Víctor M. Quintana | 23 de abril de 2008
PRIMER ACTO: Ficción y realidad
La ficción: En la película No Country for Old Men (Hnos. Cohen, 2007), el mal, representado por el matón a sueldo del narcotráfico, interpretado magistralmente por Javier Bardem, avanza implacable por los polvosos pueblos texanos del desierto chihuahuense, hiriendo, matando, destruyendo, consiguiendo sus propósitos. El bien, personificado en el viejo y cansado Sheriff, interpretado también magistralmente por Tommy Lee Jones, se muestra impotente ante la marcha triunfante del mal, la cual observa resignado desde la mecedora de su retiro.
La realidad: Semana Santa de 2008, Paloma de Villa, poblado de poco más de 2,000 habitantes, enclavado en el desierto chihuahuense, fronterizo con Columbus, Nuevo México: el comandante y los seis elementos de la Policía Municipal, la totalidad de ese cuerpo, renuncian a sus puestos ante la oleada de ejecuciones y secuestros del narcotráfico y se exilian del otro lado de la frontera.
En tan sólo 81 días, del 1° de enero al 21 de marzo, la delincuencia organizada bate todos los records de ejecuciones en el estado de Chihuahua: 175 personas asesinadas, más 40 cadáveres encontrados en una fosa en Ciudad Juárez, elevan la macabra cifra de homicidios a 215 durante el año. Tan sólo en marzo, en esta ciudad fronteriza se ejecuta a 107 personas.
La ley, impotente ante el avance del mal.
SEGUNDO ACTO: El Operativo Chihuahua
Poco menos de una semana después, el 27 de marzo, el Secretario de Gobernación, el de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República y el Gobernador del Estado anuncian, ante la aterrorizada población de Ciudad Juárez, el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua "para localizar, combatir, y desmantelar las redes del narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero". Se da a conocer que en horas llegarán a la ciudad fronteriza más de 2 , 000 efectivos del Ejército Mexicano y más de 400 policías federales que colaborarán con las policías estatales y municipales en esta acción conjunta contra el crimen organizado.
Ciudad Juárez se pone prácticamente en estado de sitio: convoyes conjuntos de militares y policías, con vehículos artillados y tanquetas ligeras recorren y se apostan en diversas partes de la ciudad: se anuncian capturas de armas, drogas y de narcotraficantes. Sin embargo, ninguno de los capos importantes es aprehendido. La población, agobiada por el horror cotidiano, por la explosión de la delincuencia común, robos, asaltos, secuestros, violaciones, recibe agradecida a los militares.
Sin embargo, pronto la presencia militar cobra sus primeras víctimas en lo que a derechos humanos se refiere: no ha pasado una semana del inicio del operativo cuando el Ejército detiene sin mediar orden de aprehensión alguna, a 18 elementos de las policías estatales: la ministerial y la CIPOL, entre ellas a cuatro mujeres policías, sobre todo a la que comanda el operativo. Los detenidos y las detenidas son conducidos al campo militar donde permanecen casi dos días en calidad de "resguardados", categoría jurídica inexistente. A tres de las cuatro mujeres se les desnuda delante de varones, se les vendan los ojos y se les amenaza.
El Ejército señala que a los elementos policíacos estatales se les encontró droga. Las familias de los detenidos señalan que fue "sembrada" por los militares. La Red Nacional Todos los Derechos para Todos condena los hechos a denuncia de la Organización No Gubernamental norteamericana "Proderecho", que tan sólo hace algunos meses había entrenado a las cuatro mujeres policías en el nuevo sistema de justicia penal. Asimismo hay una contundente denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La presión social y la falta de elementos hacen que para el jueves 4 de abril, el Ejército deje en libertad a los 18 policías estatales.
A pesar de que ha habido peticiones (sobre todo del PAN) para que el operativo se extienda a todo el estado, ha habido muchas voces que se oponen abiertamente a la militarización. Y la razón principal es que la presencia del Ejército ha acarreado múltiples violaciones a los derechos humanos: a tres semanas de haberse iniciado el operativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta ya 37 quejas de abusos de los militares.
