José Luis Pérez Canchola
El presidente de los Estados Unidos anunció el pasado 24 de marzo, la decisión de reforzar la vigilancia fronteriza con 360 oficiales de diversas agencias de seguridad federal como son el FBI, la DEA y otras relacionadas con el control de armas de fuego, además de personal de nuevo ingreso. Este plan incluye 59 millones de dólares para el apoyo a policías estatales y locales a lo largo de la frontera con nuestro país. Ahora el total de agentes federales destacados en la frontera está llegando a los 12 mil elementos, después que en diciembre del 2000, al inicio del primer gobierno panista, estos agentes sumaban poco más de 8,500. Se trata de evitar al máximo, dicen nuestros vecinos, que la violencia del narcotráfico siga salpicando hacia los Estados Unidos.
Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interior, anunció que adicionalmente se hará uso de nuevas tecnologías para la vigilancia de los cruces fronterizos y para el combate al tráfico de drogas, armas, dinero y localizar fugitivos que son buscados por la justicia.
En el Congreso norteamericano se empiezan a escuchar voces que exigen más. Tal es el caso del senador Joseph Lieberman, cabeza del Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Senadores, que se ha pronunciado por la contratación de al menos 1,600 agentes para reforzar al personal de aduanas, de la Patrulla Fronteriza y oficiales de inmigración.
Otro personaje de enorme peso en estos asuntos, el general Barry McCaffrey, zar anti drogas en el gobierno de Bill Clinton y veterano de las guerras de Viet Nam y de Irak, declaró en diciembre de 2008, que el gobierno norteamericano debería centrar su atención en la región norte de México ya que los cárteles de la droga están en condiciones de convertirse en un poder de facto sobre las instituciones. "La administración de Obama –advierte el general McCaffrey- debe enfocar de inmediato estos problemas, mismos que en lo fundamental amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos".
Un párrafo crucial en el texto del general McCaffrey es el siguiente: "El fracaso del sistema político mexicano para controlar la violencia y la falta de cumplimiento de la ley, podría resultar en el cruce hacia el norte de millones de mexicanos tratando de escapar de la violencia, de su fallida política económica, pobreza, hambre, desempleo y de la insensibilidad y la injusticia de un estado criminal". Este personaje termina diciendo que si México llega a una situación de caos, los Estados Unidos deberán preparar una respuesta basada en las implicaciones que aquello tendría en su seguridad interior.
Son muchas voces que están urgiendo al presidente Barak Obama a hacer algo más enérgico con México. En enero pasado, el Pentágono opinó que dos países deben llamar la atención por el riesgo de un repentino colapso, Pakistán y México. En diciembre de 2008, la revista Forbes aplicó a México el concepto de "estado fallido". En un documento poco conocido y elaborado por el Centro de Inteligencia contra las Drogas del Departamento de Estado, se dice que las organizaciones mexicanas del narcotráfico ahora representan la más grande amenaza del crimen organizado en contra de los Estados Unidos.
En este contexto se registran las visitas de altos funcionarios del gobierno norteamericano a nuestro país. Todos estos visitantes nos presentan un discurso reconociendo en primer lugar el sacrificio, el valor, el esfuerzo y la dedicación de Felipe Calderón y de su gobierno en su guerra contra el crimen organizado. Pero al mismo tiempo todos hablan del interés del gobierno norteamericano por hacer más de lo que ya se está haciendo y trabajar bajo una estrategia conjunta en defensa de la seguridad de ambos.
El discurso político sobre México en el Congreso norteamericano, en la Casa Blanca, en las fuerzas armadas y en los medios de comunicación más influyentes en los Estados Unidos, es un discurso que va acompañado de propuestas y acciones muy concretas. Se trata de una política de dominio que busca ejercer presión para que el gobierno de Calderón se vea obligado a responder, seguramente aceptando que militares norteamericanos ingresen a México con el pretexto de capacitar y entrenar a soldados mexicanos. Después pedirán compartir los bancos de datos de inteligencia militar y de seguridad.
"Vamos a monitorear la situación –declaró Obama el martes pasado- y si los pasos que estamos dando no arrojan buenos resultados, entonces haremos más cosas". En esa misma entrevista, Obama alabó a Calderón por su lucha en contra del crimen organizado, pero en otro momento señaló que en México las organizaciones criminales están "fuera de control".
