El poder de los ciudadanos no va más allá del voto. La rendición de cuentas es cosa de los partidos y punto. En México, la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos es y seguirá siendo un mal chiste
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El poder de los ciudadanos es, simplemente, un concepto romántico. En la vida real, su influencia se traduce nada más en el resultado que arrojan las urnas para elegir a un determinado grupo de funcionarios. El resto de la historia —como es la garantía de llevar hasta las últimas consecuencias los presuntos actos de corrupción en la administración pública— es una facultad para quienes sobreponen la componenda política por encima del buen gobierno.
No es broma: el mexicano común y corriente puede presentar quejas ante los diferentes órganos institucionales encargados de combatir la corrupción, pero su inconformidad recae invariablemente en instancias que, orgánicamente, son dependientes del Poder Ejecutivo y, por tanto, fungen como juez y parte en aquellos asuntos espinosos contra el Estado.
Los investigadores son claros: la rendición de cuentas no se utiliza como medida preventiva para evitar actos de corrupción o para exigirles a los políticos que apliquen de manera correcta las políticas públicas, sino que se ejerce como "control político", ya que el sistema está creado para "protegerse unos a otros" pues las instituciones no son autónomas ni independientes.
Clara Jusidman, integrante del organismo ciudadano Incide Social, afirma que los ciudadanos no tienen ningún "poder real" para exigirle cuentas a sus gobernantes y, mucho menos, para iniciar un proceso administrativo en el cual puedan solicitar la revocación del mandato. A nivel federal, añade, no existe ninguna Ley de Participación Ciudadana que les permita contar con mayores elementos para demandar los malos actos del Presidente y de sus empleados. "La rendición de cuentas no se utiliza para combatir la corrupción."
La legislación establece que las quejas ciudadanas se pueden presentar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), subordinada al Poder Ejecutivo, y cuya misión es detectar los actos de corrupción. Por otro lado está la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados, que revisa la cuenta pública. Sin embargo, podrían contarse con los dedos de una mano los casos donde un simple mortal ha conseguido la caída de un funcionario tramposo, gracias a la ayuda de una de estas instancias.
¿Significa, entonces, que México está condenado a la impunidad? Rosa María Cruz Lesbros, contralora interna de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifiesta que un sistema ejemplar es el que aplica Alemania con un órgano anticorrupción más eficaz que depende del Congreso, pero que goza de autonomía presupuestaria.
Por su parte, John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que más de 30 países en el mundo tienen Tribunales de Cuentas o Consejos de Auditoría, que son órganos autónomos e independientes de los sistemas de gobierno y que, además, cuentan con varios consejos ciudadanos especializados que vigilan y facilitan la operación de las instituciones.
En conclusión, los analistas reconocen que sí existen los recursos para que el ciudadano pueda denunciar los actos indebidos de los funcionarios públicos de alto nivel, sin embargo, consideran que dichos procedimientos administrativos están viciados por las mismas autoridades que se protegen entre sí. De esta forma, la única salida, al margen de las leyes y los procedimientos, depende de la ética y cultura de transparencia de la clase gobernante.
Sólo así podrá crearse un círculo virtuoso. La honestidad de los funcionarios, estiman, es requisito ineludible para desarticular las sospechas alrededor de la tarea de gobierno que, paralelamente, requiere de nuevos métodos de participación ciudadana como los consejos populares y los presupuestos participativos. Eso es lo que exigen las sociedades democráticas.
QUÉ SIGUE EN EL CAMILOGATE
Dos senderos tomará el expediente en contra del secretario de Gobernación, quien es acusado de presunto tráfico de influencias hacia empresas de su familia relacionadas con la industria petrolera. El primero se conocerá a través de la Comisión Especial que PRI y PAN crearon para escudriñar los reportes de actividades de Juan Camilo Mouriño, cuando se desempeñaba como diputado federal y subsecretario de la Secretaría de Energía. El segundo, que todavía no se oficializa, será la eventual presentación de una denuncia del PRD ante la ASF, en contra de la mano derecha de Felipe Calderón.
En el primer caso, no se esperan muchas novedades, ya que las comisiones de investigación creadas por la Cámara de Diputados tienen un carácter administrativo, por lo que sus resultados serán entregados al Presidente de la República. Eso significa que, al final del proceso, Felipe Calderón sería quien tendría la última palabra para sancionar a su álter ego.
En el segundo caso, el PRD analiza la posibilidad de solicitarle a la ASF que realice una investigación contra Mouriño, la cual sería entregada a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, a cargo del perredista Antonio Ortega Martínez, quien podría presentar la denuncia administrativa y penal correspondiente ante las instancias federales.
SISTEMA EJEMPLAR
El modelo que ha registrado más aplausos por su combate contra la corrupción es el chino. Allí, desde 1974, existe el Independent Commission Against Corruption (ICAC) que cuenta con más de 1,300 empleados y un presupuesto anual superior a los 91,000 mdd. El ICAC tiene una agenda amplia de actividades que incluyen la investigación de delitos, pero también la prevención de la corrupción por medio de la reingeniería gubernamental y un programa integral de educación cívica. También dispone de varios consejos ciudadanos especializados que vigilan y facilitan la operación de la institución.
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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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