TERCER ACTO: La cacería de dirigentes sociales
Uno de los "efectos colaterales" del Operativo Chihuahua ha sido, sin duda alguna, la persecución de dirigentes de organizaciones sociales. Poco antes de iniciarse, el 14 de marzo es asesinado en Nuevo Casas Grandes el líder de la organización rural Aerodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, cuando un comando intercepta su vehículo y le dispara varias ráfagas de ametralladora. Villlarreal era un dirigente nacional de la lucha de los productores agropecuarios por tarifas justas para la energía eléctrica para riego agrícola y había venido denunciando la entrega de la infraestructura nacional productora de fertilizantes a manos privadas.
Dos semanas después, al inicio del operativo, son aprehendidos, también por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuatro ejidatarios de Villa Aldama, miembros de Agrodinámica Nacional, acusados por el delito de "robo de energía eléctrica", liberados bajo caución un día después, luego que su organización tomó con gente y maquinaria las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado.
Una semana después, el jueves 3 de abril, toca el turno a Cipriana Jurado Herrera, activista social, asesora de familias víctimas de los feminicidios. Al regresar de acompañar a una madre a reconocer los restos de su hija en el Servicio Médico Forense, es detenida con lujo de violencia y sin orden de aprehensión, por elementos de la AFI en la frontera. La acusación en su contra: "ataque a las vías generales de comunicación". El motivo: una manifestación en el Puente Internacional el 12 de octubre ... pero de 2005.
Al día siguiente, en Nuevo Casas Grandes, es aprehendido de la misma forma y trasladado a Ciudad Juárez, el dirigente campesino Carlos Chávez Quevedo, co-fundador con Armando Villlarreal Martha de Agrodinámica Nacional. La acusación es la misma por el mismo hecho. Sólo gracias a la intensa denuncia y protesta de las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres, Cipriana es puesta en libertad bajo caución el viernes 4 a las cuatro de la tarde y Chávez a las 11 de la noche del mismo día. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez, existen órdenes de aprehensión por ejecutarse contra otros 40 dirigentes sociales de Chihuahua que han participado en tomas de puentes o bloqueos de carreteras.
La intención del Gobierno Federal detrás de esta oleada de criminalización de los movimientos y luchas sociales que han emprendido las y los chihuahuenses no puede leerse más que de dos maneras: primero, se trata de amedrentar a las y los dirigentes de tres movimientos que han sido vanguardia a nivel nacional: el movimiento de los productores del campo porque se les proporcione energía eléctrica a precios competitivos y se renegocie el TLCAN en materia agropecuaria; el movimiento de mujeres en contra de los feminicidios y el movimiento de los deudores contra los bancos y las hipotecarias.
La segunda intención del calderonismo detrás de esta ofensiva de criminalización de la protesta social es lanzar una advertencia a las brigadas que se aprestan a realizar acciones de resistencia civil ante cualquier iniciativa de ley que contemple la privatización parcial o total, inmediata o progresiva de Petróleos Mexicanos. El régimen no tolerará manifestaciones, así sean pacíficas, así las encabecen las mujeres.
Colofon:
El Operativo Chihuahua, emprendido por el Gobierno Federal, con la colaboración o el sometimiento del Gobierno del Estado de Chihuahua, no constituye una acción eficaz ni contundente para el combate del crimen organizado ni para la instauración del imperio de la ley en esta parte del norte mexicano. Pocos analistas serios creen que el Ejército está realizando un combate radical contra todos los cárteles de la droga y el crimen organizado. Por el contrario, hay quienes piensan que las fuerzas federales vienen a reposicionar el dominio de un cártel en Juárez: ya se trate de desplazar al Cartel Carrillo Fuentes e implantar al Cártel del Chapo Guzmán, ya se trate de reposicionar al gran capo Carrillo Fuentes ante una "rebelión" de su gerente local.
Lo cierto es que el recurso al Ejército por parte de los gobiernos Federal y Estatal es el único que estos tienen después de cuando menos tres lustros de haber tolerado y protegido la implantación, crecimiento y diversificación criminal de la delincuencia organizada en la frontera y en todo el Estado, luego de haber permitido la infiltración de ésta y el control de destacamentos enteros de la policía de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
La criminalización de la protesta social, la cacería de dirigentes sociales a la par que la imposibilidad de combatir con una policía profesional, honesta y eficaz a los cárteles de la droga y tener que recurrir al Ejército, revelan en Chihuahua la gran debilidad del Estado Mexicano, que alguien epitomiza así: "Demasiado fuerte con los débiles; demasiado débil con los fuertes".
Víctor M. Quintana es Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, investigador-docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaborador con el Programa de las Américas www.ircamericas.org.
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Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
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