Tal parece que el gobierno norteamericano tiene la convicción de que Calderón se debilita cada día más por la violencia criminal alentada por el narcotráfico, el secuestro, la impunidad y la corrupción, lo que se agrava por otro problema que no tocan en sus discursos. El de la consolidación y el crecimiento de la lucha política de millones de mexicanos que no lo reconocen como presidente de México.
Evidentemente la relación política entre ambos países es bastante delicada, sobre todo ahora que Obama estará de visita en México por primera vez en su vida. Bien vale la pena poner la mayor atención en su discurso al igual que en todo aquello que se diga sobre México durante los próximos días.
Lamentablemente estamos en condiciones de debilidad. Hoy en día tenemos una clase gobernante que no se identifica con el pueblo de México y menos con su historia. Se trata de una clase política dispuesta a sacrificar derechos y soberanía en su afán por conservar el poder al precio que sea. La declaración de Calderón al periódico Financial Times de Londres el pasado 26 de marzo es un fuerte indicador. A pesar de todo lo dicho por políticos y militares norteamericanos criticando a México por su fracaso frente al crimen organizado, Felipe Calderón hizo énfasis en que su gobierno necesita más dinero. ¿Cuánto?, le preguntó el reportero. "El equivalente al dinero que le pagan los norteamericanos consumidores a los criminales" que trafican la droga. Y a cuanto equivale todo eso, insistió el reportero del Financial, a lo que Calderón respondió: "Algo así entre 10 mil millones y 35 mil millones de dólares pero la verdad es que nadie sabe".
El gobierno norteamericano, con Obama o sin él, le seguirá exigiendo cuentas al gobierno de México por las acciones criminales de las mafias internacionales del narcotráfico que operan en nuestro territorio y cruzan por nuestra frontera. Y lo hará de tal forma que el gobierno de Calderón se verá obligado a pedir más apoyo del que ya está recibiendo. Se trata de crear y agrandar el problema y luego ayudarlo a resolverlo. La estrategia norteamericana es asegurar que el control político, económico y social en México siga en manos de un gobierno manejable y afín a los intereses del capital internacional. Bastantes preocupaciones tienen con gobiernos izquierditas como el de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, Perú y ahora El salvador. En la lógica norteamericana, México no debe seguir este camino.
Para buena suerte de los norteamericanos ahora tenemos un gobierno asustadizo y entrampado en tesis obsoletas sobre el grave problema del tráfico de drogas y la violencia que siempre lo acompaña. Parece que no se dan cuenta que no sólo los jefes de la mafia se reciclan por otros más sanguinarios. También se recicla la corrupción entre policías, ministerios y jueces. Igualmente se recicla la incapacidad y la negligencia de políticos, diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y partidos políticos.
El problema de las drogas no se va a resolver destinando más dinero a militares y policías, tampoco haciendo más cárceles o con penas más severas. No se trata de pedir millones de dólares como lo hace Felipe Calderón. Se tiene que reconocer que la actual política antidroga es un gran fracaso. Así por ejemplo, políticos y expertos de la seguridad de ambos países nos presentan, de tiempo en tiempo, viejas y nuevas explicaciones, sobre la teoría de la oferta la demanda, el tráfico de armas, el contrabando de sustancias químicas y el lavado de dinero. Esto lo combinan con otros temas como la impunidad, la corrupción, leyes obsoletas, cárceles insuficientes y un sistema de rehabilitación que no funcionan. Sin olvidar el asunto de la falta de control sobre las fronteras, puertos y aeropuertos por donde pasan drogas, armas y dinero. Desde luego siempre hay alguno que exclama jubiloso "es todo eso junto y más!"
El problema de las drogas es ante todo un problema social. Tiene que ver con el abandono y la marginación de millones de niños y jóvenes. Tiene que ver con las difíciles condiciones de vida de millones de familias, con la pobreza, con la falta de justicia, con la falta de oportunidades para la mayoría de los mexicanos y sobre todo con la injusta distribución de la riqueza que el país produce. Estos son los problemas que los gobiernos deben resolver si quieren avanzar en el combate a la violencia y al tráfico de drogas.
Todavía recuerdo aquel joven dedicado al trasiego de drogas en Culiacán, que hace 20 años nos dijo a un grupo de activistas en derechos humanos que para muchos de su generación "era preferible vivir poco pero bien, y no mucho y en la miseria". Seguramente los miles de jóvenes muertos o en prisión de nuestros días, piensan igual que aquel otro que vivió y murió en Culiacán.
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo
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