Isabel Dorado Auz
Mucho tiempo y esfuerzo le costó a la sociedad civil crear una serie de instituciones para garantizar el bienestar social. La autonomía, respecto a los poderes formales, constituía un principio inquebrantable para servir de contrapeso a todos los posibles excesos. Sin embargo, poco a poco las "instituciones" desatendieron los reclamos de la sociedad y, hoy en día, son una extensión más del poder formal.
Urge volver a retomar el camino y juntos debemos exigir que se ejerza el principio de autonomía en instituciones como la comisión de Derechos Humanos, que próximamente habrá de renovarse, si no se cruza una mano negra gubernamental; el Consejo Estatal Electoral, a pesar de la forma tan desaseada en que fue electo; El Instituto de Transparencia Informativa, que más parece una tapadera de los gobernantes en temas tan importantes como el Fideicomiso Impulsor y el Proyecto MUSAS; la elección misma del Procurador de Justicia que debiera ser producto de la voluntad popular y no una designación del gobernante en turno; e incluso, la Comisión de Arbitraje Médico, con lo que podría frenarse la alta incidencia de negligencias médicas.
Como se dijera en la rueda de prensa de la Mesa Colonial, "La democracia no se puede entender a cabalidad sin la presencia de estas instituciones; pero, lamentablemente, más tardaron en nacer que verse como una extensión de los gobiernos". Se dijo además, que "la pérdida fundamental de autonomía estriba en la forma en que son nombrados sus funcionarios; quienes son apoyados por el Gobernador a través de una simulada participación de los Congresos".
Obviamente, mientras los funcionarios sean designados por los poderes formales, a quienes primero le regresarán favores será a quienes los nombraron, ya sea el gobernador, la Cámara de Diputados o las instancias de Justicia. Por tanto, los más nobles objetivos que dieron origen a las instituciones pasaron a ser letra muerta en nuestras leyes. Por eso, no se sorprenda Usted cuando no escuche una sola referencia a la serie de conflictos que padece la sociedad de parte de los aspirantes, sin convocatoria de por medio, a la Comisión de Derechos Humanos. Acaso no estarán enterados que el actual gobernador ha hecho un uso abusivo de las fuerzas armadas para reprimir a los movimientos sociales. No sabrán que algunos luchadores sociales han pisado la cárcel y han permanecido en ella por razones políticas y no por ser delincuentes. Hoy están en campaña, ahora es cuando deben demostrar, al menos en el discurso, que realmente quieren llegar al puesto para cambiar radicalmente y propiciar un Comisión de Derechos Humanos realmente autónoma y no ser un apéndice del poder ejecutivo.
Si es necesario revisar los procedimientos de designación, adelante. Si es necesario abrir el debate a la sociedad en su conjunto, hagámoslo, pero no podemos dejar pasar más tiempo. En cualquier momento, un familiar nuestro puede ser sometido como delincuente por el hecho de haber defendido un área verde; o bien, puede sufrir de una vejación en un retén ilegal; o quizás, pueda padecer de alguna negligencia médica que lo lleve a la tumba. Y todo, por no tener la capacidad de exigir que regresen a nuestras manos esas Instituciones que tanto trabajo nos ha costado crear y que por ningún motivo debemos dejar que mueran en las manos de quienes detentan el poder político.
La irrupción de varios suspirantes para el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede ser la oportunidad para abrir el debate y generar las leyes necesarias para que, quien quede al frente responda a los intereses ciudadanos y no al interés de los poderes fácticos. De mi parte, externo mi aceptación de que tengamos a una mujer al frente de esta importante Institución, para con ello, darle no solo un nuevo rostro, sino más bien abrigando la esperanza de que las mujeres serán más sensibles a este tipo de problemática.
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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