Isabel Dorado Auz
No cabe dudad, vamos en franco retroceso en nuestra incipiente democracia. Parece ser que llegamos a la cúspide en el año 2000, cuando se supone se dio una alternancia de terciopelo de un partido político a otro. Sin embargo, ante la insatisfacción social, ese pequeño cambio no sanó las heridas que ha venido acumulando el pueblo mexicano.
Hoy recordamos con tristeza los chispazos de lucidez que tuvieron algunas instituciones, principalmente el Consejo General del IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, producto de ese gran empuje ciudadano que obligó a los poderes fácticos a cambiar de estrategia y darle mayor certidumbre a la inconformidad social.
A raíz del fraude de 2006, con el antecedente reciente del fraude de 1988, el pueblo mexicano se debate en la desesperanza y cada vez hay mayor certidumbre de que el futuro que nos espera aún es peor. No se pueden esperar decisiones apropiadas de parte de quien llegó a ocupar un lugar que no le correspondía y que solo responde a los intereses de un reducido grupo de voraces empresarios.
Habría que decirles a esos poderes fácticos que la incertidumbre que están generando al coptar a todas las instituciones, al más claro estilo del pasado priista y que tanto daño ocasionó, tendrá graves consecuencias. Habría que decirles pues, que no es controlando el órgano electoral, la secretaría del trabajo y últimamente de manera muy descarada la Suprema Corte de Justicia como se logrará detener todo ese impulso social que brota a cada instante y que, en realidad, cuando estalle será mucho más peligroso para el futuro de nuestro país que la supuesta guerra declarada al narcotráfico.
Por eso era importante fortalecer a las instituciones para darle viabilidad a un verdadero gobierno de transición. En este sentido, la democratización del país debió ser la punta de lanza del actual periodo de gobierno, para que los mexicanos evaluaran, a conciencia, a sus futuros representantes. Se necesitaría, claro, medios de comunicación más imparciales, que se nos otorgara el derecho a protestar y no ser tratados como delincuentes. No es posible, por ejemplo, que tengamos un gran número de luchadores sociales en procesos penales y, más grave aún, purgando condenas que no merecen por atreverse a defender derechos ciudadanos. No es posible que dos jóvenes estudiantes sean secuestrados por el Estado Mayor Presidencial por atreverse, uno, a decirle en su cara, presidente espurio, a quien se robó la elección de 2006 y exigir democracia, el otro.
Estos signos de intolerancia son muy similares a los que se fueron engendrando en aquella década del despertar juvenil, los sesentas y su gran represión en 1968. Hoy como entonces, se está criminalizando la protesta social, llegando al extremo de dictarle una condena mayor a los 100 años a un líder social, Ignacio del Valle, quien se atrevió a defender los terrenos de Atenco donde se pretendía construir un Aeropuerto. A la menor inconformidad, la derecha prianista reacciona con el uso de la fuerza pública, lo cual es un signo de la carencia de formación política y, por eso, las decisiones las toman con el estómago antes que con la cabeza.
Demasiados errores traen como consecuencias demasiados agravios. Y si se piensa que a río revuelto ganancia de pescadores, recuerden nada más que las aguas del río democrático están cada vez más contaminadas y la pesca puede resultar muy perjudicial para nuestra salud. Misma salud que en Hermosillo está siendo afectada por los residuos tóxicos del Cytrar; la contaminación más creciente del Centro de la Ciudad por la carencia de áreas verdes, y por la destrucción de las pocas que quedan.
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ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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