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Diez años después, el primero de mayo de 1980, lo hizo su reforma más importante, la que cambió las reglas procesales. Ambas mejoraron los derechos de los trabajadores y, aunque quedaron muy lejos de alcanzar la justicia social, hubo motivos razonables para celebrarlas. En los últimos veintiocho años no ha habido una sola reforma legislativa que haya merecido festejo alguno por parte de la clase trabajadora mexicana.
A unos días de otro primero de mayo, se ha filtrado la propuesta de reforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a pesar de sus esfuerzos por mantenerla en secreto o al menos en una apretada reserva a la que sólo deberían acceder sus interlocutores favoritos. Es un documento de 194 páginas, con tres columnas: la primera corresponde al texto vigente, la segunda a una "Iniciativa" cuyo origen no identifica, y la tercera a la iniciativa o propuesta de la STPS.
Al parecer, la iniciativa no identificada no es otra que la que se dio a conocer como la propuesta "de los sectores", consensuada entre los patrones, a través de la Coparmex, la Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial, y un supuesto sector de los trabajadores, que prácticamente se redujo al Congreso del Trabajo y a la CTM, que están muy lejos de representar al conjunto de los trabajadores mexicanos.
En contra de las corrientes de transparencia que poco a poco se van abriendo paso, quizás como un ejercicio de una prudencia mal entendida, la STPS quiso conservar bajo reserva este proyecto, hasta que sus destinatarios inmediatos, precisamente las organizaciones obreras y patronales ya referidas, le dieran el visto bueno, para luego volverse una iniciativa formal, llegar a alguna de las cámaras y eventualmente convertirse en ley.
Después de 20 años de intentos, no le auguramos mucha suerte, dadas las condiciones actuales de la política, incluyendo el problema de la Reforma Energética, el desgaste de algunos miembros del gabinete y los vaivenes económicos, con un crecimiento mínimo, un desempleo alto y la represión a los salarios. No obstante, valga expresar nuestras primeras impresiones.
Entre los aspectos positivos hay que incluir la incorporación del concepto de "trabajo decente" de la Organización Internacional del Trabajo, el periodo de prueba (que habría que vigilar con gran cuidado), la publicidad de la información sobre los sindicatos y los contratos colectivos, la regulación de los medios electrónicos como elementos de prueba en los juicios laborales, el voto secreto en los recuentos y la regulación especial de los juicios promovidos por los trabajadores en contra del IMSS, del INFONAVIT y de las Afores.
Advertimos además la relevancia que se da a temas administrativos importantes sobre los que poco se discute, como la capacitación y el adiestramiento, la seguridad y la higiene, la inspección de trabajo y el Servicio Nacional de Empleo.
Hay también aspectos negativos, sobre todo en el ámbito de los derechos colectivos, como el endurecimiento de los deberes de información de los sindicatos sobre las altas y bajas de sus miembros, al exigir que se hagan cada tres meses en vez de cada seis, lo que de por sí resulta engorroso y no guarda ningún paralelismo respecto de las diversas formas de asociación del capital. Es, a fin de cuentas, un problema de intromisión y control sobre los sindicatos.
Resultan particularmente preocupantes los obstáculos a las demandas de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, que acaban protegiendo a los sindicatos blancos y sus contratos de protección, en contra de los escasos sindicatos verdaderamente representativos, que tendrían que presentar una relación firmada por sus afiliados, lo que los hace vulnerables. Se impide además que se tramite más de una demanda de titularidad a la vez, lo que permitirá a los empleadores y sindicatos blancos promover juicios ficticios, para evitar los verdaderos. Si bien es cierto que estas demandas se han prestado a cualquier cantidad de chantajes, la solución dista mucho de ser la adecuada.
Es preocupante también la deficiente regulación de las prestadoras de servicios, ya que se busca evitar problemas de insolvencia patronal y el abaratamiento injustificado de las condiciones de trabajo, se corre el riesgo de dar cauces legales a actos de simulación jurídica para evadir obligaciones como la participación en las utilidades y obstaculizar la asociación profesional. También en este aspecto hay mejores propuestas.
Pero más allá de los cambios sugeridos, preocupa lo que se quiere conservar. Ahí quedan las reglas absurdas sobre la terminación de las relaciones individuales de trabajo, que lejos de evitar conflictos, los propician y encarecen; siguen ahí las limitaciones a la libertad sindical, a través de la clasificación y el registro de los sindicatos, entre otros obstáculos; sigue abierta la posibilidad de celebrar contratos colectivos de protección a espaldas de los trabajadores; continúan las instituciones corporativas que privilegian los intereses de ciertas organizaciones sindicales, como las juntas de conciliación y arbitraje y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Parece ser que el gobierno no se atreve a cambiar el esquema corporativo y a enfrentar los requerimientos de la productividad con la participación de sindicatos verdaderamente representativos. Los medrosos empresarios prefieren seguir pagando a sus líderes de pacotilla, para que los sigan protegiendo y exigen al gobierno que a este respecto, deje las cosas como están. Después de todo, los líderes priístas siempre han prestado buenos servicios a los empresarios panistas.
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