No hay escapatoria: llegó la hora de ejercer la auditoría ciudadana en los actos de la policía. Más allá de encuentros políticos, la única salida para enfrentar el caos está en reconfigurar las relaciones y los compromisos sociales con la autoridad
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Hay que trascender del grito. Esta ocasión, la clave estará en no voltear la mirada hacia asuntos intrascendentes y, mucho menos, hacia la indiferencia que por siempre ha dominado. El camino es uno: asumir que la batalla contra el mal requiere de un proceso de involución que permita reconfigurar las relaciones y los compromisos sociales para enfrentar el caos. De no hacerlo, la seguridad será sólo un discurso.
De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año, se ha superado la cifra de ejecutados que se registró en todo 2007 (2,673), para colocarse en 2,682 muertes violentas, al cierre del pasado 15 de agosto. Chihuahua encabeza la lista con más de la tercera parte del total de homicidios reportados en 228 días, con 1,026 (38.2% del total).
Ante estos números, es hora de tomar posturas. Bajo esta filosofía, en unos días se escribirá un nuevo episodio en el que los protagonistas no tienen un rostro definido, pero comparten una sola preocupación: los altos indicadores delictivos y la sistemática corrupción de los cuerpos policíacos. Así, el 30 de agosto, diferentes plazas del país marcarán el sendero de una protesta ciudadana que exige algo que la Constitución dicta: Estado de derecho.
El desafío, sin embargo, cuenta con un mal antecedente. El 27 de junio de 2004, luego de que iniciara la estela de violencia en la geografía nacional, cientos de miles de mexicanos se apoderaron de las calles del DF y exigieron a las autoridades poner un alto a la inseguridad. Los gritos, analizados en retrospectiva, sirvieron únicamente para derramar tinta en los diarios y para saciar el morbo de los medios electrónicos.
"Nos ganó la apatía, no hubo coordinación entre las organizaciones, ni mayor interés por seguir en la lucha, por lo que el gobierno, ante la falta del 'chicotito' ciudadano, dejó de tener como prioridad el combate al crimen", sostiene Laura Herrera Herrejón, presidenta del Movimiento ProVecino, que participó en aquella marcha.
Ahora, cuatro años después de este infructuoso episodio, 13 organizaciones ciudadanas pretenden sepultar el desinterés político (y evidentemente ciudadano) por el creciente clima de inseguridad. Su objetivo es no cometer los mismos errores de 2004 y una cosa más: ciudadanizar la procuración y administración de la justicia en México. Así, a unos días de la megamarcha, no seguirán la misma estrategia que se aplicara en 2004 pues consideran que, en aquel entonces, la falla fue presentar un documento muy extenso que provocó el desinterés de autoridades y legisladores, quienes argumentaron que la atención a las demandas estaba fuera de sus respectivos ámbitos de competencia.
Por eso, el próximo ejercicio tendrá que dejar huella. Según la estrategia, la apuesta es elaborar un documento donde se establezcan las acciones urgentes que las autoridades se comprometerán a cumplir de manera inmediata. Formalmente, se tratará de una especie de carta-compromiso que fije fechas fatales para cumplir con las exigencias y que se subirá a Internet (iluminemosmexico.org.mx) para su cabal cumplimiento.
Éste será el primer paso para iniciar la ciudadanización de la justicia en México. Al respecto, María Elena Morera, presidenta de la organización México Unido contra la Delincuencia, sostiene que la coyuntura es inmejorable para que las organizaciones sociales obliguen a las autoridades a hacer los cambios legales y a impulsar las políticas públicas que devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos. Es ahora o nunca.
Aquí, la grilla política es la peor consejera. La elevación de penas, dicen los expertos, no inhibe la comisión de ilícitos. El problema de fondo es el combate a la impunidad y a la corrupción. Como sea, a nivel legislativo ya se está creando la masa crítica para regular el uso de la telefonía celular y combatir las extorsiones por este medio, reforma que podría ser aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
Y, para que no haya dudas, María Elena Morera advierte: "Ya no vamos a aceptar más discursos. Exigimos compromisos concretos y fechas para su cabal cumplimiento. A partir de ahora habrá un seguimiento ciudadano estricto de las acciones gubernamentales. Esta revolución, definitivamente, llegó para quedarse." l
INFORMACIÓN SIN MAQUILLAJE
Sin información precisa, las autoridades no podrán tomar las decisiones adecuadas. Bajo esa premisa, el investigador del ICESI, Arturo Arango, propone la creación de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que produzca la información estadística delincuencial. Ese Observatorio Ciudadano, que sería similar al IFE o a la CNDH, obligaría al gobierno federal y de los estados, a ofrecer información sobre los delitos que se cometen en cada uno de los territorios del país, el inicio de averiguaciones previas, las consignaciones y la reparación del daño a las víctimas. De igual forma, el investigador sugiere crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) para la generación, recolección, distribución y publicación de estadísticas de seguridad pública. "Con la operación de la NOM y del Observatorio Ciudadano se evitaría el maquillaje y politización de esos datos, pero lo más importante: se sabría dónde está el problema y si se está combatiendo con eficiencia. Esto, al final del día, se convierte en una plena rendición de cuentas de las autoridades a sus representados."
Hechos, no discursos
Intocable. Así es como debe calificarse la impunidad en México ¿Será irreversible? Las expectativas dejan un sabor amargo. A pesar de la reciente Reforma Judicial, que fuera celebrada casi a gritos por la Presidencia de la República, más de 80% de los delitos no se denuncian debido a la decepcionante actuación del MP.
Y la espiral sigue su curso. Los analistas conocen los cambios legislativos para reducir el porcentaje de impunidad, sin embargo, las agendas partidistas se han convertido en la prioridad de los políticos. Desde la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño asegura que en materia de seguridad no debería existir ideología que se anteponga al justo reclamo de la sociedad.
Pero, en estos momentos, la propuesta del Ejecutivo (aprobar la pena perpetua) ha generado una intensa polémica entre partidos, que deja a un lado cambios constitucionales que sí cumplirían con resolver problemas prácticos en la aplicación de la justicia. Escatimar el debate sobre deficiencias reales y centrarlo en aquellas propuestas que podrían representar ganancias políticas para algunos, se ha convertido en la nota de todos los días.
Para acabar con esto, los expertos se pronuncian por evitar las ambigüedades y, sin rubor, realizar una serie de reformas constitucionales a varias fracciones de los Artículos 16, 20, 21 y 115, que garanticen la impartición transparente y pronta de la justicia. En su opinión, la función del MP debe reformarse y evitar conflictos de interés pero, sobre todo, manipulaciones políticas. Hasta en tanto eso no ocurra, serán los intereses de los partidos, otra vez, los que conduzcan cambios radicales en la aplicación de la justicia.
Por Claudia Villegas
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