERO
Hace más de una década, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la constitución de un nuevo fideicomiso, el Folape, con el cual pretendía ofrecer mayor seguridad y transparencia en el manejo de los recursos destinados al fondo para el financiamiento de pasivos laborales.
Su antecedente más cercano fue el Ficolavi, constituido en 1989 y cuyo principal objetivo era el financiamiento de las pensiones pero también de la vivienda de los petroleros.
A cargo de su constitución estuvo Guillermo Ortiz, entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Originalmente se decidió que Banco Santander Mexicano administrara el fondo; sin embargo, después se decidió por la división hipotecaria de BBVA Bancomer.
Los beneficiarios del fideicomiso son los trabajadores de planta, pensionados y jubilados de Pemex, de sus organismos subsidiarios, así como los familiares y derechohabientes de los petroleros.
Junto con el Ficolavi se diseña el primer plan para la constitución de reservas, con el cual se inició el financiamiento de dichos pasivos. El Consejo de Administración de la paraestatal fijó un periodo de cuatro años que en 1991 se amplió a diez años.
El Ficolavi no corrió con la misma suerte que el Folape en materia de transferencias presupuestales. Desde 1992 se cancelaron las aportaciones al fondo. Fue hasta 1997 cuando surge el Folape que se autorizó que su patrimonio se integrara con aportaciones de recursos presupuestales, destinados a jubilaciones; ahorros, venta de activos improductivos, transferencias del fondo de compactación; intereses del propio fondo así como los recursos del Ficolavi, en los cuales se incluían los fondos actuales más los ingresos futuros por recuperaciones de la cartera de vivienda, entre otras fuentes.
Al Folape también se destinan los recursos que se obtienen por la venta de activos. Éste fue el caso de los 305 mdp que se obtuvieron en 2005 por la desincorporación de los títulos de la compañía Cloro de Tehuantepec.
La administración foxista aceleró, en medio de su proceso de jubilaciones anticipadas, los problemas de fondeo para este fideicomiso.
En la administración foxista, el Folape empeoró su situación. De acuerdo con datos de la Cuenta Pública, en 2002, el segundo año de la administración foxista, este fondo registró recursos por 10,521.2 mdp; en 2003 el monto aumentó a 17,447 mdp; en 2004, por única ocasión Pemex logró con una aportación propia de 11,000 mdp que las transferencia sólo se ubicaran en 2,272 mdp. Para el 2005, también se transfirieron poco más de 14,000 mdp para cubrir las pensiones de ese año, monto que respecto a 2003 muestra una reducción de 32%. Fue, precisamente, en 2004 cuando la paraestatal despidió a 5,000 trabajadores en línea con lo dispuesto en el Programa de Retiro Voluntario impulsado por la Secretaría de Hacienda y cuyo objetivo era reducir la burocracia en 30,000 plazas. Este recorte, aseguró Pemex en su momento, no impactaría sus finanzas de manera adicional, pues el monto de las liquidaciones al personal que formó parte del Programa de Retiro Voluntario "no salió de las finanzas de Pemex"; de hecho, agregó, "se hizo en línea con la metodología de la Secretaría de Hacienda; a través de recursos presupuestales aplicables en un esquema de tres años".
A la postre, los efectos de esa decisión cuentan otra historia. Al 31 de diciembre de 2003, el Folape, según los documentos internos de Pemex, ascendían a 13,603.2 mdp, que representaban en ese momento el 4.2% del pasivo laboral hasta aquel año (312,919.6 mdp). Por ello resultaba insuficiente para dar cobertura a esas obligaciones.
En ese año, la SHCP autorizó dos aportaciones extraordinarias por un monto total de 10,675.3 mdp, "que de no haberlas realizado, la reserva se hubiera ubicado en 2,413.3 mdp, que representaba sólo el 0.77% de las obligaciones laborales", señala el documento entregado a Luis Ramírez Corzo.
Por ello, la SHCP advirtió a Pemex que durante 2004 no se efectuarían aportaciones. Pero ése fue el año en el que, sin contar con las condiciones financieras necesarias, la dirección general de Pemex aceleró la jubilación anticipada de miles de empleados.
La estrategia que se siguió en Pemex no tuvo nada que ver con los objetivos marcados para crear un Sistema Nacional de Pensiones perfilado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Muy lejos se encuentra ahora Pemex de la transformación de los sistemas de reparto públicos en sistemas de cuentas individuales con portabilidad entre los esquemas ya reformados como el del ISSSTE.
Pemex, sino se presenta una transformación radical, seguirá otorgando de manera directa los beneficios de seguridad social –pensiones, servicios médicos, entre otros– Será el Contrato Colectivo de Trabajo y no una evaluación real ni actuarial, el que determine los requisitos y beneficios por retiro de personal; renuncia, reajuste, jubilación en sus diversas modalidades, así como fallecimiento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario