| Bucareli Jacobo Zabludovsky 03 de marzo de 2008 |
| La mujer del César no sólo debe ser honrada, debe parecerlo. Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, no sólo debe ser honrado, debe parecerlo, y mientras se demuestra o no su culpa, ha perdido la apariencia de funcionario inmaculado. Mouriño era coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional en la Secretaría de Energía cuando, el 29 de diciembre de 2003, firmó un contrato de transporte de derivados del petróleo con duración hasta el 31 de diciembre de 2004. El 20 de diciembre de 2002 era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cuando firmó su primer negocio con Pemex. Además de posible tráfico de influencias, hay un evidente conflicto de intereses. Andrés Manuel López Obrador exhibió los documentos que había ofrecido en la entrevista que le hice por radio, algunos de cuyos fragmentos presenté en Bucareli de hace tres semanas. A la publicación de los contratos millonarios y el consecuente escándalo, el secretario de Gobernación respondió a botepronto, cometiendo un error táctico tanto en la precipitación como en el contenido y el estilo de su respuesta. Apenas había concluido la reunión de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en San José del Cabo, Baja California, cuando, sin afeitarse, sin corbata y con cierto aire de enfado y descontrol, se presentó ante los periodistas para hacer un poco de historia familiar pintoresca pero inútil ante el hecho del que se le acusa. López Obrador había dicho: "Lo único que tiene que aclarar es si hubo o no conflicto de intereses, porque todos los contratos, de pura casualidad, se entregaron sin mediar una licitación" como lo ordena la ley. Mouriño se quejó de que es "mezquino" que lo acusen de beneficiarse de la política, "inmoral y doloso" culparlo de obtener beneficios gracias a sus puestos oficiales. "No perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores", dijo Mouriño al perder el tiempo debatiendo públicamente con sus detractores. "Es por ello que pondré a disposición de las autoridades competentes toda información que se me requiera. Yo soy el principal interesado en que se aclare esta acusación dolosa". Por entrar al servicio público dijo Mouriño el jueves: "El precio que pagué no fue menor. Le he arrebatado tiempo a mi familia, renuncié a las acciones de 80 empresas y dejé muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país". Tendrá que usar argumentos más sólidos. Mientras el secretario de Gobernación sirve en charola de plata la polémica llevándola a las primeras planas de los diarios y hasta a las mínimas y tímidas menciones de televisión y radio, los coordinadores del Frente Amplio Progresista en las dos cámaras preparan una denuncia penal por tráfico de influencias. Es inevitable la investigación a fondo por la presunción de un posible delito. A López Obrador le ha caído maná del cielo. Dijo en Nayarit el jueves pasado: "Estamos haciendo la denuncia de que Juan Camilo Mouriño con su jefe el pelele y con el director de la CFE están metidos en negocios. Que el secretario de Gobernación diga si firmó contratos que beneficiaron a su familia cuando fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subsecretario de Energía y asesor de Calderón. Hoy dice que no. Lo único que pedimos es que haga una declaración de cuándo firmó los contratos, que responda que no tiene nada que ver. Pero quién sabe quién le va a creer, yo ando buscando un tonto que se lo crea". El daño puede ser mayor pero el ya recibido mengua la fuerza y por tanto la capacidad operativa indispensable en un secretario de Gobernación. Quien dirige la política interior del país, a la fuerza derivada de su nombramiento, debe agregar el aval de su propia conducta. Juan Camilo Mouriño está lastimado, perdió facultades con la publicación de los contratos, y después al mostrar que el colmillo crece con la experiencia de la que él carece. Su autodefensa la tarde de la denuncia de sus negocios provoca entre muchos mexicanos cierta duda sobre su madurez profesional como político. Y si eso es cuando toma la tribuna para rechazar ataques que pueden poner fin a su vida pública, es lógico dudar sobre el desempeño de su función, crucial, en los grandes problemas a los que se enfrenta México. La ley de medios. Frente al desafío de los consorcios electrónicos que apuestan al tortuguismo para seguir en lo suyo y en lo de los demás, un grupo de senadores impulsa el proceso legislativo con el fin de llegar a conclusiones cuanto antes. Santiago Creel, quien encabeza al grupo del PAN en la Cámara Alta, destaca en esta labor convencido de que "el proceso de transición democrática que vive el país pasa necesariamente por el reordenamiento de las leyes en materia de telecomunicaciones, radio y televisión". Manlio Fabio Beltrones, del PRI, presidente de la junta de coordinación política de los senadores, admite "un interés especial, por no decir prisa, en llegar a conclusiones en esta legislación". Si la política es un juego de fuerzas, en éste participan las más influyentes y es necesaria la mano de un secretario de Gobernación recio y hábil para conducirlo. Mouriño se ha vuelto vulnerable. El Estado laico. La Iglesia ha iniciado una ofensiva a fondo para intervenir en la educación pública y privada, en el uso y concesión de los medios electrónicos, en las manifestaciones de culto externo. En lo que es de Dios, que ya lo tienen, y en lo que es del César que lo quieren tener. Demasiado peso para los hombros de un secretario debilitado. La riqueza petrolera. Ávidos negociantes se lanzan con todo para quedarse con todo. No parece Mouriño, miembro de una empresa que vende servicios a Pemex, el más indicado para defender lo que muchos consideramos patrimonio que los mexicanos no debemos enajenar. A esto agregue la militancia del hombre que encarna la oposición y que es feliz nadando contra la corriente como los salmones. Como los pejelagartos. Y la pelea apenas empieza. |
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Fernando V. Ochoa
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