La Iglesia Católica esconde una gran confidencia: el destino y monto de sus estados financieros. En México, la representación de Benedicto XVI, a diferencia de lo que sucede en El Vaticano, oculta su nivel de vida y aplica el mandamiento de la opacidad
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"Al César lo que es del César." Pero el estatus financiero de la iglesia más influyente en el país está, metafóricamente, en las tinieblas. El cumplimiento de sus obligaciones fiscales es una cuestión de fe.
En sus más de 2,500 parroquias priva un silencio sepulcral en torno a las limosnas y servicios litúrgicos que ofrecen. La dirigencia eclesiástica que defiende los postulados de El Vaticano conserva el misterio de un imperio que, además, goza de privilegios fiscales. Ésta es la historia de un reino cuya fortuna se tasa en miles de millones de pesos.
Por eso, ante la falta de transparencia, los demonios y especulaciones se desatan alrededor del dinero que todos los días entra a las arcas de la Iglesia Católica en México y que, por ejemplo, presumen que la Basílica de Guadalupe recauda más de 25 mdd al año, cuya cifra es manejada casi en su totalidad por quien permanentemente está en el ojo del huracán: Norberto Rivera Carrera.
Este fenómeno, que es obra y gracia de 158 jerarcas, hace de México una tierra milagrosa porque es de los pocos países en el mundo donde esta religión no rinde cuentas y, por tanto, choca con el modelo de la Santa Sede que sí reporta sus estados financieros y con otros países (Argentina y Alemania) donde el Estado o los contribuyentes determinan el monto que reciben sus templos.
Así, los feligreses mexicanos son inigualables en el asunto de dar sin saber a dónde paran sus aportaciones. "No hay finanzas disponibles. Cada congregación tiene su estructura y se maneja como quiere", dice Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. "La opacidad es responsabilidad de dos: del gobierno que no rompe con estos privilegios y de la Iglesia que le gusta mantenerlos", advierte Rodolfo Soriano, experto en asuntos religiosos.
Según el cristal de los analistas, la jerarquía católica en México —junto con otras opciones religiosas— no es un ente aislado de la sociedad. Se trata, incluso, de un espejo de ésta, ya que no escapa a las tentaciones por preservar su mercado que se diversifica a través de limosnas de todo tipo (incluyendo "narcolimosnas", según ha documentado la PGR), ceremonias, productos milagrosos (medallas), arte sacro, fideicomisos, acuerdos políticos, empresariales y peregrinaciones.
ECONOMÍA A LA ANTIGÜITA
Burocrática. Ésta es la característica que merece la estructura "empresarial" católica en México y que, en números duros, cuenta con más de 7,000 sacerdotes, cifra que contrasta con el personal de la Santa Sede que no pasa de los 2,000 empleados.
Bajo esta raíz, la cúpula del catolicismo —que cuenta con 139 obispos, entre prelados, auxiliares, eméritos y otros— maneja a discreción la economía de esta opción religiosa, que se asemeja a una tienda de abarrotes donde se registra (más no se reporta) cada peso que entra y sale.
Por eso, ante la opacidad, surgen las leyendas, versiones populares en la materia que, por muy inimaginables que sean, tienen sus adeptos, como aquella que asegura que debajo de la Basílica de Guadalupe hay una máquina que automáticamente contabiliza las carretas de dinero que llegan por los diezmos y las peregrinaciones, o la presunción que habla de la buena vida que tienen algunos ministros de culto.
NÚMEROS CELESTIALES
Los reportes aislados que existen dicen que hay más de 25,000 edificios religiosos (parroquias, oficinas, fundaciones) que son administrados por más de 75,000 personas; además, consignan que los sacerdotes que no están en la cúpula perciben entre 7,000 y 8,000 pesos, y que muchos de ellos carecen de seguridad social; también informan que las Arquidiócesis están obligadas a aportar 10% de sus ingresos a la Santa Sede, y que las plazas más rentables son dos: la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos.
Un sacerdote, que pide no ser identificado, comenta que los principales ingresos de una parroquia provienen de las limosnas y de las celebraciones (bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, bodas). Pero, al mismo tiempo, existen otros donativos —que en algunos casos son obligatorios— para la manutención del párroco, sacerdotes y demás personal que apoya su actividad. Cada parroquia, por otro lado, aporta mensualmente para los gastos de la curia 10% de sus ingresos a la Diócesis a la que pertenece.
De acuerdo con información de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Arquidiócesis de México —encabezada por el cardenal Norberto Rivera— realiza al año 144,665 bautizos y 21,695 matrimonios. Eso significa que, en promedio, recauda sólo por concepto de bautizos 50.6 millones de pesos (a un costo de 350 pesos cada uno) y por matrimonios 76.8 millones (a un costo promedio unitario de 3,500 pesos). Por su parte, la Arquidiócesis de Guadalajara —al mando de Juan Sandoval Íñiguez— recibiría 34 millones de pesos (de 97,164 bautizos) y 68.6 millones (por 19,607 matrimonios). Finalmente, la Arquidiócesis de Monterrey —operada por el arzobispo Francisco Robles— obtendría en 365 días más de 34.9 millones de pesos (99,731 bautizos) y 45.2 millones (12,924 matrimonios).
Por otro lado, hay distinciones en esta comunidad pues algunas Diócesis no pagan ni siquiera el seguro facultativo de los sacerdotes, lo que provoca que muchos de los ministros tengan una doble vida como profesores o psicoterapeutas. "Eso ha producido que haya poca solidaridad entre ellos mismos", complementa el analista Rodolfo Soriano.
Aquí, el capitalismo de cuates no existe (crony capitalism, Joseph Stiglitz). Por ejemplo, si una parroquia envía a estudiar a una de sus monjas a otro sitio que no corresponde a su Diócesis, ésta tiene que pagar todos los gastos de la monja, por muy mínimos que sean. La Diócesis a la que llega no paga un centavo.
"Hay más vías de financiamiento para la iglesia", dice Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, quien enumera: "La Virgen de Guadalupe es una gran vendedora, junto con el arte sacro, las figurillas, estampillas y fotografías de santos." La devoción por la Virgen de Guadalupe ha generado también un terreno fértil para falsos empresarios que comercializan su imagen y que han incurrido en prácticas fraudulentas.
Sin embargo, existe otro lado de la historia en el que algunas Diócesis (como la de Monterrey) son medianamente ejemplares pues, al margen de no ofrecer el reporte de sus entradas, sí cuentan con políticas internas claras. Así, de los recursos que se perciben de la llamada "masa parroquial" (limosnas y ceremonias), los sacerdotes reciben al menos tres salarios mínimos al día (poco más de 150 pesos), con los que pagan el salario de las personas que trabajan con ellos, como el sacristán y la secretaria, así como el pago de servicios básicos como luz, agua y gas.
En el rubro de seguridad social, algunas Diócesis canalizan las aportaciones de los sacerdotes a un fideicomiso que se llama Fratesa, que se encarga de garantizarles su pensión después de los 70 años. Este mismo ente se encarga de los servicios funerarios y seguros médicos y de vehículos, para el cual los curas realizan una aportación anual.
En el caso de atención médica, reciben servicio por medio de un seguro prestado por Grupo Ángeles, cuya cuota anual promedio es de 8,800 pesos, pagados con recursos tomados de la "masa parroquial". Gracias a éste, algunos sacerdotes cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, así como un servicio oftalmológico en una institución especializada y otro en casas de asistencia para quienes han sido operados y necesitan recuperación.
Finalmente, su régimen fiscal es, a todas luces, el reino de la simulación. El concepto que definió su estatus jurídico de 1917 a la reforma constitucional de 1992 se mantiene hasta la fecha en cuanto a los temas fiscales. Al estar constituida como asociación religiosa, la Iglesia Católica no paga impuestos en el país, pese a supuestos intentos por encuadrar sus actividades en los preceptos de carácter recaudatorio. Las instituciones religiosas, en general, han sobrevivido a las sucesivas reformas legales, reglamentos y misceláneas fiscales, gracias a inconsistencias jurídicas.
Legalmente, las distintas iglesias están catalogadas como personas morales, y de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, una de sus obligaciones es abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos.
Para la Ley del Impuesto sobre la Renta, las iglesias son personas morales con fines no lucrativos, organizadas con propósitos religiosos. También formalmente tienen la obligación de pagar el Impuesto sobre la Renta, pues así quedó establecido mediante un artículo transitorio a la Ley de ese impuesto en la reforma de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas. Pero con la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2002, y la derogación de la anterior ley, la disposición transitoria queda sin efectos y no la incluyen en el texto del nuevo ordenamiento; sin embargo, la SHCP estableció en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 que las asociaciones religiosas podrían cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR en los términos del Título III de la Ley de la materia. Pero, por su naturaleza, una resolución miscelánea no crea obligaciones a los contribuyentes, con lo cual la incertidumbre del régimen fiscal de las asociaciones religiosas continuaba, dice el especialista fiscal César Reyes Juárez, quien agrega que actualmente esta regla ya no existe en la Resolución Miscelánea.
Después, en octubre de 2003, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Impuesto sobre la Renta, la regla de miscelánea emitida un año antes fue transcrita de manera literal en el artículo 107. En apariencia, ello ponía fin a la incertidumbre, excepto porque, para ser aplicados, los impuestos tienen que estar plasmados en una ley, no en un reglamento; además de que deben estar expresamente señalados los elementos de las contribuciones como son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa; al sujetar a las asociaciones religiosas a un reglamento, se rompe con el Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política, el cual establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley.
La función de los reglamentos, indica Reyes Juárez, es dar lineamientos para la correcta aplicación de una Ley, más no el de imponer algún tributo, modificar o ampliar las disposiciones legislativas. En conclusión, señala el especialista, pese a haber pasado 15 años de aquella reforma a la Constitución donde se pretendió estrechar las relaciones Estado-Iglesia, las autoridades fiscales aún no están seguras del régimen que deben aplicar a estas asociaciones religiosas.
Así las cosas, la jerarquía católica no predica con el ejemplo, sobre todo, en la transparencia de sus recursos. Los gastos operativos son el secreto mejor guardado de sacerdotes y obispos. Éste es, pues, el reino y paraíso de los cielos.
TOMADO DEL SEMANARIO SIN LIMITES
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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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