Carlos Marin
Más allá de buenas o aviesas intenciones, en los días recientes ha quedado expuesto al escrutinio legal y político el as de Felipe Calderón que intentará sacar adelante la reforma petrolera, Juan Camilo Mouriño.
Dos hechos irrebatibles lo dejan bajo sospecha:
a) Que siendo legislador suscribiera como "apoderado legal" una operación de negocios ¡con Pemex!
b) Que tan sólo en enero de 2008, una constructora de su suegro, Eduardo Escalante, obtuviera contratos de obra pública federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, superiores en monto a todo lo que obtuvo a lo largo de 2007: 299 millones 332 mil pesos, frente a 163 millones 334 mil pesos del año pasado (MILENIO).
Del contrato con Pemex por más de 100 millones de pesos para transportar combustible (documentado por Andrés Manuel López Obrador), Mouriño cometió el error de salir a defenderse… "con un autoelogio de su carrera política", como escribió en su Historia en breve del viernes Ciro Gómez Leyva: "…exaltó el tesón de su padre, detalló que las empresas familiares llevan dos décadas de darle servicio a Pemex y que a él la administración pública más bien le representa dolores de cabeza. Pero no respondió la pregunta esencial: ¿siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, luego, asesor de la Secretaría de Energía, firmó como apoderado de los negocios de la familia Mouriño contratos de transporte de gasolina, aceites, lubricantes?".
En este punto, hay al menos dos instancias (una sirve al gobierno calderonista y otra a los partidos representados en el Congreso) que deben resolver la parte legal: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Sobre los negocios de la parentela política del secretario Mouriño, nadie le podrá montar una causa por algo como "portación de suegro prohibido", pero se impone que la SCT haga públicas y detalle por qué ganó esas licitaciones, y demuestre que los otros concursantes (como se sabe de las empresas Gordillo y Marathon) cobraban más y cuánto por hacer lo mismo.
Además, el señor Escalante deberá darse por satisfecho con los contratos que ya ganó, o cruzar los dedos para perder en otras licitaciones, si estuviese concursando.
Más que un asunto jurídico, se está frente a un problema ético y político, pues los servidores públicos no tienen derecho a buscar beneficios personales ni patrimoniales.
Tanto en el primer caso, si Mouriño nada más firmó acuerdos de negocios en los que no participó, como en el segundo, si no intervino para que su suegro se beneficiara con contratos de gobierno, lo que alegue el secretario es lo de menos.
Lo de más es tan simple como se cuenta que decían de una reina: "La señora no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo".
--
Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
mas informacion, libros, noticias y otros asuntos en las siguientes direcciones
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/
http://pregonero.spaces.live.com/
Dos hechos irrebatibles lo dejan bajo sospecha:
a) Que siendo legislador suscribiera como "apoderado legal" una operación de negocios ¡con Pemex!
b) Que tan sólo en enero de 2008, una constructora de su suegro, Eduardo Escalante, obtuviera contratos de obra pública federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, superiores en monto a todo lo que obtuvo a lo largo de 2007: 299 millones 332 mil pesos, frente a 163 millones 334 mil pesos del año pasado (MILENIO).
Del contrato con Pemex por más de 100 millones de pesos para transportar combustible (documentado por Andrés Manuel López Obrador), Mouriño cometió el error de salir a defenderse… "con un autoelogio de su carrera política", como escribió en su Historia en breve del viernes Ciro Gómez Leyva: "…exaltó el tesón de su padre, detalló que las empresas familiares llevan dos décadas de darle servicio a Pemex y que a él la administración pública más bien le representa dolores de cabeza. Pero no respondió la pregunta esencial: ¿siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, luego, asesor de la Secretaría de Energía, firmó como apoderado de los negocios de la familia Mouriño contratos de transporte de gasolina, aceites, lubricantes?".
En este punto, hay al menos dos instancias (una sirve al gobierno calderonista y otra a los partidos representados en el Congreso) que deben resolver la parte legal: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Sobre los negocios de la parentela política del secretario Mouriño, nadie le podrá montar una causa por algo como "portación de suegro prohibido", pero se impone que la SCT haga públicas y detalle por qué ganó esas licitaciones, y demuestre que los otros concursantes (como se sabe de las empresas Gordillo y Marathon) cobraban más y cuánto por hacer lo mismo.
Además, el señor Escalante deberá darse por satisfecho con los contratos que ya ganó, o cruzar los dedos para perder en otras licitaciones, si estuviese concursando.
Más que un asunto jurídico, se está frente a un problema ético y político, pues los servidores públicos no tienen derecho a buscar beneficios personales ni patrimoniales.
Tanto en el primer caso, si Mouriño nada más firmó acuerdos de negocios en los que no participó, como en el segundo, si no intervino para que su suegro se beneficiara con contratos de gobierno, lo que alegue el secretario es lo de menos.
Lo de más es tan simple como se cuenta que decían de una reina: "La señora no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo".
--
Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
mas informacion, libros, noticias y otros asuntos en las siguientes direcciones
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/
http://pregonero.spaces.live.com/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario