Isabel Dorado Auz
El gobernador, a través del denominado Fideicomiso Impulsor, a cargo de su hermano Ricardo Bours, inició de manera ilegal los trámites de desincorporación de los terrenos, para llevar a cabo la destrucción del Parque de Villa de Seris. Nunca quedó claro cómo se llevó a cabo el cambio de uso de suelo y de qué forma un terreno ejidal pasó a ser parte de una propiedad privada.
La Autoridad municipal sometió al Cabildo la desincorporación, además, de la plaza Carranza y de la calle de la Juventud en dos ocasiones hasta alcanzar la mayoría calificada. Con ello, se configuraba el escenario del verdadero negocio detrás de esta destrucción ecológica, el proyecto Galerías.
En opinión de cuatro expertos, el Manifiesto de Impacto Ambiental, documento clave para autorizar obras que dañan el entorno ecológico, fue elaborado por personas que carecen de los más elementales conocimientos en la materia, o bien, se vieron en la necesidad de elaborar un documento a modo para justificar "legalmente" la destrucción del Parque Villa de Seris, ignorando la existencia de una especie protegida, la Amapa. Argumentaron además, que de haberse actuado legalmente se debieron fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios encargados de elaborar dicho documento.
El 27 de Diciembre de 2007 empezó la destrucción de lo que hoy conocemos como Parque Villa de Seris. En esa fecha, se intentó trasplantar el primer árbol, un mezquite de dos metros de altura aproximadamente. Un grupo de ciudadanos se opuso y se logró una pequeña victoria. Sin embargo, el 14 de Marzo de 2008, después de reprimir violentamente a un grupo de ciudadanos dio inicio la destrucción total de esa área verde, la cual junto al parque Madero, constituían los 2 únicos "pulmones" de oxigeno de la ciudad. Se aseguró que el trasplante se haría con tecnología de punta y bajo la supervisión de expertos, pero la realidad es que se hizo de manera irresponsable y por la forma en que se separaron de su hábitat, sin el adecuado manejo técnico y por las pésimas condiciones del nuevo terreno, muy pocos árboles lograron sobrevivir.
Como saldo de la protesta ciudadana seis activistas fueron encarcelados y obligados a pagar fianza, contando hoy con auto de formal prisión. Los delitos: agresión a la autoridad y oposición a la construcción de una obra pública. El Juez de la causa penal validó los delitos fabricados a pesar de que se carece de una sola evidencia objetiva que demuestre cualquiera de los dos delitos. Como parte del proceso penal, los servidores públicos se han negado permanentemente a acudir a esa instancia para rendir declaración, en un afán dilatorio, para seguir reprimiendo, por esa vía, a los activistas en proceso. Javier Hernández Armenta, funcionario clave en el proceso se ha negado en dos ocasiones a comparecer a pesar de que la ley establece que se le puede apercibir con la fuerza pública, incluso, un arresto por 36 horas en caso de mostrar oposición.
La destrucción del Parque es una señal más de que primero están los intereses del grupo en el poder y después las demandas ciudadanas. Se crea, además, un negro precedente al criminalizar una causa social muy justa y someter a vejaciones y maltratos a ciudadanos que tuvieron la osadía de defender un área verde en pro de mantener para las futuras generaciones un pulmón de la ciudad.
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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